Aprender en lugar de pagar. Ayudar en vez de abonar. Son transformaciones hacia las que apunta la modificación del Código de Tránsito provincial sancionada por el Congreso bonaerense, que incorpora tareas comunitarias entre los castigos para los automovilistas que cometan una infracción. Hasta ahora, ese tipo de faltas sólo se penaba con multas u otro tipo de amonestaciones.

La nueva norma, aprobada en la noche del miércoles, habilita a los jueces de faltas que tiene cada municipio bonaerense a disponer la realización de tareas comunitarias en reemplazo de multas, amonestaciones e inhabilitación de registro, o bien a agregarles esos trabajos de aprendizaje a cualquiera de los castigos.

De esa forma, un infractor que antes se limitaba a pagar una multa, a partir de ahora –y si el juez así lo decide– puede revertir su falta acompañando a una víctima de un accidente de tránsito en recuperación, y aquel al que antes le quitaban temporalmente la licencia, puede ahora redimirse ayudando a repartir instructivos a estudiantes primarios sobre comportamiento en la calle.

La senadora radical bonaerense Graciela De Leo, autora de la flamante ley, ponderó que “el beneficio que tiene es que la realización de una tarea comunitaria sirve más para la concientización y el aprendizaje que el hecho más mecánico de ir y pagar una multa. En definitiva, lo importante es que mejore el cumplimiento de las normas, y no que la gente abone y se olvide”.

Este nuevo texto va en el mismo sentido que la tendencia registrada en otros lugares del mundo, donde cada vez el castigo monetario para el infractor de tránsito pierde más terreno respecto de acciones más concretas. “La idea es que no alcanza con que el conductor pague, sino que le tiene que quedar una enseñanza”, explicó.

Hasta ahora, las penas que preveía el Código de Tránsito provincial se limitaban a multas, amonestaciones, inhabilitación para conducir vehículos, arresto no redimible, concurrencia a cursos especiales de educación y decomiso. Las tareas comunitarias podrán reemplazar estos castigos o bien sumarse a ellos.

“Puede ser una herramienta muy útil para el caso típico del adolescente que comete una infracción y la multa la paga el padre, que es el dueño del auto. Esto es mucho más ejemplificador y aleccionador, porque la tarea comunitaria la tiene que hacer el propio conductor”, resaltó De Leo.

Los trabajos de ayuda a la comunidad que puedan ser utilizados como castigo deberán ser seleccionados por cada municipio e informados al juez de faltas. En ese sentido, la senadora radical comentó que los gobiernos de cada partido “van a tener un papel importante, porque deberán facilitarle al juez las tareas que en cada caso se necesitan y pueden ser cumplidas por los infractores”.

De Leo aclaró que, a diferencia del proceso de la probation, en el que el acusado negocia transformar una pena en tareas comunitarias, “en el caso de esta norma es competencia y decisión pura y exclusiva del juez de faltas aplicarlas, sin la intervención del infractor” que se debe limitar a cumplir.

Para determinar en qué casos es conveniente aplicar las tareas comunitarias, el juez podrá testear al infractor, ya que “en la provincia, antes de aplicarse la pena, el conductor tiene posibilidad de descargo ante el magistrado. Eso va a permitir al juez tener un diagnóstico más preciso” sobre la viabilidad de la pena, manifestó la legisladora.

La nueva posibilidad que plantea esta ley tiene algunos límites, como por ejemplo en el caso de que el automovilista cometa una falta en una zona lejana a la que reside. En ese caso, sería más complicado hacer que cumpla con una tarea comunitaria, porque ya requeriría transferir el castigo a otro municipio.

Esta modalidad tuvo experiencias piloto en varias comunas del interior provincial, en las que según De Leo “se registraron buenos resultados”.