Discriminación o necesidad. Entre esos dos extremos transcurrió ayer una polémica surgida por la denuncia contra la Prefectura por la presunta discriminación que comete la fuerza al obligar a los aspirantes al ingreso a que den cuenta de datos tales como su “religión, actividad política o sindical y nacionalidad”. Desde la fuerza y el Ministerio del Interior, de quien depende, sostuvieron que esa información es requerida porque la institución “no permite la participación directa o indirecta de su personal en actividades políticas” y para “facilitarles (a quienes entran) el tiempo y espacio necesarios para la práctica” de su credo.

Los abogados Darío Liurgo y Luis Andreani, los mismos que impulsaron una causa contra Gendarmería por rechazar a una abogada porque no llegaba a la estatura mínima exigida, radicaron la denuncia ante el juez federal Guillermo Montenegro.

Según la presentación, la exigencia de brindar esta información “afecta seriamente la libertad laboral y agravia la dignidad que emana del accionar que parece recalar en un período anacrónico y emergente de una prepotencia propia de otras décadas”.

El Ministerio del Interior, en cambio, negó que se pida información con fines discriminatorios “ni en esa ni en ninguna de las otras fuerzas de seguridad”. El vocero, Fernando Coradazzi, aseguró que “si se detecta algún caso en particular donde haya sospechas de discriminación, el ministerio se encarga de investigarlo”.

En un comunicado, Prefectura explicó que los integrantes de la fuerza no pueden participar en ninguna actividad partidaria, mientras que para ingresar se debe tener nacionalidad argentina. En cuanto a la pregunta sobre la religión, sostuvo que “es para facilitarle, a los nuevos prefectos, el tiempo y espacio necesarios para la práctica” de su credo.

El ministerio también aclaró que a raíz del caso de la abogada fue modificado el reglamento de Gendarmería y que la mujer ahora trabaja en esa cartera.