Julia está casada y tiene cuatro hijos. Hace seis meses le diagnosticaron cáncer de mama y le aplicaron quimioterapia. Pero el cáncer se extendió a los ganglios linfáticos. En el medio, tuvo un atraso menstrual y se hizo un examen de embarazo. Le dio positivo. Su ginecólogo le dijo que el embarazo agravaba su pronóstico de salud, ya que los cambios hormonales podían acelerar su enfermedad. Además necesitaba la radioterapia y si quería seguir adelante con el tratamiento era aconsejable interrumpir el embarazo. Sin embargo, la dirección del hospital no permitió a los médicos hacer el aborto si no se contaba con una autorización judicial. Sobre ese hipotético caso –que resume la situación de muchísimas mujeres con derecho legal a realizarse un aborto no punible y que encuentran impedimentos para concretar su derecho– trabajó el Comité Argentino de Bioética para pronunciarse en un documento con una serie de recomendaciones que van desde “asegurar la atención de los abortos terapéuticos y evitar su judicialización” hasta “responsabilizar a quienes obstruyen el ejercicio de ese derecho”.

El Observatorio Argentino de Bioética, que coordina Flacso e integran diversas organizaciones e instituciones académicas (ver aparte), presenta hoy el documento, titulado “Aborto por motivos terapéuticos: artículo 86 inciso 1 del Código Penal Argentino”. Allí dictamina que “es frecuente que el personal médico se niegue a practicar los abortos no punibles establecidos en el Código Penal y exija una autorización judicial para realizarlos. Ese requisito no está previsto por la ley y su exigencia impide, en muchos casos, el goce del derecho a la salud y a la autonomía. Este requerimiento provoca una discriminación por condición social, ya que las mujeres de mayores recursos pueden, generalmente, acceder a un aborto seguro”.

Dos de las integrantes del Observatorio –Florencia Luna, doctora en Filosofía, investigadora del Conicet y coordinadora del Proyecto de Bioética de Flacso, y Mariana Romero, médica, investigadora del Conicet y del Centro de Estudios de Estado y Sociedad (Cedes)– dialogaron con Página/12 sobre la importancia de generar un consenso de expertos para no sólo investigar sobre la realidad, sino, también, intentar intervenir para que las Julias no sigan esperando.

–El año pasado se conocieron varios casos de mujeres con muchas trabas para acceder a un aborto no punible. ¿Este informe es una respuesta a ello?

Mariana Romero: –El Observatorio surgió en 2002 y, en este tema, estamos trabajando desde hace dos años. Pero durante 2006 nos llamó la atención que surgieran varios casos que mostraron que no hay una indicación clara de cómo proceder en abortos terapéuticos.

Florencia Luna: –Lo dramático es el tiempo que lleva para la mujer que padece una situación de este tipo poder realizar algo que el Código Penal permite que se haga. En una victimización mayor de la víctima. Es paradojal que cuando las mujeres van a buscar el amparo de la Justicia encuentran desamparo.

M. R.: –Tanto en los casos de Mar del Plata (una nena abusada por su padrastro) como de Mendoza (una adolescente discapacitada violada por un allegado), sus madres tenían una estructura que les permitía recurrir a un abogado e iniciar una causa y, si era necesario, apelar al circuito clandestino. En cambio, la mamá de la chica de La Plata (la joven conocida como L.M.R., violada por un familiar) no tenía, ni siquiera, esas condiciones. Pero sí resulta sorprendente que en los tres procesos la violación (aprovechándose de mujeres discapacitadas o de una menor con un vínculo paternal con el abusador) queda olvidada en el proceso y la discusión empieza a ser el aborto. La sociedad está más dispuesta a cuestionar la interrupción de un embarazo que la violación de una mujer en situaciones de vulnerabilidad.

–Ustedes reafirman que no es necesario pedir la autorización judicial para que las mujeres puedan acceder a un aborto no punible.

F. L.: –Muchas veces los jueces coinciden con esta posición, pero dicen “nosotros no tenemos que hacer nada porque está permitido y si hay algún problema vamos a actuar, pero no previamente”. Por eso, la búsqueda de una seguridad de parte de los médicos en requerir una autorización judicial retrasa todo el proceso.

M. R.: –En algunos casos, la amenaza a los médicos existe. Uno de los jueces de la Suprema Corte bonaerense (Federico Domínguez) advirtió en su fallo (de minoría) sobre la situación de L.M.R que “los médicos se atengan a las consecuencias penales que esto pueda ocasionar...”. Igualmente, la corporación médica no ha tenido una actitud favorable a los derechos de la mujer.

F. L.: –La comunidad médica podría haber planteado que necesitaban que estas cuestiones queden claramente reguladas. Pero no se ve que defiendan los derechos de sus pacientes. Una, a veces, siente que hay una actitud muy hipócrita porque alguien hace los 700.000 abortos clandestinos que se efectúan en el país. No serán todos médicos, pero una parte seguro que sí es profesional.

–¿Consideran un avance la reglamentación bonaerense sobre abortos no punibles?

F. L.: –Sí, aunque sea perfectible, es por lo menos un camino que ayuda a los médicos a saber cómo proceder y a sentirse amparados.

M. R.: –La situación ahora es mejor que un tiempo atrás. Hace unos años éste era sólo un problema de la persona y no un problema de salud pública. También se está acompañando un cambio social. En las encuestas de opinión pública el acuerdo con el aborto en casos de violación o de riesgo para la salud de la mujer es del ochenta por ciento o más.

F. L.: –Una cosa es lo que opina la mayoría y otra cosa es lo que intentan imponer grupos de poder que hacen un fuerte lobby cuando las que más sufren son las mujeres sin recursos económicos, culturales y emocionales. En definitiva, éste es un problema de equidad y de justicia.