La Corte Suprema de Justicia de la Nación emplazó a los gobiernos nacional y de Mendoza para que informen sobre las acciones realizadas para garantizar la seguridad de los presos de la penitenciaría de la capital de esa provincia y de la ciudad de Lavalle. La Corte se expidió así ante una presentación de un grupo de abogados que efectuó una extensa y detallada denuncia sobre la situación de los convictos en esos penales, donde incluyeron la existencia de apremios, muertes violentas y homicidios.

Los letrados Diego Jorge Lavado, Carlos Varela Alvarez, Pablo Gabriel Salinas y Alfredo Guevara Escayola pidieron a la Corte que reclamara al Poder Ejecutivo Nacional y al gobierno de Mendoza que explique las acciones adoptadas para cumplir con las “medidas provisionales” dispuestas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos para proteger a presos de la Penitenciaría Provincial y la unidad Gustavo André, de Lavalle.

La Corte dispuso entonces a ambos gobiernos “que en el plazo de 15 días informen al Tribunal qué decisiones concretas y qué actos se han llevado a cabo, con posterioridad al 30 de marzo del corriente año, para impedir y superar la situación de riesgo e inseguridad que padecen los internos” de esos dos penales. Además, reclamó que se indique “si se han llevado a cabo las medidas tendientes a separar definitivamente a los jóvenes-adultos de los adultos” allí internados, y si se han separado a los procesados de los condenados.