Durante doce días, la huelga de hambre de presos mantuvo en vilo al sistema carcelario bonaerense. Pero lo insólito llega de la mano oficial: los guardias de la Unidad 28 de Magdalena –la misma en la que tras un incendio el 16 de octubre del año pasado murieron 33 presos incinerados y asfixiados, abandonados a su encierro como ratas–, se declararon en silenciosa huelga de hambre después de no retirar sus platos del almuerzo de ayer. La medida –tan constitucional como paradójica– fue tomada en protesta por la detención de 14 de 15 colegas imputados por la muerte de los 33 presos incinerados la noche del 16. La situación llegó incluso más allá: según trascendidos que llegaron hasta la jefatura penitenciaria y el Ministerio de Justicia, los reclamos avanzarían generando “alguna dificultad” en la visita del domingo que viene, Día de la Madre.

Los trascendidos llegaron a instancias judiciales. “Los derivamos hacia la autoridad competente, la jefatura (del SPB) y el ministro (Eduardo Di Rocco). Pero ellos ya estaban enterados del tema”, confió a Página/12 una fuente judicial.

Y tan cierto fue que el propio Felipe Solá salió a enfrentar la curiosa medida de no retirar el plato del almuerzo: “Es una medida corporativa. Hay que respetar las decisiones de la Justicia”, contraatacó el gobernador bonaerense. Según datos que provenían del propio Ministerio de Justicia, la curiosa huelga de hambre fue iniciada por la totalidad de los guardias de la 28.

Las mismas fuentes ministeriales aseguraron que, de todos modos, el conflicto se había restringido a intramuros de la 28, y no se había extendido a las otras unidades de Magdalena.

El jueves pasado, a pedido de los fiscales Laura D’Gregorio y Sergio DeLucis, de la fiscalía 4 platense, y con orden del juez de Garantías Guillermo Atencio, se ordenó la detención de 15 guardias imputados por abandono de persona seguido de muerte en 33 ocasiones. En tres o cuatro días, con alguna que otra dificultad, fueron detenidos 14 de los 15 solicitados: Raymundo Fernández, Jorge Luis Marti, María del Rosario Roma, Juan Zached, Gualberto Molina, Juan Emiliano Santamaría, Marcos Sánchez, Eduardo Villarreal, Mauricio Giannovile, Gonzalo Pérez, Juan César Romano, Carlos Augusto Bustos, Rubén Montes de Oca y Marcelo Valdivieso. El único que permanecía prófugo, Maximiliano Morcella, presentó un pedido de excarcelación que fue denegado por el juez, pero aún está libre porque la medida judicial aún no quedó firme.

El reclamo del ayuno penitenciario de mezzogiorno estuvo precedido, unos días antes, por una marcha en Magdalena. La marcha fue preparada por familiares de los guardias involucrados. En la población de Magdalena conviven los 800 guardias de las cuatro unidades penitenciarias. La marcha contó con unas 500 personas y el reclamo fue tan curioso como el ayuno: pedían justicia por sus familiares presos por la Justicia.

Ayer también circulaba otra versión. “Decían que el domingo, que es el Día de la Madre, ‘iba a haber algunos problemas en la visita’”, confió una fuente judicial sin especificar en qué consistiría el problema, pero dejando en claro que se trataba de una práctica bastante habitual cuando de presionar se trata. La versión llegó a la Justicia que a su vez hizo llegar el dato hasta el ministro Di Rocco. “Ya estaban enterados”, aseguró una fuente judicial.

Los 15 acusados lo fueron porque estaban de turno esa noche en la U28 y en presuntas condiciones de resolver el problema por el que los acusan, o sea, no abandonar a su suerte a los 33 muertos. Además, fueron citados a declarar el jefe del penal, el hiperevangelista Carlos Tejeda, el jefe de seguridad, Cristian Núñez, y el jefe de talleres, Hernán Ferreira, acusados de homicidio culposo por mantener detenidos a los presos de los pabellones 15, 16, 17 y 18, en condiciones que transformaban el lugar en una bomba de tiempo. La bomba estalló el 16 de octubre de 2005.