No hay ningún impedimento legal para que en Córdoba ya se puedan realizar ligaduras de trompas y vasectomías. Ninguna provincia tiene que adherir a la ley nacional ni puede imponer más restricciones para que mujeres y hombres mayores de 18 años puedan acceder a esas prácticas. La aclaración surge de un documento elaborado por el Ministerio de Salud de la Nación, al que tuvo acceso este diario. “Es una ley que garantiza derechos constitucionales a todas las personas y, por lo tanto, pueden ejercerlos y exigirlos en todo el país. Los legisladores cordobeses están desconociendo el alcance de la ley”, confirmó la diputada del ARI Marcela Rodríguez, una de las impulsoras de la normativa en el Congreso, en momentos en que el tema desató una fuerte polémica en la provincia de Córdoba, al punto de que una legisladora cordobesa, la kirncherista Mónica Pratto, llegó este jueves a pedir que le liguen las trompas en un hospital público como forma de presionar al delasotismo para que se implemente la ley.

La polémica explotó en Córdoba la semana pasada, cuando diferencias irreconciliables entre los legisladores que responden al gobernador Juan Manuel de la Sota y los enrolados en el sector que lidera el vicegobernador Juan Schiaretti impidieron el debate en la Legislatura de un proyecto por el cual la provincia adhería a la ley nacional 26.130 que legalizó la anticoncepción quirúrgica en todo el país. El tratamiento se frenó después de que la legisladora Alejandra Vigo, esposa de Schiaretti, se plantara en una reunión del bloque oficialista y anunciara que no iba a permitir que se aprobara la norma. Fuentes de la bancada confiaron a este diario que la resistencia de Vigo tiene que ver con el temor a enemistarse con la jerarquía católica a meses de que su esposo, que mantiene buenas relaciones con el arzobispo de Córdoba, Carlos Ñañez, dispute el sillón del gobernador en las elecciones de 2007.

En diálogo con Página/12, la diputada nacional del ARI, Marcela Rodríguez, explicó por qué la ley nacional 26.130 no requiere la adhesión de las provincias para su entrada en vigencia como ocurre con otras normativas: “Con esta ley, el Congreso reglamentó derechos sexuales y reproductivos contemplados en la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación hacia la Mujer (Cedaw), con rango constitucional, como es el derecho a decidir sobre el número de hijos y el espaciamiento entre ellos. Es una competencia del Congreso y las provincias no pueden desconocer los derechos constitucionales que garantizan una ley nacional”, detalló la legisladora. Rodríguez se preocupó de que se legislara “en términos de derechos” precisamente para evitar que las provincias pusieran obstáculos para su cumplimiento en sus jurisdicciones. Además, a propuesta suya se eliminó del dictamen que se había aprobado en comisiones un artículo que establecía que las provincias debían adherir.

Esta misma interpretación de la normativa nacional queda clara en un documento que acaba de elaborar el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, en el que se despejan las principales dudas que podrían surgir sobre la entrada en vigencia de la ley de anticoncepción quirúrgica. Al respecto, el paper dice: “Esta ley establece un derecho. El artículo 1º determina: ‘Toda persona mayor de edad tiene derecho a acceder a la realización de las prácticas denominadas ligadura de trompas de Falopio y ligadura de conductor deferentes o vasectomía en los servicios del sistema de salud’. De esta forma –destaca el Ministerio de Salud– toda persona mayor de edad podrá hacer valer su derecho en cualquier hospital o clínica del país. A partir de la ley 26.130 todas las jurisdicciones locales tienen la obligación de garantizarlo”.

El documento oficial aclara además que “ninguna regla existente o que se planee dictar una vez vigente la ley 26130 puede establecer requisitos o condiciones que dificulten o limiten el acceso al derecho regulado en la norma nacional”. En Córdoba pretenden que una junta médica sea la que decida si una persona puede someterse a alguna de esas prácticas, en lugar de que sea su voluntad, previo consentimiento informado, la que prime a la hora de decidir una intervención de este tipo, como determina la ley nacional.

El Ministerio de Salud también aclara que “las leyes de ejercicio de la medicina provinciales que restringen la realización de las prácticas (...) también son desplazadas por la ley nacional”.

Página/12 consultó a dos legisladoras cordobesas que defienden la implementacion de ley 26.130 y ambas desconocían esta interpretación de la normativa. Al parecer, ningún legislador cordobés está al tanto de que ya es legal la anticoncepción quirúrgica en su territorio. Tampoco el ministro de Salud provincial, Oscar González, que defiende la implementación de la ley, pero quiere imponer restricciones al acceso de la ligadura y de la vasectomía. González anunció que el tema se discutirá el 13 de diciembre en la Legislatura. El debate no sería necesario. A la diputada Pratto, que la semana pasada pidió que le ligaran las trompas, sólo deberían exigirle el consentimiento informado para operarla.