Apagar el incendio. O, al menos, empezar a combatirlo. Con esa lógica, la policía paraguaya liberó ayer a las 75 personas que había detenido el lunes pasado tras los incidentes que se generaron cuando se conoció la leve condena contra los dueños del shopping que se incendió y desató una tragedia hace dos años en Asunción. Al menos 69 heridos fue otra de las consecuencias que dejó la protesta que protagonizaron cerca de un millar de sobrevivientes y familiares de víctimas del incendio del centro comercial Ycuá Bolaños, en el que murieron 364 personas, cuando se enteraron de la sentencia por “homicidio culposo” que la Justicia fijó para los propietarios del local, Juan Pío Paiva y su hijo Daniel. Esa tipificación penal prevé una pena máxima de cinco años de prisión. El Ministerio Público y los abogados querellantes habían pedido una condena por “homicidio doloso”, que hubiera significado penas de hasta 25 años de cárcel, argumentando que en pleno incendio ordenaron que las puertas del supermercado fueran cerradas para evitar que los clientes se fueran sin pagar. El presidente paraguayo, Nicanor Duarte Frutos, llamó “a la cordura para no desviar la lucha por la justicia”, mientras que los familiares exigieron la renuncia de los jueces y la integración de un nuevo tribunal.