El mismo policía que mató en 1999 a Víctor Manuel “El Frente” Vital, conocido como “El Santo de los Pibes Chorros”, ahora asesinó a dos jóvenes acusados de robar. A Jonathan Lorenzo, de 24 años, le dio tres disparos por la espalda. A su primo, Jorge Andrés Martínez, lo eliminó con tres tiros, dos en la espalda, uno en la nuca. Al tercer pibe que iba en la misma moto, Andrés Rivero, le dio también tres, pero no logró matarlo. El policía con buena puntería se llama Héctor Eusebio Sosa, “el Paraguayo”. Según denunció ayer María del Carmen Verdú, de Correpi, que representa a las familias de las víctimas, Sosa fue ascendido a sargento mientras estaba procesado por el crimen de Vital y cuando aún no había sido absuelto por un tribunal oral en septiembre de 2005. La Correpi asegura que a pesar de haber estado preso durante un año y medio por ese homicidio, nunca fue pasado a disponibilidad preventiva por el Ministerio de Seguridad bonaerense. “Después de que estuvo preso por la muerte de mi hijo le dieron un premio para que siguiera matando”, le dijo ayer a Página/12 Sabina Sotelo, mamá del Frente y miembro del Comité de Transparencia para el Contralor de las Fuerzas de Seguridad, un organismo que depende del ministro León Arslanian.

Dos son los robos con los que se inicia la persecución que terminó con los dos supuestos ladrones muertos la tarde del 24 de diciembre pasado. El primero fue a una pareja que declaró que poco antes de las cuatro de la tarde, cuando entraban el auto al garaje de la casa, en San Isidro, desde una moto les tocaron bocina. Dos jóvenes se acercaron, uno de ellos apuntó a la mujer con un arma. Pero su marido se resistió. No los dejó entrar en la casa. A los ladrones “les cabió”, como se suele decir en la jerga delincuencial: se dieron media vuelta y se fueron. “Si eso es cierto no se entiende que ellos hayan disparado como dice la policía –le dijo a este diario Pablo, hermano de Lorenzo–. A Jonathan y a Jorge los fusilaron. Nosotros como familia no estamos a favor de la delincuencia ni nada por el estilo. Es más, podrían haber muerto en su ley, si de verdad se hubieran tiroteado, pero esto fue una masacre.”

En la causa judicial que investiga la UFI 3 de Vicente López, a cargo de Germán Saint Martin, figura también el relato de otra persona a quien desde una moto le robaron una riñonera con un celular. El móvil 28459 siguió a las dos motos desde este segundo incidente. Según los policías, Sosa y su compañero, el oficial Fernando David Herrera, con sirenas y balizas encendidas los siguieron durante cinco cuadras. Allí, una de las dos motos dobló y ellos, los policías, decidieron seguir a la que iba con tres pasajeros por la calle Díaz Vélez, siempre en Vicente López.

El relato de Sosa en la causa es minucioso: dice, según el expediente, que “en un momento determinado la moto intenta frenar y es tocada por la trompa del móvil policial, disparando en ese momento hacia los efectivos los tres delincuentes”. Según el sargento, por el golpe, Jorge Martínez se cayó de la moto pero quedó enganchado de un pie y fue arrastrado durante 150 metros “flameando su cuerpo y golpeando el mismo con la cabeza en el asfalto”. “Sosa dice que mi hermano Jonathan, que manejaba, le disparó a su propio primo, para que se desenganche y escapar más livianos. Eso es parte de su fabulación. Porque ni siquiera se encontraron cápsulas que demuestren que existió el tiroteo”, le dijo a este diario Pablo Lorenzo.

Jorge, el pibe de 19, quedó tirado en la esquina de Díaz Vélez y Basavilbaso, con cinco tiros, uno de ellos en la nuca. La persecución, que fue noticia de Crónica TV ese día, continuó durante unas treinta cuadras. En el puente de la avenida Benedetti y Panamericana, Sosa –cuenta él mismo– se quedó sin municiones en su 9 milímetros. Entrenado al fin, el policía usó entonces el arma de Herrera: gastó unas 20 balas en total. “Con dicha arma sigue respondiendo la agresión de los delincuentes”, dice el parte policial que figura en la causa. Entraron por la colectora pero en contramano, desde la provincia hacia la Capital. Es entonces cuando Jonathan, herido, pierde el control de la moto. Allí murió. Su amigo Daniel Gustavo Rivero, de 27, quedó malherido. Pasó un mes internado. Pero ya está preso en una comisaría de la zona norte.

Sabina Sotelo estaba convencida de que a pesar de que un Tribunal Oral absolvió en septiembre de 2005 a Sosa por el homicidio del Frente Vital, después de un juicio en el que los abogados denunciaron hostigamientos a los testigos durante los interrogatorios, el entonces cabo estaba, por lo menos, exonerado de la fuerza. Por eso hace una semana, cuando se reunió como militante de derechos humanos –es la presidenta de la Organización por la Vida, una ONG contra el gatillo fácil y los maltratos en las cárceles– con la familia de Jonathan y Jorge, sufrió un shock al darse cuenta, de manera casual, de que a los dos jóvenes les había disparado el mismo hombre que el 6 de febrero de 1999 mató a su hijo.

“A Sabina le han mentido los funcionarios de Asuntos Internos que le aseguraron durante años que Sosa estaba fuera de servicio”, dijo Verdú.

Voceros del Ministerio de Seguridad no alcanzaron ayer a dar explicaciones sobre el legajo del policía. Sólo dijeron que está apartado de sus funciones desde mediados de enero, mientras se investiga el doble homicidio. Sotelo explicó ayer que el bonaerense debería haber sido puesto en disponibilidad preventiva en agosto de 2000, cuando se pidió su detención por el crimen del Frente.

Vital escapó de Sosa corriendo por los pasillos de la villa 25 de Mayo, y luego por la San Francisco, en San Fernando, hasta esconderse debajo de una mesa, en un rancho. Pero allí lo alcanzó Sosa. Pateó la puerta. Disparó. El Frente estaba agachado. Sosa declaró que le disparó parado. Por el ángulo de entrada de los cinco tiros que recibió el Frente, los peritos dijeron que el policía debería haber medido 3,30 metros. A pesar de la prueba, en noviembre de 2001, en un juicio abreviado, el fiscal negoció. Sosa asumió que mató en exceso de la legítima defensa y salió en libertad porque ya había pasado un año y medio preso. En febrero de 2003, la Cámara de Casación anuló el juicio abreviado y ordenó uno nuevo, esta vez oral. En septiembre del 2005, un tribunal de San Isidro lo absolvió. Pero en todos esos años el policía nunca fue pasado a “disponibilidad preventiva”. “Esto es lo que me tiene que explicar el ministro, por qué premian a los que matan”, dijo Sotelo, quien se entrevistará mañana con Arslanian.