La policía de Santiago del Estero se mantenía ayer acuartelada en la propia Jefatura policial. La medida había sido iniciada el martes a las 5.30 de la madrugada. Durante un día, el jefe policial, Augusto Tejada, y su segundo, Julio Paz, negociaron con los acuartelados que demandaban un petitorio de ocho puntos, entre los que figura un sueldo básico de 700 pesos retroactivo a abril, reordenamientos jerárquicos y la restitución de haberes retenidos, según los reclamos, indebidamente desde julio del ’95 hasta agosto de 2004. El gobernador radical Gerardo Zamora pidió el desalojo por orden judicial pero, como se sabe, se daba la particularidad de que los que habitualmente dan los palos estaban de huelga. Por la tarde, el gobierno solicitaba el apoyo de la Gendarmería. Durante la mañana de ayer, Zamora reemplazó a los dos jefes policiales. Anoche, dos mil de los cinco mil efectivos locales seguían acuartelados pero se cumplían las guardias mínimas.

La movida uniformada se inició el martes en la madrugada, montada sobre el argumento más convocante, el del aumento de salarios. El epicentro de las decisiones fue el Círculo de Suboficiales y Agentes. Alrededor de las 5.30 del martes, algo más de una docena de policías se instaló en los pasillos de la Jefatura. Poco después, la medida empezaba a dispersarse por línea telefónica, celular y otros medios, hasta que cerca del mediodía ya se habían reunido unos 500 efectivos.

Durante todo el martes, los acuartelados, que llegaron a reunir unos dos mil hombres (según la información de los huelguistas), y a medio millar según fuentes gubernamentales, negociaron representados por un comisario mayor retirado de apellido Gutiérrez, y del lado oficial los jefes policiales Tejada y Paz.

Al mismo tiempo, el fiscal Guillermo Lozano comenzaba a tomar contacto con los acuartelados en una suerte de negociación simultánea y relacionada con el desalojo de la Jefatura.

Pasado el mediodía, los huelguistas reunidos en una curiosa asamblea consensuaron un petitorio de ocho puntos. El primero consistía en una mejora salarial que alcanzara 700 pesos como sueldo básico de un agente, retroactivo al 1º de abril. También reclamaban la equiparación de la asignación salarial por hijo al nivel nacional de 60 pesos; un reordenamiento jerárquico de todos los cuadros; se opusieron a la transferencia del régimen provisional policial y del Servicio Penitenciario; la destitución de los haberes retenidos por el decreto 0147 de julio del ’95 hasta agosto del 2004. Además, pidieron la reincorporación de un seguro de vida obligatorio para los retirados y pensionados. Que no fueran sancionados los huelguistas y la libertad de los policías detenidos por incidentes ocurridos en un encuentro de fútbol local.

La situación se tornó muy tensa pasadas las 19.30, cuando la Justicia, ante una presentación gubernamental, ordenó el inmediato desalojo. El juez del crimen de Santiago del Estero, Gustavo Herrera, redactó la intimación y la presentó a través del secretario del juzgado del crimen de primera nominación, Fernando Paradelo. En el texto, el magistrado ordenaba a los acuartelados desalojar el edificio de la Jefatura bajo advertencia de que, de no cumplirse la disposición, se tomarían “las medidas punitivas correspondientes”. Anoche, los acuartelados aseguraban que no se retirarían. Es más, apelaron la orden judicial mediante un recurso de amparo. Por otro lado, no había quien hiciera de policías porque vencido el plazo ni gendarmes ni policías federales hicieron acto de presencia.