Lucas Ivarrola, su familia y sus vecinos sabían que lo buscaban para matarlo: no sólo le prometían bala los hermanos Romero, también lo hacían otros grupos que lo habían perseguido y amenazado durante los días anteriores al crimen. Lo sabían, aunque no imaginaban que el zarpazo de la violencia sería de la brutalidad que fue: los tres tiros, el fusilamiento, el fuego final. En una breve inmersión en su cuadra, este diario reconstruyó los conflictos que se vivían entre los habitantes de La Perlita, el barrio de Moreno, del que finalmente fue secuestrado en un Falcon verde. Armas, golpizas, robo de objetos de poco valor, amenazas mutuas, la comunidad dividida y las puertas de los vecinos cerradas a la hora de un inminente linchamiento del chico en plena calle, son apenas algunos de los síntomas del nivel de vulnerabilidad de quienes viven en ese territorio, y de la violencia que la vulnerabilidad apaña. El crimen del chico de Moreno abre demasiadas preguntas. “¿Cómo circula la violencia en amplios sectores donde son víctimas del acto de mayor violencia: la desigualdad?”, se pregunta para comenzar un análisis la socióloga Alcira Daroqui, investigadora del Instituto Gino Germani. “El Estado se debe preguntar cómo llegar a los barrios de donde desapareció. Veinte años atrás llegaba con clientelismo político, ahora ni siquiera con eso”, dice Marcelo Saín, profesor e investigador de la Universidad de Quilmes.

Sólo para contextualizar la discusión de los expertos convocados por Página/12, algunas de las declaraciones que relevó este cronista durante el amargo martes pasado, tras el incendio de la casa de los acusados por el fusilamiento, el día del funeral de Lucas.

- “Vos vení que vamos a arreglar nuestros problemas con nuestras propias manos” (de uno de los Romero a Lucas cuando lo secuestraron).

- “Cuando lo agarraron de los pelos y se lo llevaron yo les decía que llamaría a la policía, pero ellos dijeron que la cana no haría nada, que por eso ellos lo iban a arreglar” (de Luis Caravallo, el director del comedor popular del que se lo llevaron).

- “Los pibes se drogan todas las noches. Si el vecino a mí me hincha, me hincha, al final me voy a cansar” (de un vecino ex miembro de la Armada).

- “Nosotros sabíamos que el pibe iba a terminar así, porque lo veíamos mal, con la bolsita, perdido. pero no de esa forma en que lo han hecho” (de una vecina que vive frente a la casa de Lucas).

- “Lo vinieron a buscar el viernes anterior una mujer con su banda, todos pesados, porque decían que les había robado el equipo de música” (de una comerciante de la cuadra).

- “Acá todos creen que cualquier cosa que se roban lo hacemos los más jóvenes (...) en lugar de acusar a los de la villa Victoria o los de Yaraví (barrios aún más pobres que La Perlita)” (de un hermano de Lucas).

- “Me decía por favor que lo iban a matar. Yo no le abrí, que se joda por hacer mal las cosas” (de una vecina).

- “No entiendo cómo lo hicieron. No sé. No sé. Se les fue de las manos. Se descontrolaron. No hay palabras” (vecino).

Seguridad o
derechos humanos

Alcira Daroqui, es, además de investigadora del Gino Germani sobre temas de violencia, empleada de un Tribunal de Menores de Quilmes. Experta en tomarles el pulso a los territorios de la exclusión, considera que para comenzar a hablar hay que remarcar que la realidad de los excluidos “lo que se da en llamar seguridad, es la cotidianidad”. “Habría que contextualizarlo en el tema de la violencia que se mide en privaciones permanentes, tanto relativas como absolutas, en un presente continuo donde no hay futuro, o donde el futuro entra en la invención, como una imaginación muy exquisita que estos sectores no pueden ni permitirse”, sostiene y llama al Estado a definir si plantea el drama social “en términos de políticas de seguridad o de políticas de derechos humanos”.

–¿Qué sería mirarlo desde la perspectiva de los derechos humanos?

–Lo que se propone hoy es un diálogo con el pasado, y falta un diálogo con el presente. Focalizamos los derechos humanos en un tiempo determinado; y en el presente sólo lo hacemos en algunos casos puntuales que nos interpelan como en el de Lucas. Lamentablemente a Lucas lo eliminan representantes de las fuerzas de seguridad. Y éste es el diálogo que las fuerzas de seguridad sí tienen entre el pasado y el presente. Es necesario que se instale en la sociedad un debate político, académico, de todos los que pueden aportar a una política pública que contemple a los excluidos.

