“Esto es una mafia que hay que terminar. Es una vergüenza.” Quien denuncia, Fernando Maroto, es camarista de la Sala III de San Isidro. La mafia –y la vergüenza– a la que se refiere es el Servicio Penitenciario Bonaerense. Maroto presentó una denuncia ante el secretario de Derechos Humanos bonaerense, Jorge Taiana, para que investigara una cadena de muertes en diversos penales, curiosamente todas vinculadas al pedido de auxilio de dos presos (Daniel Chocobar y Darío Minetto), quienes habían denunciado que el SPB los había mandado matar por compañeros de prisión, a cambio de atenciones. Por el caso Chocobar testimoniaron alrededor de 30 detenidos, algunos de ellos reconociéndose incluso como sicarios. A fines del año pasado, Página/12 informó sobre la curiosa suerte de esos testigos: dos murieron quemados, uno en un incendio que no existió y otro, en un incendio provocado y no por él sino por guardias. La lista de casualidades cerró, el 17 de junio último, con la confirmación de la sorprendente capacidad premonitoria de Chocobar: murió apuñalado en la U9 de La Plata. Minetto no tuvo tiempo de llevar testigos. Una faca lo mató antes.
Tanto Darío Minetto como Daniel Alberto Chocobar Guaimas habían presentado, en diferentes momentos, hábeas corpus ante la Cámara de San Isidro. Ambos denunciaban temor por sus vidas a partir de relatos de sus propios compañeros de prisión, que les confesaron: “Me mandaron matarte a cambio de pastillas, salidas y buen trato”. Minetto fue trasladado a la Unidad 24 de Florencio Varela. Su denuncia se cumplió antes de que se investigara: murió en la U24 el 21 de noviembre de 2001. El caso lo investiga la Justicia de Quilmes.
El caso de Chocobar revela aún más el funcionamiento de las estructuras mafiosas dentro del SPB: el detenido presentó ante la Sala III de la Cámara de San Isidro, en junio del año pasado, 30 testigos, todos internos de la unidad 30, de General Alvear, para denunciar torturas y malos tratos. Uno de ellos se llamaba Juan Ramón Sosa, quien confirmó las denuncias, aseguró que los guardias no los dejaban dormir realizando recuentos cada dos horas durante la madrugada y que en una ocasión, al llegar tarde a la fila del recuento, fue castigado enviándolo a una celda habitualmente conocida como “buzón” por lo oscura y estrecha. La celda era contigua al buzón donde estaba castigado el rebelde Chocobar, y Sosa recordó ante el tribunal los quejidos de su compañero.
Pero, además, varios presos confirmaron los temores de Chocobar. Algunos, incluso, aseguraron haber sido tentados por autoridades penitenciarias para matarlo a cambio de mejores tratos, y según Maroto, “llegaron a señalar al propio jefe de la prisión, decían que él mismo les hablaba, y les decía ‘quiero que mates a éste, te doy pastillas, salidas’, también les proporcionaban una faca”.
El 30 de noviembre, desde la U28, de Mercedes, donde había sido trasladado, Sosa llamó a su mujer y le dio algunos detalles de los sufrimientos que se habían renovado pese al cambio de penal, pero tuvo que cortar. “Vienen muchos, me van a matar”, alcanzó a decir. Al día siguiente, apareció en el hospital, agonizando tras sufrir quemaduras. Según el SPB, Sosa se había prendido fuego a lo bonzo. Lo curioso, según denunció su madre, es que tenía su cabellera intacta, y las quemaduras se distribuían en su piel, como si hubiera sido quemado vivo con aceite o agua hirviendo. No fue el único. En una sorprendente epidemia suicida, otro preso, Ricardo Sosa Márquez, murió quemado en la U9 de La Plata. Otro, también en la 9, sufrió terribles quemaduras después de que intentara incendiarse a sí mismo. Un testigo reservado declaró ante la Justicia que un sargento y tres alcaldes mayores salieron de la celda del infortunado, con bidones “con un líquido amarillo”, entre risas, y poco después estalló el fuego. Evidentemente, no era un análisis de orina.
La coincidencia entre todos los contagiados por la epidemia suicida era que habían participado como testigos en la denuncia de Chocobar.
Finalmente, las denuncias de Chocobar se cumplieron al pie de la letra: el 17 de junio pasado fue acuchillado por un preso en la Unidad 9, durante una revuelta, y murió al día siguiente. Inmediatamente, Maroto ordenó una investigación, que recayó en la fiscalía platense. También solicitó a la Secretaría de Derechos Humanos bonaerense que tomara cartas en el asunto. Ayer, el director provincial de Promoción y Protección de los Derechos Humanos, Alejandro Kawabata, consideró que “es una declaración apresurada, aunque la Justicia tiene que investigar en profundidad”.
“Es una vergüenza por la impunidad con que se maneja el Servicio Penitenciario –sostuvo el juez–. Están diciendo que los van a matar, algunos reconocen que los tentaron para hacerlo, pero no se resolvió nada, y en lugar de eso el denunciante es asesinado. Hay abundantes elementos de prueba para una investigación imparcial, objetiva y seria, que llegue a la verdad, a fin de destacar o no la existencia de verdaderas mafias y corrupción en el ámbito del Servicio Penitenciario Bonaerense.”
Este diario consultó al SPB. La respuesta es sumamente aclaratoria: según el informe de los dos penales, Minetti y Chocobar murieron apuñalados en una reyerta entre presos.