Sin precisar los nombres de los responsables, la Justicia investiga un nuevo caso de amenazas de muerte adjudicado a un grupo de unos veinte familiares de las víctimas del incendio en Cromañón. En este caso, el blanco fue la jueza de la causa, María Angélica Crotto, quien denunció un hecho ocurrido a principios de mes y que recién ayer tomó estado público. “La jueza no identificó a los supuestos familiares, pero hay testigos presenciales que aseguran que se trata, efectivamente, de algunos padres de las víctimas de la tragedia”, confirmó a Página/12 una fuente allegada a la causa. El episodio ocurrió cuando los supuestos familiares se presentaron en el despacho de la jueza, en el tercer piso del Palacio de Tribunales, para reclamarle a Crotto “a los gritos”, según las fuentes, que llame a prestar declaración indagatoria, como imputado, al destituido jefe del Gobierno porteño Aníbal Ibarra. Una colaboradora de la jueza “intentó explicarles que ésa no era la forma de obtener una audiencia”, y ante esa respuesta “los supuestos familiares insultaron a Crotto y dijeron que estaban dispuestos a prenderle fuego al despacho”.

La denuncia de Crotto fue radicada ante el juzgado de su colega Fabiana Palmaghini, con intervención del fiscal Rodolfo Cudicio. En el escrito se dejó constancia de que las personas que llegaron hasta la antesala del despacho de la jueza no sólo demandaron la indagatoria de Ibarra, sino que también se quejaron a viva voz por “la falta de progresos significativos” en la investigación desde que Crotto volvió a hacerse cargo del juzgado. La jueza estuvo ausente alrededor de un año, por enfermedad. Ante la negativa a conceder una audiencia en esas circunstancias, los supuestos familiares no anduvieron con chiquitas: “Decile a esa hija de puta que la vamos a matar, que la vamos a ir a buscar a la casa –sabemos donde vive-y le vamos a quemar el despacho”, precisaron las fuentes.

De acuerdo con la información obtenida en tribunales, los manifestantes lograron superar la guardia policial que está en la planta baja del edificio y también la custodia que recorre los pasillos que llevan hasta los despachos de los jueces. El grupo está acusado de haber amenazado e insultado a la jueza, luego de golpear varias puertas y los vidrios de la oficina de recepción de denuncias. El escándalo alertó a los guardias, que tuvieron que desalojar a los supuestos familiares de Cromañón.

El abogado Javier Miglino, sobreviviente del incendio y representante legal de un grupo importante de víctimas, admitió que tenía conocimiento del incidente, pero que no estaba en condiciones de informar acerca de quiénes fueron los protagonistas. Miglino repudió lo ocurrido y consideró como “un grave desatino, las nuevas amenazas de muerte vertidas por un grupo de familiares de víctimas”. Le llamó la atención que hayan increpado a la jueza Crotto, cuando ella “ha demostrado que en esta causa tiene un compromiso que va más allá de lo profesional”.

Miglino aseguró que todo el personal del juzgado ha demostrado “el mismo compromiso” y señaló, en ese sentido, que ha visto “las caras de cansancio tanto en ella como en los empleados, que al comienzo trabajaban más de doce horas diarias en la causa”. El abogado consideró que “es hora de que este tipo de amenazas cesen porque hasta aquí la Justicia ha demostrado, con su trabajo, que es independiente y por eso resulta cobarde e injusto amenazar a un juez, y doblemente por tratarse de una mujer”.

El 30 de diciembre de 2004, cuando ocurrió el incendio, la jueza Crotto estaba al frente del juzgado y ordenó la detención del empresario Omar Chabán. Luego, Crotto pidió licencia por enfermedad y fue reemplazada por el juez Julio Lucini. Chabán es el único de los procesados que sigue preso, a la espera del juicio, acusado por el delito de estrago doloso. En el incendio murieron 194 personas. El lunes, Patricia Ortiz, madre de Sebastián Bonomini, uno de los chicos muertos en la tragedia, denunció que había sido amenazada por teléfono. Le dijeron que la iban a degollar.