–¿Qué pasa cuando la desigualdad se expresa en la violencia?

–La violencia se expande. Y se expande en la mirada de los otros, con esto de haberlos hecho a los pobres propietarios de la violencia como si fueran los únicos. Y al mismo tiempo administradores de esa violencia, en términos de gobernabilidad de ciertos espacios territoriales adonde los han depositado como residuos, como basura. El Estado, de la única manera que pareciera llegar es a través de la policía.

“El Estado se esfumó”

Además de ser uno de los criminólogos más destacados de su generación, Marcelo Saín fue el segundo de León Arslanian en el Ministerio de Seguridad bonaerense hasta que denunció la connivencia de los políticos con los negocios sucios de la policía. Tras el escándalo de Southern Winds fue designado interventor de la Policía Aeronáutica. Al mismo tiempo, es investigador universitario y profesor. Para él “en la gestión política de la seguridad se vincula mucho seguridad pública con administración del uso de la fuerza policial y se excluye de la gestión política una de sus dimensiones fundamentales que son las estrategias de prevención social de la violencia, que no son policiales”.

–¿Qué debería cambiar?

–Hoy no hay en la administración de gobierno una red que nuclee las estrategias sociales de prevención de la violencia. Es necesario crear derechos para sectores sociales de alto riesgo por su grado de vulnerabilidad social.

–Sin embargo, existen algunas políticas al respecto.

–Todo esto en el Estado nacional está desperdigado en un conjunto de agencias y no tienen un núcleo coordinador central que debería ser una secretaría pública. Si no, la gestión de la seguridad se reduce al manejo de la policía y la institución policial en general no es eficiente, sin agregarle a eso la corrupción. Para familias como la de Lucas, el Estado cuando aparece lo hace esporádicamente y con la configuración violenta del sistema penal. Antes, por lo menos, por el clientelismo había administración de bienes, prestación de servicios... Pero en estas zonas se esfumó el Estado. Cuando aparece lo hace con la cara policial.

La gobernabilidad

El viernes fueron detenidos por la policía dos de los hermanos de Lucas, acusados de haberse robado una garrafa, una toalla y varios cajones de cervezas (vacías) de la casa del padre de los Romero, antes de prenderle fuego. Los vecinos le habían contado a este diario, sin decir quiénes habían sido los ladronzuelos, que por ese motivo llamaron varias veces al 911 entre las tres y las siete, hora en que empezaron las llamas televisadas. ¿Cómo opera esa omisión? ¿Por qué la policía no interviene? ¿Cómo selecciona cuando sí y cuándo no? “Esta omisión policial es una decisión –dice Daroqui–: porque la gobernabilidad de la exclusión no está sólo prevista para que quede en manos de las fuerzas de seguridad estatales, sino para facilitar la gobernabilidad entre los propios representantes de los sectores pobres.”

–Pero la policía no deja de estar cerca, al acecho.

–Se forman los cordones de control: las fuerzas de seguridad en los límites de esos territorios, mirando, observado como voyeuristas e interviniendo en casos que se requiera para determinadas cuestiones. Esto ocurre cada vez más en ciertas zonas del Gran Buenos Aires, y de la zona sur de la ciudad de Buenos Aires. A esta altura, esa regularidad en estas prácticas no es una cuestión casual: tendríamos que preguntarnos si esto no integra ciertas estrategias en el marco de la política de seguridad, si no son políticas en marcha que suplen las que no hay.

–¿Cuál sería, a su juicio, la pregunta clave ante este panorama?

–Qué está pasando hoy en la gestión del conflicto social. Está bien que nos preocupemos por la impunidad de las prácticas violentas, pero también preguntarnos qué sucede cuando hubo una cacería humana durante cuatro o cinco días contra un chico de 15 años y nadie intervino para frenarla. Esa es la sensación de la orfandad de Estado.

Saín apunta al mismo lugar: “El Estado se replegó y no volvió más a estas zonas. El Estado tiene que volver. Ahora: la agenda de seguridad no la tienen que colocar los Blumberg y los Bragagnolo, la tiene que construir el poder político asumiendo la situación. Gran parte de la responsabilidad de la licuación del estado social es de estos representantes de la seguridad”. Para cerrar, Daroqui vuelve atrás en la historia para dialogar con el presente. “Un Estado en crecimiento no puede dar como respuesta políticas focalizadas, sino que en forma urgente tiene que atender a una generación, la de Lucas, para que no desaparezca, como desapareció otra en manos de la dictadura, pero ésta en manos de la desigualdad. Esa es la disyuntiva entre derechos humanos vinculados a políticas de desarrollo y la política de seguridad.”