Tras acordar con las autoridades un censo para ser registradas oficialmente como “familias en emergencia habitacional” (y que de esa forma se analice incluirlas en planes de vivienda), las 400 personas que ocupaban desde el sábado un complejo del Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC) en el Bajo Flores abandonaron ayer el lugar, en su mayoría de forma pacífica, en medio de un amplio operativo de la Policía Federal. Voceros del Ministerio del Interior aseguraron que medio centenar se negó al desalojo y fue demorado, aunque representantes de los vecinos sostuvieron que esas detenciones fueron selectivas y no por resistencia. Las unidades que habían sido ocupadas están semiterminadas y prontas para ser entregadas a sus adjudicatarios.

El desalojo comenzó apenas pasadas las 9 y se extendió hasta cerca del mediodía. El director del IVC, Claudio Freidín, confirmó a Página/12 que en el complejo, ubicado en Bonorino y Oceanía, se produjeron durante la ocupación algunos destrozos que “retrasarán unos 15 días su adjudicación definitiva”, prevista originalmente para “el próximo 10 de mayo”.

Si bien algunos de los ocupantes habían amenazado a lo largo del sábado pasado con que “sólo muertos” los iban a poder echar, finalmente en la mañana de ayer aceptaron el desalojo a cambio de ser censados por integrantes del Ministerio de Derechos Humanos porteño como familias en emergencia habitacional. A través de ese trámite, “luego el IVC coteja los datos para saber si ya están incluidos en algún plan de vivienda, y si no es así, se analiza la posibilidad de que ingresen a alguno de ellos”, explicó Freidín.

El complejo habitacional amaneció ayer rodeado por unos 600 agentes de la Policía Federal, la Guardia de Infantería y la División Perros, además de personal de Migraciones. Todo a partir de la orden de desalojo que emitió el juez Horacio Azzolín, del Juzgado de Instrucción número 4. En ese contexto, pasadas las 9 y previa charla con las censistas, los ocupantes empezaron a abandonar las viviendas, en un proceso que se extendió durante varias horas.

“La operatoria fue tranquila. Dialogamos con las familias y les explicamos la situación y la propuesta. Con muchas ya habíamos tenido contactos en anteriores tomas, y eso facilitó el diálogo. Así, llegamos a un acuerdo con los delegados de cada unidad, que permitió resolver el tema. Después la policía entró pacíficamente”, aseguró Patricia Malanca, del programa Buenos Aires Presente, que pertenece a Derechos Humanos de la Ciudad.

Según voceros del Ministerio del Interior, de los 382 ocupantes, 240 eran menores de edad. De los 142 mayores, 52 fueron demorados por resistir el desalojo y quedaron a disposición de Azzolín. Sin embargo, representantes de los vecinos aseguraron que las detenciones tuvieron otros motivos. “La policía nos dijo que los que quisieran ser censados se quedaran en las viviendas para las entrevistas, y que los demás se fueran pacíficamente. Nosotros no queríamos hacer el censo, porque estamos cansados de que nos mientan. Entonces decidimos salir, pero nos obligaron a registrar nuestras huellas y nos sacaron fotos de perfil. Ahí empezaron a detener sólo a la gente del barrio Rivadavia, y al resto los dejaron ir”, contó a este diario Silvia, una de las vecinas.

La mayor parte de los ocupantes son de la 1.11.14 y del Rivadavia, justamente los dos lugares a los que pertenecen los adjudicatarios legales de estas viviendas del Bajo Flores. El resto de las personas desalojadas ayer son del Barrio Illia y de municipios del Gran Buenos Aires.