Una doble línea de uniformados con los dientes apretados debajo de cascos y escudos hacía de tapón al ingreso por la puerta trasera del edificio del Hospital Francés. Rodeaban el edificio varios centenares de trabajadores del hospital y otros que asistían en solidaridad, y que pugnaban por vencer el corcho humano de policías y penetrar en la planta. A su vez, rodeando a los empleados, ya en la calle, una hilera de policías intentaba entrar a la planta para reforzar la guardia. ¿Por qué tanto rodeo y tanta vuelta alrededor del Francés? Porque dentro se encontraba una patota de patovicas, oficialmente detenida o demorada por agresión, y a la que los trabajadores no dejaban salir; o suspicazmente protegida por la policía para evitar que la multitud los derivara a una sala de urgencias. Durante la tarde, los patovicas habían golpeado a trabajadores, periodistas y pacientes, cuando se estaba por realizar una reunión de los delegados con el cuestionado interventor, José Luis Salvatierra.

El Hospital Francés, un instituto privado, tiene su historia de sinuosidades. Desde hace un par de años, la caída de ingresos, la pérdida de socios y la disminución de pacientes derivó en el endeudamiento y el concurso de acreedores. La Justicia civil ordenó a los dueños del hospital no interrumpir la atención de sus pacientes. Y el gobierno porteño incorporó en el presupuesto un subsidio de ocho millones y medio de pesos para pagar sueldos. La suma alcanzó para pagar a los trabajadores en relación de dependencia desde diciembre hasta marzo, pero no alcanzó para la mayor parte de los empleados que trabajan en forma externa. En abril, el gobierno nacional designó interventor a José Luis Salvatierra.

Ayer, como parte del conflicto, los trabajadores, que habían tomado el edificio, realizaron una asamblea en la que aceptaron participar de una reunión con el interventor. Pero al momento de entrar a la reunión, un grupo de patovicas que algunos señalaron como de la barrabrava de Chacarita y de All Boys, y la mayoría como fuerza de choque de algún sector del PJ porteño, entró como ariete a golpear a los asambleístas. Ocho personas, entre trabajadores, periodistas y el diputado nacional ex zamorista Carlos Tinnirello resultaron con cortes y heridas. Según el juez Javier Anzoátegui, fue él quien ordenó el desalojo en el que intervino la policía, aunque las cámaras de tevé demostraron otra realidad.

De acuerdo con los trabajadores, “la policía dejó actuar para que los barrabravas rompieran la asamblea y nos desalojaran”. Lo cierto es que alrededor de las cuatro de la tarde, la toma del hospital había cambiado violentamente de manos y a partir de entonces se desarrolló un particular sitio: en el interior del edificio, los veinte o treinta barrabravas, dirigidos por un pelado inmenso señalado como fuerza de choque del PJ porteño, quedaron prácticamente encerrados y técnicamente demorados o detenidos. Según fuentes de la comisaría 20ª, los patovicas estaban “demorados y deberán declarar ante la Justicia”, según disposición del Juzgado de Instrucción Nº 4. El Ministerio de Interior informó más tarde que los agresores estaban en calidad de “detenidos” y que deberán ser indagados por la Justicia local.

En el jardín y alrededor del edificio la idea de la detención no soportaba un dejo de verosimilitud. Pasadas las siete de la tarde, el delegado David Garuti, parlante en mano, anunció que había un acuerdo para que una comisión de delegados, diputados y el periodismo, ingresara para comprobar que se tomaban las huellas digitales y se identificaba a los agresores. Pero la policía no abrió el vallado. A todo esto, en el edificio contiguo, la guardia seguía atendiendo a pacientes e intentando evitar que se vaciaran las salas de internación. A última hora, todo seguía tan confuso como lo había estado hasta entonces.