Representantes de las empresas de servicios públicos básicos comenzaron a debatir ayer con legisladores y funcionarios porteños la posibilidad de aplicar en la ciudad de Buenos Aires una tarifa social para familias carenciadas. La iniciativa, impulsada por el diputado Cristian Caram, fue elogiada por las compañías, que se mostraron dispuestas a continuar con el diálogo. Sin embargo, hicieron notar que, de mantenerse el actual cuadro de tarifas, no sería posible aplicar descuento alguno. Lo que equivale a decir que alguien –no necesariamente las empresas– deberá hacerse cargo de esos subsidios.
En la reunión, que se celebró en la Legislatura, estuvieron presentes directores y gerentes institucionales de las empresas Edenor, Edesur, Metrogas y Aguas Argentinas. Por el sector estatal participaron, además de Caram, el secretario de Obras y Servicios Públicos porteño, Abel Fatala, y el titular del Ente de la Ciudad, Néstor Vicente.
De las cuatro empresas, Aguas Argentinas es la única que ya inició una política de tarifas sociales. “Propusimos aportar nuestra experiencia y el modelo con que trabajamos”, dijo la vocera de la empresa, Adriana Lauro. Tras la revisión del contrato, hace un año, la empresa debe destinar cuatro millones de pesos anuales a subsidios tarifarios, en módulos de cuatro pesos por boleta. El descuento ya se aplica en 17 municipios del Conurbano pero hasta el momento beneficia apenas a 800 consumidores. En la ciudad de Buenos Aires recién se está elaborando el padrón de beneficiarios.
La propuesta legislativa apunta a crear en la ciudad un padrón de beneficiarios de Tarifas de Interés Social, que incluiría a jubilados, pensionados y a beneficiarios de los planes de jefes y jefas de hogar desocupados, y que sería elaborado por una comisión mixta integrada por el gobierno y las empresas. “La propuesta tuvo muy buena recepción por parte de las empresas”, afirmó Caram. “Una tarifa social contribuiría a que las compañías no pierdan clientes, en un momento en que el porcentaje de morosos ronda el 20 por ciento y está en aumento”, argumentó el legislador.
El vocero de Edesur, Daniel Martini, sintetizó la posición de las privatizadas: “No estamos cerrados a la aplicación de tarifas sociales, pero esto no puede avanzar hasta que las empresas definan su horizonte como compañía. La renegociación de los contratos está estancada y hoy no tenemos tarifas”, afirmó, en alusión al reclamo de recomposición.
Las empresas hicieron notar, además, que un alto porcentaje del valor de las tarifas actuales corresponde a cargas impositivas, por lo que, sugirieron, el Estado nacional algo debería opinar al respecto. Pese a que no aportan cifras certeras, los voceros de las compañías admiten que se incrementó el número de morosos, aunque no en la magnitud que señaló Caram.
A su turno, Fatala sugirió avanzar en la delimitación de los beneficiarios mientras se define la cuestión tarifaria a nivel nacional. Los representantes de las empresas aceptaron participar en una próxima reunión, pero sugirieron invitar a representantes del Estado nacional y de los entes de control.
Los voceros elogiaron el hecho de haber sido consultados “antes de sancionar una ley que puede ser de difícil consenso”. Pero advirtieron que la tarifa social “no se aplicará a costa del desfinanciamiento de las empresas”.