La Legislatura porteña aprobó anoche la ley que declara la Emergencia Ambiental de la cuenca Matanza-Riachuelo durante los próximos cinco años. Aunque se trató de un proyecto consensuado por todos los bloques, los legisladores kirchneristas se abstuvieron a la hora de la votación. Según algunos integrantes de la bancada, se debió a que preferían esperar a la semana próxima, cuando el gobierno nacional presente un “plan integral” para hacer frente a la problemática del Riachuelo. La emergencia sancionada prevé que se destinen 300 millones de pesos al año para “reubicar a todas las personas que vivan en asentamientos precarios sobre la margen” de la cuenca y construir una planta de tratamiento de efluentes cloacales, entre otras obras.

A partir de la nueva ley, el Ejecutivo porteño “deberá realizar un censo habitacional sobre la ribera del Riachuelo”, tendrá que “arbitrar los medios para trasladar y reubicar a quienes vivan precariamente sobre su margen” y “garantizar al recolección diaria de residuos domiciliarios y la eliminación de basurales en toda la cuenca”. Otra de las obligaciones será la realización de “un completo estudio epidemiológico y toxicológico de todos los habitantes potencialmente afectados”. Con esos estudios se buscará “la presencia de contaminantes en los niños, en los alumnos de las escuelas cercanas a la cuenca y en los adultos mayores”.

La norma, que cuenta con el consenso de los bloques del ARI, el macrismo y el kirchnerismo, establece que se debe “actualizar el censo de emprendimientos fabriles o comerciales en la cuenca”, “realizar estudios en el agua, suelo y aire para determinar los contaminantes predominantes”. También insta al Poder Ejecutivo porteño a lograr un acuerdo con los gobiernos de la Nación y de la provincia de Buenos Aires para constituir una Autoridad de Cuenca única, y crea una Comisión del Riachuelo, con la participación del Ejecutivo, la Legislatura y representantes de la sociedad civil, “específicamente de pobladores aledaños”, que deberá constituirse dentro de los 20 días de la promulgación de la ley.

“Lamentablemente, mi bloque (Frente para la Victoria) decidió en una reunión previa que tuvimos no acompañar el proyecto y abstenerse. Porque hay un anuncio inminente del gobierno nacional sobre un plan integral. Lo que pasa es que cambiaron las condiciones de cuando empezamos a trabajar en el proyecto en enero. Desde ese momento se creó la Secretaría de Ambiente en el ámbito nacional y el Riachuelo se transformó en una de las prioridades”, comentó a Página/12 la diputada kirchnerista Sandra Bergenfeld. No obstante, consideró que “se trata de un comienzo para un problema que se arrastra desde la época de la colonia, y no importa cuál sea el distrito que empiece”.

La interpretación de Juan Manuel Velasco, legislador del ARI y autor del proyecto, coincide con lo señalado por Bergenfeld: “Había una decisión del kirchnerismo para no aprobarlo, estaban esperando un anuncio del Presidente e intentaron demorarlo. Pero la sanción no obsta para que el Presidente pueda dar a conocer su plan, que espero lo haga lo antes posible”, indicó a este diario. “La ley genera una herramienta adecuada para dar solución al problema del Riachuelo y muestra la voluntad política que hay en torno al tema”, consideró.