El régimen que los ’90 le depararon al sistema educativo nacional tiene las horas contadas. Y la misma suerte parece destinada para el marco legal de la educación superior, de acuerdo con los lineamientos políticos publicitados por el Ministerio de Educación. En ese contexto, para reemplazar “el edificio economicista del modelo neoliberal” que hoy rige al centenar de universidades y los 1800 institutos terciarios del país, el senador socialista Rubén Giustiniani propuso una nueva Ley de Educación Superior. Ya presentado ante la Cámara alta, el proyecto se desarrolla en torno de los principios de gratuidad de la enseñanza, ingreso libre y directo, autonomía institucional, igualdad de oportunidades, formación de calidad e integral, entre otros, y considera central el rol de las instituciones públicas por sobre las privadas.

El proyecto se suma así al debate abierto sobre una reforma en todos los niveles educativos. El Gobierno anunció ya su intención de consensuar para fin de año un proyecto de ley a presentar en el Congreso y, en ese sentido, inició una ronda de consultas con diversos sectores. Además, el ministro de Educación, Daniel Filmus, publicitó que aspira a ver modificado el marco legal del sistema universitario. En la actualidad, éste se apoya en la controvertida ley 24.521 que, sancionada en 1995, en medio de numerosas protestas estudiantiles, restringió la autonomía universitaria y le abrió la puerta al arancelamiento de los estudios.

El senador Giustiniani consideró que es necesario un marco legal que “garantice la real igualdad de oportunidades en el acceso y la permanencia en la educación superior, el desarrollo en ciencia, tecnología e innovación y los más altos niveles de formación profesional, mediante el adecuado financiamiento provisto por el Estado”. Su proyecto de ley consta de 65 artículos y algunas de las propuestas centrales son:

- Acceso. El propósito declarado es que universidades y terciarios trabajen “conjunta y cooperativamente” con los niveles básico y medio “para evitar que las limitaciones al acceso se encuentren antes del ingreso a la universidad, y garantizar la gratuidad. A los estudiantes con menos recursos deben asignárseles becas. Debe tenerse en cuenta no sólo la posibilidad de ingresar a la universidad, sino la de permanecer y graduarse”, sostuvo el legislador.

- Autonomía. Frente al avance reglamentarista de la vigente Ley de Educación Superior, esta propuesta sostiene que la autonomía “debe ser entendida como la plena capacidad de las universidades para determinar sus propios órganos de gobierno, elegir a sus autoridades, ejercer las funciones de docencia, investigación y extensión”, entre otras, “sin ninguna clase de intervención u obstrucción del Poder Ejecutivo”.

- Privadas. El proyecto de ley insiste en que “compete al Estado fomentar la universidad pública, por ello la relación con la universidad privada debe ser cualitativamente diferente: una relación de regulación y fiscalización. La regulación debe ser tanto directa como indirecta. Indirecta, con la expansión y cualificación de la universidad pública. Directa, con la existencia de condiciones de autorización y acreditación que garanticen estándares mínimos de calidad”. También excluye la posibilidad de que las instituciones privadas cuenten con exenciones impositivas y previsionales, o con subsidios estatales.

- Evaluación. Se postula la disolución de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (Coneau), cuestionada por su injerencia sobre las casas de estudios y por su composición más política que académica. En su lugar se crearía una Comisión de Seguimiento del Sistema de Educación Superior, formada por seis representantes del Consejo Interuniversitario Nacional, uno del Consejo de Rectores de Universidades Privadas, uno del Ministerio de Educación, uno del Senado y otro de Diputados, uno de la Federación Universitaria Argentina y otro del gremio docente. Tal comisión se ocuparía de requerirles a las universidades la elaboración de un plan institucional plurianual y también designaría a uncomité de especialistas para evaluar el cumplimiento de los objetivos previstos.