Uno de los requisitos para el correcto registro de armas de fuego consiste en acreditar que el tenedor posee “medios lícitos de vida”. En la credencial extendida por el Registro Nacional de Armas (Renar) a nombre de Martín Ríos, el francotirador de Belgrano, en el rubro correspondiente a la actividad laboral no dice ni “empleado” ni “trabajador autónomo”. El renglón correspondiente contiene una definición extraña pero ajustada a la realidad de un joven de 27 años, soltero, que dependía de su madre: dice “mantenido”. En la credencial de legítimo usuario de armas, a cuyos datos tuvo acceso Página/12, un médico que reside en la ciudad bonaerense de San Antonio de Areco es quien extendió el certificado de aptitud psicofísica –algo que estará en el centro de la discusión en el proceso judicial contra Ríos–, mientras que quien corroboró sus condiciones de buen tirador fue un instructor que vive a seis cuadras de la casa del hoy detenido. Ayer se confirmó que Ríos fue sobreseído, en 2001, en una causa por portación ilegal de armas. El juez de entonces consideró que Ríos, esa vez, “no puso en riesgo la seguridad pública”, aunque llevaba consigo la misma pistola Bersa 380 con la que el 6 de este mes mató a un joven e hirió a otras seis personas.

El médico que extendió el certificado a Ríos es el doctor Marc Garrett, matrícula profesional P72425. Garret, además de médico, es un entusiasta amante de las armas: es “comisario de tiro”, que en la jerga refiera a una especie de árbitro para competencias de tiro. El instructor de tiro que firmó el certificado de Ríos se llama Alejandro Roux y vive sobre la avenida Virrey del Pino, en el barrio porteño de Belgrano, cerca de la vivienda del tirador, en Cramer al 2100. Se estima que ninguno de los dos, ni Garrett ni Roux, pueden ser acusados de delito alguno por haber firmado esa documentación. Sin embargo, se especulaba con la posibilidad de una causa civil contra el médico. “Mi hijo no tuvo nada que ver, no lo conocía a este señor. El no es instructor de tiro ni nada que se le parezca. De todos modos, hable con él, porque yo no lo puedo decir nada.” El padre de Roux, que tiene su mismo nombre, dialogó en forma breve con este diario. No fue posible, hasta anoche, contactar al médico Garrett en su casa de Areco. Los dos serían citados a declarar, como testigos, por la jueza María Dolores Fontbona de Pombo.

Julio Rozas, el abogado de la familia de Alfredo Marcenac, el joven asesinado en la calle Cabildo, aseguró ayer que cuenta con “testigos presenciales” que demostrarían, en su opinión, que Ríos era dueño de sus actos cuando cometió la agresión. “Entendemos que es imputable una persona que dispara tan certeramente a un grupo de personas y a la cabeza de un individuo y luego se escapa subiendo a un transporte público, se baja a las dos cuadras y vuelve a tomar un colectivo para volver a pasar por el lugar donde había cometido el hecho para regodearse” con lo ocurrido, dijo Rozas. De ese modo, el abogado resumió los dichos de los testigos a los que hizo mención y que serán presentados ante la jueza Fontbona de Pombo.

El letrado querellante sostuvo que Ríos, luego de bajar del colectivo al que había subido a la carrera en José Hernández, entre Cabildo y Ciudad de La Paz, “cruzó la calle por la cual el colectivo circulaba y tomó otro micro que lo llevaba por la mano contraria hacia el lugar de los hechos”. La jueza llamó a prestar declaración como testigos a cuatro de las seis personas heridas. Hoy, desde las 9, darán su testimonio Pablo Jagoe, Pablo Arrate, Martín Thiessen y Jorge Marchesotti. Los otros heridos, que no fueron convocados todavía, son Diego Claros y una menor de 14 años.

Martín Ríos había sido sobreseído en 2001 en una causa por portación de la pistola Bersa 380 con la que produjo el ataque. En ese momento, la Justicia lo sobreseyó porque “no fue ostentada ni disparada”, porque “no se puso en riesgo la seguridad pública” y porque se comprobó que el joven “tenía toda la documentación en regla”. El 12 de enero de 2001, Ríos y tres amigos suyos fueron detenidos en Villa Urquiza porque se les encontróuna cantidad muy pequeña de cocaína, durante un control policial callejero. Fueron llevados a la comisaría 37ª y en una posterior inspección del vehículo se encontró la pistola, debajo de uno de los asientos.

El 26 de febrero de ese mismo año, el entonces juez federal porteño Gustavo Literas los sobreseyó por la tenencia de cocaína y luego envió las actuaciones a la justicia de instrucción para que investigara la posesión del arma. El 28 de marzo, los cuatro jóvenes fueron indagados y Ríos alegó que había olvidado bajar la pistola del auto, después de asistir a una práctica de tiro. Sus amigos dijeron, por su parte, que desconocían la presencia del arma. Ríos acreditó que era el tenedor legal de la Bersa 380 y el juez Eliseo Otero los sobreseyó porque no habían cometido ningún delito. El magistrado, además, remitió los antecedentes al Renar, para que el organismo analizara la posibilidad de tomar alguna medida administrativa contra Ríos, pero al parecer no correspondía que se tomara ninguna.

Ríos registró el arma, por primera vez, en el mes de mayo del año 2000, de acuerdo con la información obtenida por este diario. Esto ocurrió dos meses después de que el hoy imputado cumpliera los 21 años, es decir la mayoría de edad que le permitía ser poseedor de un arma de fuego. Esto hace presumir que tenía la Bersa 380 desde un tiempo antes y que era un amante de las armas. Ahora Ríos tiene que responder por otros tres ataques ocurridos, en el barrio de Belgrano, porque se comprobó que en esos casos también se usó el arma de su propiedad. Se descuenta que, por consejo de sus abogados, mantendrá –por ahora– la boca cerrada.