Mientras la mujer miraba desolada los despojos de su precaria vivienda, los chicos se entretenían juntando los cartuchos vacíos de las balas de goma. Las vainas, desparramadas por la tierra, eran un indicio de la magnitud de lo que ocurrió ayer a la mañana en un predio de Villa Diamante, en la localidad bonaerense de Lanús. Un regimiento de policías desalojó a las 400 familias que habitaban el terreno utilizando gases lacrimógenos y balas de goma. Varios ocupantes del asentamiento resultaron heridos por el violento operativo. Siete policías también fueron lastimados, en su caso por las pedradas con que los vecinos respondieron a la represión.

Este fue el cuarto intento de cumplir con la orden judicial de desalojo dispuesta por el Juzgado Nº 4 de Lomas de Zamora a favor de la Asociación de Curtiembres de la Provincia de Buenos Aires (Acuba), los propietarios del terreno. El anterior fue el 3 de abril pasado, cuando grandes topadoras, escoltadas por la policía, derribaron las viviendas que se extendían a lo largo de las 35 hectáreas del predio. En esa oportunidad no hubo incidentes, pero los damnificados mantuvieron cortado por dos horas el Puente Alsina, en Pompeya, en reclamo de una solución.

Unos veinte camiones con personal de Infantería se extendieron ayer por las calles aledañas al predio para ejecutar la orden. El operativo comenzó a las 7 y terminó de manera violenta pasado el mediodía. El conflicto, las corridas y los gritos se instalaron en la escena cuando un grupo de vecinos se resistió a abandonar el lugar. Los policías con cascos y palos comenzaron a arrojar gases lacrimógenos y balas de goma a las 400 familias que se resistían a pedradas a dejar el predio.

“Esta vez, más de 600 policías aparecieron armados con escudos, palos y granadas de gas de humo y gases lacrimógenos, quemaron cinco casillas y reprimieron con balas de goma”, relató Juan, un ocupante del predio ubicado en Olazábal y 24 de Junio, entre Florida y Farrel, en la localidad del sur bonaerense.

Por su parte, el inspector Roberto Fernández, uno de los policías a cargo del operativo, dijo que “los ocupantes ilegales que se opusieron a la medida tiraron bombas molotov y trozos de hierro contra las fuerzas de seguridad”. Además, fuentes policiales informaron, en contra de lo que denunciaron los vecinos, que se utilizaron perdigones de estruendo y de goma y granadas de gas de humo para disuadir a los ocupantes a que abandonaran el lugar.

Como consecuencia de los incidentes, cinco ocupantes del asentamiento habrían sufrido heridas. Un sexto vecino recibió un balazo en un ojo y fue atendido en el Hospital Santa Lucía. “El paciente llegó con un traumatismo contuso en la mejilla por una herida de bala de goma”, señaló la directora del hospital, Graciela Reybó.

Además, siete policías debieron ser atendidos en el hospital Evita, de Lanús, por heridas de diferente gravedad. Carina Murano, médica a cargo de la guardia de ese centro de salud, dijo que “dos policías presentaban traumatismo de cráneo, uno tenía lesiones en una mano y los demás, golpes múltiples”.

Desde el municipio de Lanús desligaron responsabilidades en la búsqueda de solución al problema habitacional que tienen los ocupantes. “Este es un problema privado entre los titulares del bien y este grupo de gente. Hasta ahí llegamos nosotros”, sostuvo el secretario de Gobierno de Lanús, José Luis Biachi. “Resolver el déficit habitacional de 600 familias es un problema que excede al municipio. Lamentablemente, no estamos en condiciones económicas ni de espacio físico para darles una alternativa. Ellos deberían llevar su reclamo a otro nivel, al Gobierno nacional”, dijo.