En el país hay más de 20 mil niños, niñas y jóvenes privados de libertad. El 87 por ciento está bajo un régimen de encierro no por la comisión de un hecho delictivo sino como consecuencia de situaciones de carencias socio-económicas. La “institucionalización” ha sido la respuesta generalizada que ha dado el Estado desde las políticas públicas a los chicos abandonados, abusados o víctimas de otros delitos, según surge del primer relevamiento nacional sobre niños y jóvenes privados de libertad, presentado ayer por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y Unicef. El estudio encontró que, en algunos casos, chicos con “causas asistenciales” comparten el mismo establecimiento con menores con “causas penales”. “La separación de los niños y niñas de sus familias y su consecuente institucionalización, lejos de evitar problemas, constituyeron el camino hacia la carrera delictiva. Los institutos y ‘reformatorios’, además de violar los derechos de los niños y niñas internos, han sido verdaderas escuelas del delito”, señala el informe oficial.

El relevamiento detectó 19.579 niños, niñas y jóvenes de hasta 21 años de edad privados de libertad en todo el país. Pero la cifra total real sería entre 25 y 40 por ciento mayor, según reconoció Victoria Martínez, directora nacional de Derechos de Personas y Grupos Vulnerables de la Secretaría de Derechos Humanos, ya que algunas provincias, como Córdoba, no brindaron el número de chicos institucionalizados por causas asistenciales, y en otros casos el dato no está registrado debido a que hay jueces de menores que los derivan directamente a ONG sin dar intervención a organismos gubernamentales. “Fue muy dificultoso realizar este estudio porque no existía el dato oficial en las provincias del número de chicos privados de libertad”, destacó la funcionaria. El relevamiento da cuenta del cuadro de situación al 31 de diciembre de 2005, aunque se presume que no sería muy distinta de la actual.

La investigación revela que la mayoría de los establecimientos donde se encuentran alojados los chicos y adolescentes son manejados por organizaciones de la sociedad civil que reciben subsidios estatales y la mitad de los casos se trata de entidades pequeñas, con una capacidad de hasta 30 niños. No obstante, el relevamiento no investigó sobre la sobrepoblación que podría existir en estos lugares. Tampoco indagó sobre las condiciones de alojamiento de los chicos. De todas formas, en la Secretaría de Derechos Humanos han recibido denuncias de malos tratos hacia niños y adolescentes sobre institutos de distintos puntos del país.

El estudio encontró que el mayor número de menores permanece alojado en instituciones de tipo semiabierto, es decir, con un régimen de internación un poco más flexible. Sin embargo, en varias provincias esta relación se invierte. Es el caso de Corrientes, Jujuy, Misiones, Río Negro, Santa Fe, Santiago del Estero y Tucumán, donde existen más menores de ambos sexos en establecimientos de régimen cerrado, donde las salidas son muy escasas y siempre deben ser autorizadas por la autoridad judicial interviniente.

La mayor cantidad de niños, niñas y jóvenes institucionalizados se localiza en la provincia de Buenos Aires, donde está el 45,2 por ciento del total de menores de edad privados de libertad. En segundo lugar se ubica la provincia de Santa Fe con un 15,5 por ciento. Y en tercer lugar se encuentra la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el 8 por ciento.

“El dato más preocupante es que el 87 por ciento de estos chicos y adolescentes privados de libertad debería haber recibido una respuesta de la política pública distinta al encierro, como el fortalecimiento de su familia”, apuntó Martínez en una reunión con un grupo de periodistas, donde analizó los resultados del estudio junto con la representante de Unicef. “Hemos encontrado que en un mismo instituto, incluso, hay chicos con causas penales y víctimas de abuso o de otros delitos”, reveló la funcionaria. “El encierro tiene consecuencias severas en el desarrollo psíquico y físico de un niño. Son chicos que tienen problemas de integración y crecen estigmatizados”, aseguró Martínez, quien además es psicóloga.

En algunas provincias como Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Chubut, Corrientes, Misiones y Santa Fe, los niños y adolescentes encerrados por causas no penales superan el 90 por ciento. “Esta situación resulta inadmisible ya que, en otras palabras, se está privando de la libertad a niños, niñas y adolescentes debido al contexto de pobreza en el que desarrollan su cotidianidad”, señala la investigación en sus conclusiones. Este hecho es violatorio de la Ley Nacional de Protección Integral de la Infancia, sancionada en septiembre y reglamentada en abril, que prohíbe el encierro de menores de 18 años por “causas asistenciales”. “Hay una fuerte decisión política del presidente Kirchner de terminar con este sistema tutelar, pero sabemos que no se puede cambiar esta situación de un día para el otro”, señaló Martínez.

La antigua normativa, conocida como Ley de Patronato de Menores, vigente desde el año 1919, disponía que, ante el hecho de que una persona menor de 18 años se encontrara en “peligro material o moral”, se daría intervención al juez de la jurisdicción criminal y correccional. En los últimos 90 años, la respuesta habitual de los jueces de menores fue “la separación de los niños y niñas de sus familias y su institucionalización”, señala el informe. “Lejos de evitar problemas (estas medidas) constituyeron el camino hacia la carrera delictiva. Los institutos y reformatorios, además de violar los derechos de los niños y niñas internos, han sido verdaderas escuelas del delito”, advierte la investigación realizada por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación con la cooperación de Unicef Argentina.

En la presentación del informe, el secretario de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia de la Nación, Eduardo Luis Duhalde, consideró que la situación de los niños y adolescentes “es uno de los mayores desafíos que tienen el Estado y la sociedad argentina”. “Se ha puesto en marcha un camino transformador, pero ninguno de los que laboramos esta temática puede regodearse con lo realizado, frente a la dimensión de lo que queda por hacer, que es mucho”, advirtió.