La Legislatura porteña puede tratar hoy y convertir en ley la expropiación del local conocido como La Alameda, ocupado desde hace cuatro años por vecinos y militantes de la Asamblea de Parque Avellaneda, donde además de un comedor comunitario, funciona una cooperativa de trabajadores textiles desde donde se denunció, desde 2005, la actividad de talleres clandestinos y el trabajo en condiciones de esclavitud de inmigrantes ilegales. El local, ubicado en Directorio y Lacarra, ya había sido expropiado en 2004, pero el entonces jefe de Gobierno, Aníbal Ibarra, vetó la norma bajo la promesa de conseguir otro lugar para la continuidad de los emprendimientos.

A diferencia de aquella ocasión, el proyecto llega ahora con un dictamen de mayoría de la Comisión de Presupuesto. En 2004, la iniciativa del entonces legislador Roy Cortina (hoy ministro de Gestión Pública y Descentralización) había obtenido solo un dictamen de minoría en esa comisión, pero logró reunir los votos necesarios en el recinto para convertirse en ley.

Otra diferencia es que la primera expropiación le reconocía a quienes tienen la titularidad de la propiedad el precio que habían pagado por la compra. En este nuevo proyecto, la determinación del precio se hará “de acuerdo con la tasación que efectúe el Banco Ciudad, como marca la ley de expropiaciones”, explicó a Página/12 el diputado Fernando Melillo (ex ARI, hoy integrante del bloque unipersonal Compromiso). La diferencia no es una sutileza: los legisladores habían considerado, en 2004, que el local había sido comprado a “precio vil” ya que el ex bar la Alameda venía de una quiebra y estaba en una situación de abandono.

El edificio donde funcionó el bar La Alameda fue ocupado en junio de 2002 por un grupo de vecinos de la Asamblea de Parque Avellaneda, quienes restauraron el lugar y lo pusieron en condiciones de funcionar como comedor comunitario y merendero para la población carenciada del barrio. También se conformó la Cooperativa 20 de Diciembre que, con apoyo de programas oficiales, pudo poner en marcha un taller textil de costura.

Hace una semana, el nuevo proyecto presentado por Melillo fue aprobado por la Comisión de Presupuesto. El proyecto declara “de utilidad pública y sujeto a expropiación” el predio de la calle Lacarra 720/728, y autoriza al Poder Ejecutivo a “ceder en comodato a la cooperativa el bien a expropiar con la condición de que la entidad continúe con las actividades productivas, comunitarias y culturales que desarrolla en la actualidad”.

De acuerdo con los fundamentos del proyecto, la expropiación apunta a satisfacer varios intereses a la vez: “Los de los miembros de la cooperativa de poder realizar sus actividades; los de los vecinos, de saber que las situaciones son temporarias y que se desarrollarán bajo la tutela y supervisión del Estado, y el del Estado mismo que podrá usar el bien para el destino que mejor le parezca.”

En el recinto, se estima que el proyecto es apoyado por la mayoría de los diputados kirchneristas (doce sobre un total de 14), los diez del ARI, los cinco de izquierda y los dos socialistas, además de los unipersonales Polimeni, Melillo y Lo Guzzo. Se sabe que se oponen los diputados del macrismo y de Recrear. Con esos cálculos, se cree que si el proyecto se trata, puede convertirse en ley.

Los asambleístas y trabajadores de La Alameda parecen contar hoy con más fuerza que hace dos años: la cooperativa agrupa a seis emprendimientos productivos: taller de corte, diseño y costura, parrilla, panadería, centro de copiado y servicios para la construcción. Los talleres trabajan con máquinas otorgadas por dos planes Manos a la Obra del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y por la Organización Internacional de Migraciones (OIM), que apoya las tareas de la organización.

Tras una denuncia por usurpación, la cooperativa resistió un intento de desalojo judicial, con intervención policial. El juez que tuvo a su cargo el procedimiento fue denunciado y terminó apartado de su cargo.

En octubre de 2005, la cooperativa denunció, junto a la Defensoría del Pueblo porteña, una serie de casos de explotación de inmigrantes bolivianos en talleres clandestinos que trabajan para grandes marcas. La denuncia judicial no avanzó entonces, pero se reactivó en marzo de este año, cuando uno de esos talleres se incendió, en el barrio de Caballito, con un saldo de seis muertos, entre ellos, niños. Desde entonces comenzó una ofensiva desde el gobierno porteño para regularizar la situación la situación de esos talleres. Mientras tanto, los operarios que formaban parte de ese sistema de explotación integraron la Unión de Trabajadores Costureros, que también tiene su sede en La Alameda.