La vieja pared blanca resiste en una punta y en la otra, en el frente del baldío, pero en el medio tiene un parche de ladrillos huecos. La mayoría de ellos tiene agujeros que permiten ver hacia adentro del terreno, donde el pasto crece a la sombra de los conventillos vecinos y muestra que hace tiempo ese pedazo de tierra está vacío. Es en La Boca, donde ese tipo de escenarios se repite por decenas, porque los edificios deteriorados se convierten día a día en terrenos ociosos. En el combate contra ese fenómeno concentraron sus energías los vecinos en los últimos años. Lejos de quedarse en la retórica, confeccionaron con ayuda de profesionales de la Universidad de Morón un proyecto de recuperación de la traza urbana de la zona a través de la construcción de viviendas en los espacios desocupados, que la Legislatura transformó en ley.

La iniciativa prevé que el gobierno porteño construya casas o pequeños complejos en los predios estatales y privados de La Boca que hoy se encuentran en estado ocioso, como baldíos y edificios abandonados, y de esa forma cumpla con tres metas: brindar viviendas para quienes lo necesiten, dar trabajo en las obras y recomponer el lastimado tejido urbano del barrio.

Rodolfo Estekar es uno de los vecinos que pensaron y concretaron la idea. Se le iluminan los ojos cuando imagina el plan ejecutado. “Acá está lleno de lugares en desuso que podrían dar lugar a casas y edificios bajos, porque lo que ahora sucede es que los viejos conventillos se incendian o se vuelven endebles y el lugar que hasta ese momento ocupaban se vuelve un baldío. Aprovecharlos como proponemos en la ley permitiría empezar a recuperar la fisonomía de La Boca”, avisora, mientras observa uno de los tantos terrenos tapiados.

El emprendimiento de la gente surgió en respuesta a un plan del gobierno porteño para emplazar en los terrenos de Casa Amarilla un complejo habitacional de 12 pisos y 1200 viviendas, al que se oponen. “Ante eso presentamos un recurso de amparo para que la Justicia detuviera esa posibilidad. Nosotros queremos que se construya, pero no en uno de los pocos pulmones que tiene esta ciudad. Pero lo más importante es que no nos quedamos en la queja y le entregamos al gobierno una alternativa”, remarca Miriam Bearzotti, otra de las participantes.

Como opción al intento gubernamental, los vecinos –muchos de ellos representantes de asociaciones barriales– plantearon que, con igual inversión que la prevista para el proyecto oficial, se levante la misma cantidad de techos pero diversificados a lo largo y ancho de toda “La Boca del Riachuelo”, como les gusta llamar al barrio. Están convencidos de que así se evitaría dañar con un edificio gigante la fisonomía de la zona y además se facilitaría la socialización de los nuevos vecinos que ocuparían las casas con los habitantes actuales.

Saben por experiencia cotidiana que el barrio en el que viven es una especie de mundo opuesto al resto de la ciudad, ya que mientras en la gran mayoría de los barrios porteños se hacen las peripecias más inverosímiles para conseguir un pedacito de tierra, allí cada vez hay más lugares vacíos. Pero necesitaban una ayuda técnica que le diera sustento al proyecto. Ahí fue cuando apareció en escena la Universidad de Morón, una de cuyas cátedras se ofreció para realizar un estudio ambiental y de sustentabilidad que apoya y completa el plan de construcción de viviendas pensado por los vecinos.

“Ellos realizaron una obra extraordinaria, ya que sin pedir nada a cambio pusieron a disposición a alumnos que relevaron todas las manzanas del barrio y sus condiciones”, agradece Estekar.

Vicente Speranza, arquitecto y profesor de esa casa de estudios, se ofreció a llevar a cabo el trabajo: “Tratamos de captar el requerimiento de la gente de La Boca y le imprimimos un rigor técnico que demuestra que su propuesta es correcta y la del gobierno porteño, equivocada. El panorama edilicio que nos encontramos en el barrio es calamitoso, con viviendas que tienen riesgo de derrumbe y son peligrosas para sus ocupantes, cables de electricidad que se tocan con caños de gas y la posibilidad cierta de que en algunos lugares se produzcan accidentes muy graves”, explicó.

Con las condiciones cumplidas, los vecinos presentaron el proyecto en la Legislatura porteña. La diputada Ana Suppa lo tomó y lo presentó en el recinto. La iniciativa logró despachos favorables de todas las comisiones por las que pasó, a lo largo de casi dos años, y el mes pasado logró la sanción definitiva. Sólo falta que el Poder Ejecutivo lo promulgue –tiene que ser en los próximos días para no pasarse del mes de plazo legal que tiene para expedirse– para que comience a llevarse a cabo.

“No hay razones para que esta ley no se promulgue. No se superpone en ningún aspecto con el trabajo de otras corporaciones. Para llevar adelante las obras que propone, esta norma crea una unidad ejecutora con representantes de todos los sectores: los ministerios de Planeamiento y Obras Públicas, Espacio Público y Hacienda, el Instituto de la Vivienda de la Ciudad, la Junta Comunal de la Comuna 4 (La Boca) y el Consejo Consultivo Comunal”, informó Suppa.

La flamante ley declara en emergencia urbanística y ambiental “en lo que hace a la vivienda, servicios, equipamiento, espacios verdes y de actividades productivas al sector delimitado por las avenidas Regimiento de Patricios, Martín García, Paseo Colón, Brasil y Pedro de Mendoza”, es decir, todo el barrio de La Boca.

Informe: Eugenio Martínez Ruhl.