Los integrantes del grupo Callejeros fueron sobreseídos en la causa que investigaba si los músicos habían pagado coimas a policías para evitar la clausura de República Cromañón, donde el 30 de diciembre de 2004 un incendio provocó la muerte de 194 personas. Los artistas estaban imputados por presunto cohecho a raíz de la denuncia que había presentado José Iglesias, padre de una de las víctimas mortales, sobre la base de un supuesto acuerdo ilegal entre la banda, el por entonces gerente del boliche, Emir Omar Chabán, e integrantes de la fuerza de seguridad para desatender irregularidades de la discoteca.

La causa, un desprendimiento del expediente principal abierto por la tragedia de Cromañón, había contado con una acusación de similares características efectuada por el fiscal Juan Manuel Sansone.

La jueza María Angélica Crotto dispuso el sobreseimiento de Patricio Santos Fontanet, Diego Argañaraz, Juan Alberto Carbone, Daniel Cardell, Maximiliano Djerfy, Christian Torrejón, Elio Delgado y Eduardo Vázquez.

Según la resolución, los integrantes de Callejeros “eran ajenos” a un supuesto acuerdo celebrado entre el único preso en la causa, Chabán, y la plana mayor de la Comisaría 7ª de la Policía Federal, que tiene jurisdicción sobre la zona en la que funcionaba Cromañón.

“La existencia de un pacto venal entre los efectivos y Chabán con el objeto de que los primeros omitieran, a cambio de dinero, realizar todo acto tendiente a hacer cesar las infracciones en las que incurría el local República Cromañón, se encuentran fuera de discusión, al menos a esta altura del proceso”, sostuvo la jueza.

Pero añadió que “nada permite afirmar que todos o alguno de los integrantes (de Callejeros) conociera que la entrega dineraria por parte de Chabán y Raúl Villarreal fuera espuria, es decir, que fuera una retribución por la omisión de control.” Villarreal, según se desprende del expediente, habría sido la “mano derecha” del ex gerente de la discoteca.

Para Crotto, si bien Chabán y Callejeros compartieron la organización de los recitales de fines de 2004 y repartieron los dividendos, los músicos supusieron que “lo que se pagaba como gastos de Policía eran los conocidos ‘servicios adicionales’”.

Los artistas “asintieron el descuento de dinero que les correspondía en la firme creencia de que se lo hacía a los fines de abonar un servicio que Chabán y/o Villarreal les presentaban como habitual, necesario y, sobre todo, legal, que era la retribución por un servicio que, por la índole del evento, era necesario para prevenir cualquier tipo de desorden”. “La presencia de personal policial en las inmediaciones del lugar le daba un marco de legalidad al pacto espurio concertado, del cual los integrantes del grupo Callejeros eran ajenos”, consideró la jueza.

Al desvincular a los integrantes del grupo de la responsabilidad en el supuesto cohecho, la jueza subrayó que “nadie que no estuviera al tanto de los términos del ‘contrato’ que ligaba a los policías con Chabán y Villarreal tenía motivos para dudar sobre la licitud del pago”.

“Ninguno de los imputados actuó con el dolo que exige la figura penal del cohecho activo, pues no tenían conocimiento de que parte de su dinero estaba siendo destinado al pago de sobornos, sino que lo efectuaban en la creencia de que era para el abono de la policía adicional”, concluyó Crotto.

Los integrantes de Callejeros están procesados por “estrago doloso seguido de muerte”, una figura penal por la que podrían ser condenados a penas de hasta veinte años de prisión y mediante la que, en fecha a determinar, deberán afrontar un juicio oral y público.