La Cámara de Garantías de Morón apartó a los miembros del Tribunal Oral 4 de la causa que se le sigue a Julio César Grassi por los delitos de corrupción agravada de menores y abuso deshonesto. La Cámara hizo lugar a la recusación que presentó la fiscal Sandra Míngolo por “prejuzgamiento” a favor del acusado y dispuso el sorteo de un nuevo tribunal que continúe con el proceso de juicio oral contra el sacerdote. Sin embargo, los camaristas también resolvieron convalidar todo lo actuado hasta ahora por los jueces recusados, mientras que los representantes del Comité en Defensa de los Derechos del Niño (Casación) –que el Tribunal de Casación reconoció como “particular damnificado” en la causa– insisten en que la pericia psicológica realizada por la Justicia santacruceña, que afirma que Grassi tiene el perfil de un “delincuente sexual” y que descartó el Tribunal recusado, sea incorporada al debate oral.

La resolución de la Cámara abarca a los jueces Pedro Rodríguez, Carlos Torti y Rodolfo Castañares “por haber manifestado extrajudicialmente su opinión sobre puntos a decidir” en el marco de la causa contra el sacerdote. “Se resuelve, por mayoría, hacer lugar a la recusación presentada por el Ministerio Público Fiscal respecto de los tres jueces del Tribunal Oral Criminal 4 en la causa 1422”, sostiene el texto firmado por los camaristas Mario Moldes, María del Carmen Peña y Jorge Bourdieu.

Los camaristas respondieron así al pedido de recusación realizado por la fiscal Míngolo ante la posibilidad de que integrantes del tribunal hayan incurrido en parcialidades para beneficiar a Grassi, cuyo juicio oral y público está postergado. Aunque la resolución también incluyó la “realización de un nuevo sorteo para determinar” al nuevo tribunal que continuará con el proceso oral y público contra el sacerdote procesado.

La recusación surgió luego de que se conociera una pericia psicológica efectuada a Grassi en agosto del año pasado, por orden del Juzgado de Instrucción de Santa Cruz en una causa paralela a la de Morón. Allí el sacerdote está acusado de abuso sexual contra Luis Gutiérrez, un joven que pertenecía al círculo íntimo del cura y que terminó quebrándose y denunciando ante una fiscalía de Morón los abusos a los que habría sido sometido por Grassi a lo largo de dos años.

Míngolo denunció al tribunal por no haber permitido incorporar la pericia como prueba en la audiencia preliminar al juicio oral, el 22 de febrero pasado, y solicitó su recusación porque el presidente, Pedro Rodríguez, adelantó su opinión en los medios de prensa respecto de por qué no lo habían hecho.

“Recibimos con gran satisfacción la decisión de Cámara de Garantías del apartamiento del tribunal. Consideramos que la parcialidad realizada por el tribunal se viene manifestando al menos desde la audiencia preliminar de febrero, donde no sólo no me dejaron entrar, sino en la cual se dispuso no autorizar la incorporación de buena parte de la prueba de cargo colectada en relación a Julio Grassi”, dijo el abogado Juan Pablo Gallego a Página/12. El abogado del Casación aseguró que “esa parcialidad se hizo patente a partir del raid mediático emprendido por el vocero y presidente del tribunal, el juez Rodríguez, buscando llamar la atención de los medios de comunicación de un modo enteramente impropio para quien debe ejercer la magistratura”.

Desde el tribunal prefirieron no emitir opinión “sobre una cosa juzgada”. Pero voceros del mismo aseguraron a Página/12 que “la decisión judicial (de aceptar la recusación) fue dividida”, aunque reconocieron que fue “unánime” la decisión de “rechazar a todo el tribunal. El fallo no especifica que se trató de una opinión extrajudicial de Rodríguez, sino que interpretó que el presidente actuó en representación de todos”.

Sin embargo, los voceros de los recusados insistieron en remarcar que la Cámara “reconoció como válido todo lo actuado con anterioridad por el tribunal. Esto incluye la audiencia previa y la no inclusión de la pericia realizada en la causa de El Calafate”.

Sobre este punto también se pronunció Gallego. “Consideramos la pericia como una prueba vital, y tratándose de un examen pericial que lo que hace es determinar los indicadores psíquicos de Grassi, indudablemente constituye una prueba definitoria del proceso judicial”, aseguró el abogado, al que una resolución de la Cámara de Casación reconoció como “particular damnificado” en la causa.

La incorporación o no de la pericia psicológica de Grassi será el tema principal sobre el que deberá expedirse el nuevo tribunal que salga sorteado. Desde ambas partes saben que será una prueba determinante.