Un motín carcelario que no fue motín sino zona liberada para asesinar a tres internos fue denunciado por un preso de la cárcel de Corrientes que ahora tiene protección especial: de noche duerme en una comisaría y de día lo regresan al penal. El preso, Fernando Arrúa, tiene motivos justificados para temer por su vida después de revelar a la Justicia cómo se diseñó la revuelta ocurrida el 19 de marzo pasado para dar muerte a otros tres presos, uno de los cuales, Ramón María “Arnold” Centurión, era uno de los chapas más chapas del penal. La muerte de Arnold fue el resultado de una lucha interna con el Monchi Tuama para dirimir quién controlaba los negocios, con los auspicios de la corrupción interna del servicio. Cinco días antes, el propio Arnold había atacado a Tuama sin éxito. Las revelaciones de Arrúa sostienen que Arnold, Huevo Frito Ramírez y Samuel Céspedes murieron acuchillados con facas y baleados por una pistola entregada por un oficial, en medio de una gigantesca batahola que se produjo con la venia de las autoridades. Arnold y su victimario Tuama habían formado parte de la misma banda que en noviembre de 2004 asesinó, de la misma manera, a Carlos Soto, quien no sólo era dueño de los negocios internos, de las salidas para robar, del reparto de droga y alcohol y de buena parte de las bailantas de la ciudad capital: además, tenía tanto dinero que era el prestamista habitual de los guardias de bolsillos magros.

La unidad 1 de Corrientes, ubicada sobre la cabecera del puente General Belgrano que cruza a Resistencia, es un edificio de más de cien años, con capacidad para 180 internos y con 460 alojados en la actualidad. Los presos, arrumbados entre tanto ladrillo viejo, resultan además clientes cautivos de la corrupción penitenciaria. Hasta noviembre de 2004, la cárcel estaba controlada por Carlos Soto, quien además de manejar las bailantas de la ciudad, tenía fondos suficientes para hacer de prestamista de presos y guardiacárceles. Semejante jerarquía no se obtiene sin protección superior. Y duró hasta que se enemistó con las autoridades por alguna devolución mal pagada o no retribuida hacia arriba. En la cárcel los créditos tienen como hipoteca la propia existencia. Y Soto pagó con su vida. En aquella oportunidad, Arnold Centurión y el Monchi Tuama fueron las cabezas visibles de un motín dirigido a asesinarlo y a arrancarle el poder con la venia de los penitenciarios.

Muerto el rey, Arnold pasó a controlar sus negocios en el pabellón de máxima seguridad y Tuama controló el pabellón 1.

El 14 de marzo, Centurión bajó con un grupo y atacó a Tuama. En la pelea, Tuama zafó. El 19 vino la vendeta. Según las autoridades del penal, todo consistió en una “refriega entre bandas, una cuestión delictiva”. El fiscal de instrucción 3, Gustavo Schmidt, seguía la línea del conflicto entre bandas y no avanzó sobre la corrupción penitenciaria. Pero el martes 20, los presos del penal lanzaron una huelga de hambre generalizada para que se profundizara la investigación.

El jueves, Arrúa declaró ante el fiscal general adjunto Jorge Semhan, durante tres horas, luego de que le aseguraran garantías para su vida. Dijo que no se trató de un motín sino de una refriega entre bandas en la que la corrupción penitenciaria tenía intereses. Sostuvo que se organizó un complot entre guardias y presos para sacarse de encima a Centurión, y que el penal se transformó en una zona liberada. Aseguró que antes de que mataran a Centurión, a las 10 de la mañana del lunes, se realizó una requisa “tremenda” que quitó todas las facas en poder de los presos. Y que media hora más tarde, la guardia entregó facas, hachas, armas blancas, dinero y una pistola calibre 38 a una decena de hombres de la banda de Tuama.

Arrúa acusó al guardia Saúl Gómez como quien proveyó el arma con que dispararon contra Arnold. También le asestaron un hachazo en el parietal derecho. En la pelea, en la que resultaron heridos diez presos, además de Arnold murió su segundo, José Oscar “Huevo Frito” Ramírez, quien sufrió varios puntazos, y le abrieron la cabeza de un hachazo hasta el cuello. Otro de la banda de Arnold, Samuel Antonio Céspedes, fue gravemente herido e internado en el hospital Vidal de la capital correntina, pero murió el sábado.

El mismo sábado, una resolución de la Jefatura del SPC, que está intervenido (ver aparte), pasó a disponibilidad a siete penitenciarios y la guardia del día en que se produjo el motín que no fue motín. Los nombres de los uniformados no fueron distribuidos a la prensa, pero sí la necesaria aclaración de las autoridades de que la disponibilidad “de ninguna manera significa que se los acuse de nada sino que se realiza para facilitar la investigación de la Justicia”.

Desde entonces, los presos del penal siguen en huelga de hambre, y Arrúa, el denunciante, durmiendo en una comisaría y llevado de vuelta, durante el día, a la unidad de sus denunciados.