El domingo, entre las cinco y las seis de la tarde, María Cristina Ojeda, una joven que a comienzos de este año había sido rescatada de una red de prostitución junto con su amiga, Romina Gamarra, se encontraba durmiendo sola en una casa del barrio Barranquitas, uno de los más pobres de la ciudad de Santa Fe. A pesar de la presencia de una custodia permanente que las chicas tenían asignada para garantizar su seguridad, integrada por dos efectivos de la policía de Santa Fe, María Cristina “fue secuestrada, según lo que creemos, por las mismas personas que se la habían llevado el año pasado para obligarla a ejercer la prostitución”, denunció ayer a Página/12 el abogado de las dos jóvenes, Guillermo Strazza. “Ella vive a la vuelta de mi casa, a pocos metros, y se había ido a dormir. Los policías dicen que no vieron nada y es posible porque desde donde estaban no podían ver la otra casa, pero lo grave es que en la causa (contra la banda de proxenetas) hay varios prófugos que andan paseando por el barrio y nadie los detiene”, aseguró Romina, que dijo estar “muy preocupada” porque tiene “miedo de que a ella le pueda pasar algo malo”.

En diálogo con este diario, Romina aseguró que su amiga le había contado, en estos días, que había recibido “algunos llamados de la persona que la había secuestrado antes y que vive en el barrio; ella es muy reservada, no habla mucho, pero me había contado algo”. La joven recordó que el domingo habían estado juntas, en la misma casa, con la custodia policial, compuesta ese día por dos mujeres de la seccional sexta de Santa Fe, pero en un momento dado “María Cristina se fue para su pieza y de allí se la llevaron”. Tanto el abogado Strazza como Romina creen que “es imposible que se haya ido por propia voluntad, porque se fue con lo puesto, una remera blanca, una calza gris y unas ojotas de color rosa. Si se hubiera ido por su decisión se hubiera llevado algo más”.

Además de la denuncia judicial por el secuestro, en la que interviene la fiscal federal Griselda Tessio, el caso se difundió a través de la página web de la Asociación Pro Recuperación e Inserción Social del Individuo (Aprisi). La familia de la joven autorizó la publicación de su fotografía para colaborar con la búsqueda. María Cristina vive con sus hermanas y con un hijo suyo que tiene 3 años. “Cuando se la llevaron, el nene se había ido un rato con una de las hermanas de María Cristina, porque ella quería estar sola para descansar un poco”, explicó el abogado Strazza.

Romina y María Cristina fueron rescatadas, el 13 de enero de este año, cuando estaban en poder de una red de proxenetas que tenía a su cargo el prostíbulo Negro el 20, de la ciudad de La Banda, en Santiago del Estero. En una nota publicada por Página/12 el 24 de septiembre pasado, Romina había contado que estuvieron también en el prostíbulo Camarata, en General Rodríguez, provincia de Buenos Aires, y en otro de Bell Ville, Córdoba. A Romina la volvieron a secuestrar el 29 de enero pasado. De acuerdo con lo que denunció ante la Justicia, en esa oportunidad “la obligaron a concurrir a la comisaría sexta de Santa Fe, para rectificarse y decir que nunca la habían obligado a prostituirse, sino que ella se había ido de su casa por propia voluntad”, sostuvo Strazza.

En la causa por la denuncia de los abogados de Romina y María Cristina tenía intervención, hasta el viernes pasado, el juez Diego de la Torre, quien ese día se declaró incompetente y pasó las actuaciones a la Justicia Federal. Strazza le dijo a este diario que en la denuncia que hizo Romina ante el juez De la Torre “ella dijo que la persona que la secuestró es el hijo de un vecino de ella y que sigue viviendo en el barrio Barranquitas; hasta ahora nunca se hizo nada para investigar a esta gente”.

Después del secuestro del domingo pasado, la abogada Patricia Hidalgo Montefferand, en representación de Romina y de María Cristina, solicitó que se separara de la investigación y de la custodia a la policía de Santa Fe dada “las connivencias imprescindibles” que existirían entre los autores y algunos miembros de la fuerza. “La policía no hizo nada hasta la fecha”, según el escrito, que pide la intervención de la Unidad Especial de Investigaciones de la Gendarmería Nacional. Los abogados solicitaron protección para el padre y el hermano de Romina Gamarra, porque ellos dos fueron los que rescataron a las dos chicas de la red de prostitución. También pidieron al ministro de Gobierno provincial, Roberto Rosúa, que garantice la seguridad del hijo de 3 años y de las hermanas de María Cristina Ojeda.