Con el argumento de “urbanizar el predio y construir nuevas viviendas para los vecinos”, el intendente de San Martín, Ricardo Ivoskus, justificó el desalojo de 200 familias que ocupaban, hasta ayer, dos predios ubicados en jurisdicción de su partido, uno de los cuales pertenece al municipio y el otro al Ceamse. El trámite no fue pacífico: si bien muchas familias aceptaron la retirada, muchos resistieron la medida y la represión que siguió provocó heridas al menos a siete personas.

El desalojo –del que participaron unos 400 agentes policiales de la Departamental San Martín y de la Guardia de Infantería– comenzó a las 7.30 y, si bien la mayoría de las familias accedió a dejar el lugar, un grupo de jóvenes se resistió a abandonar los predios arrojando piedras. El enfrentamiento se produjo cerca del predio, después de que un grupo de jóvenes arrojaran cascotes y otros elementos contra los efectivos, que a su vez utilizaron gases lacrimógenos y balas de goma.

Una de las mujeres desalojadas relató que ellos habían accedido a desalojar “pacíficamente” el lugar y manifestó que, como consecuencia de la represión, al menos “siete personas sufrieron heridas y cuatro fueron detenidas”.

El predio, de unas cuatro hectáreas, ubicado sobre el Camino del Buen Ayre, a la altura de la calle Debenedetti, en José León Suárez, fue desalojado en poco más de dos horas. Ante la lluvia de gases y balas de goma, los ocupantes que se resistían tuvieron que retroceder e ingresaron a un barrio lindero, el Libertador, de Loma Hermosa, donde se reagruparon, pero nuevamente fueron dispersados. La incursión policial en ese barrio causó pánico ente sus habitantes, que tuvieron que encerrarse en sus casas para no quedar en medio de los enfrentamientos.

Si bien muchas de las familias que habían ocupado el terreno habían aceptado el desalojo y se habían ido con sus cosas, el resto –en su mayoría, adolescentes– resistió a piedrazos. Entonces, la Guardia de Infantería, formada en fila, comenzaron a avanzar y a reprimir.

Antes de que lleguen las topadoras, algunos efectivos policiales se dedicaron a desmantelar, con sus manos, las precarias casillas que se habían levantado en los predios. La gente estaba asentada en el lugar hace aproximadamente un mes.

Luego de que los policías despejaron algunas de las construcciones de chapa y lona, llegaron al lugar topadoras que terminaron de derribar lo que quedaba en pie y de nivelar el terreno.

La orden de desalojo fue dada por el juzgado número 4 de Garantías de San Martín, Solange Cambet, que hizo lugar a una denuncia de oficio que realizó el intendente vecinalista a Municipalidad de San Martín, Ricardo Ivoskus. Enrique Velasco Cerviño, fiscal de instrucción del tribunal de San Martín, explicó que “se trata de dos terrenos: el más pequeño es de la Municipalidad de San Martín y el más grande es del Ceamse”, la Coordinación Ecológica Area Metropolitana Sociedad del Estado, que realiza el transporte y disposición final de los residuos sólidos domiciliarios.

Según dijo el fiscal, “el terreno de la municipalidad ingresó al plan de vivienda nacional, y el del Ceamse fue cedido para este plan”, impulsado por el Ministerio de Planificación. “Previamente hay que sanearlo y analizar si es habitable. Una de las razones del desalojo es que el terreno no está apto para la vida humana porque tiene rellenos sanitarios”. Es decir que en el lugar funcionó nada menos que un basural.

Pasado el mediodía, los predios eran custodiados por personal policial, que cercaron el lugar para evitar que sea nuevamente ocupado.

Los pobladores desalojados expresaron a los medios que esperaban una solución a su problema de vivienda y dijeron que venían reclamando por la tenencia legal de esos terrenos.

La ocupación y posterior desalojo del predio se produjo en el marco de una serie de episodios similares que se registraron en los últimos días en el conurbano y en la ciudad de Buenos Aires. Hace dos semanas se produjo un violento intento de desalojo en un predio de Lanús, junto al Riachuelo, donde los ocupantes también resistieron la medida judicial. En territorio porteño también se registraron varias tomas, una de ellas en Parque de los Patricios, en un predio del Onabe. Hace diez días fueron desalojadas las familias que habían ocupado viviendas en barrio Bonorino, en el Bajo Flores. Por el caso hay 37 personas procesadas. Ayer, en tanto, se supo que vecinos de la Villa 20, en Villa Lugano, que ocupan terrenos linderos a ese barrio, volvieron a avanzar sobre un predio que pertenece a la Policía Federal y que les habían prometido desde hace tiempo para un plan de viviendas.