El asesinato de tres presos en la Penitenciaría de Mendoza entre el sábado y domingo pasado tuvo su primera repercusión en el escenario internacional. Parte de las condiciones ordenadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para resolver la situación degradante en la que centenares de presos de la cárcel mendocina viven y mueren quedaron desechas de un plumazo: los abogados del Movimiento Ecuménico de Derechos Humanos que representan a los presos denunciantes y llevaron el caso de la Penitenciaría ante la CIDH, ayer anunciaron que no participarán más en negociaciones con el Estado argentino y el gobierno mendocino, y anunciaron su retiro de la comisión encargada de generar respuestas a la crisis en que se encuentra la cárcel. O sea, denuncian que la Comisión de Seguimiento de Políticas Penitenciarias no sigue ni a su propia sombra.

La Penitenciaría de Mendoza, o la Casa de Piedra, es un agujero negro en territorio mendocino por la larga cadena de muertes en su interior –entre ellos, un preso descuartizado y un menor suicidado por manos ajenas–, y por su prodigioso record de incumplimiento de las mínimas normas humanitarias para personas detenidas. Precisamente, fue el motivo que llevó a los abogados Diego Lavado, Pablo Salinas, Carlos Varela y Alfredo Guevara a presentar a partir de enero de 2000 una serie de hábeas corpus en representación de un conjunto de presos, primero ante la Justicia mendocina, luego ante la nacional y, finalmente, solicitando amparo ante la CIDH, el 29 de mayo de 2003. Dos años después, el 13 de octubre de 2005, la CIDH concedió la admisibilidad a los “Internos Penitenciarios de Mendoza - Argentina”, después de realizar una visita con funcionarios propios a la misma penitenciaría, entre el 13 y el 17 de diciembre de 2004.

El caso de la Penitenciaría llegó más allá, hasta la Corte Interamericana, que ordenó medidas cautelares. Pero tanto la visita de la Comisión como las órdenes de la Corte fueron sucedidas por asesinatos de presos, y sin que se resolviera ninguna de las consignas impuestas por esos organismos internacionales.

“La situación de gravedad y violación a los derechos humanos en la cárcel de Mendoza sobrepasó todos los límites”, dijo a Página/12 el abogado del Medh, Pablo Salinas. “Hemos decidido retirarnos de las instancias de negociación que existían con el Estado argentino y también retirarnos de la Comisión de Seguimiento de Políticas Penitenciarias, que tenía como objetivo recibir propuestas para mejorar la situación del penal. El Estado se comprometió a hacer funcionar esa comisión, pero la dejó sin existencia real. Nos vamos porque la Comisión de Seguimiento existe sólo en los papeles. Cursamos notas de nuestra renuncia a la Corte y a las distintas instancias oficiales.”

Salinas agregó que “la Corte Interamericana impuso medidas a Mendoza para proteger la vida de los presos. Mendoza responde con otros tres presos degollados y el Estado argentino se desentiende, aunque ante la Corte es el responsable”.