El gobernador Julio Cobos pretende convertirse en el mejor alumno de la “mano dura”. En un discurso marcadamente autoritario anunció que “vamos a privilegiar la vida por encima de las leyes” para combatir el delito y consideró que “hay que trabajar en la prevención, así sea poniendo límites a los derechos”. Fue al abrir por cuarta y última vez en su mandato las sesiones ordinarias de la Legislatura mendocina, durante el feriado del 1º de Mayo, en el marco de una fuerte demanda ciudadana de seguridad que lo obligó a echar a su quinto ministro de Seguridad y poner al frente de la cartera a su alfil político y mentor de la Concertación K en esa provincia, Alfredo Cornejo. Con el flamante funcionario y diputado nacional, Cobos impulsa un paquete legislativo que incluye desde una reforma para limitar las excarcelaciones –en línea con las ideas de Blumberg que la provincia de Buenos Aires está desandando– hasta un polémico proyecto de escuchas telefónicas con orden judicial. Además, firmó un acuerdo con el presidente de la Cámara de Agencias de Seguridad Privadas –un ex policía mendocino sancionado durante la última dictadura militar por pedir una picana prestada a la Federal– para que colaboren con el sistema público de seguridad.

En una carta al presidente Néstor Kirchner, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) expresó en las últimas horas su “profunda preocupación” por la posible sanción de leyes que limitarían las excarcelaciones y los discursos de seguridad autoritarios sostenidos por el gobierno en la provincia de Mendoza. Medidas de ese tipo “no sólo han demostrado en diferentes momentos y en distintas jurisdicciones su fracaso como políticas orientadas a reducir los niveles de delito, sino que han agravado la vulneración de derechos de la ciudadanía”, dice la carta que llegó a la Casa Rosada con las firmas de Horacio Verbitsky y Gastón Chillier, presidente y director ejecutivo del CELS. También le escribieron al gobernador de Mendoza.

Cobos no es cualquier gobernador. Es el radical K que pretende integrar como vice la fórmula presidencial del oficialismo para las próximas elecciones nacionales.

La demanda ciudadana por mayor seguridad en la provincia creció en las últimas semanas a partir de la muerte de Laura Abonassar, un ama de casa de 42 años, de clase media, baleada en la cabeza en el departamento de Godoy Cruz, cuando tres delincuentes le robaron el Peugeot 307 que conducía, mientras llevaba durmiendo en el asiento trasero a su hijo de 5 años. Los ladrones la dejaron agonizando en una acequia y arrojaron a la criatura encima de su madre. La mujer falleció el 17 de abril. El violento asalto desencadenó una crisis en el gobierno. Cobos decidió reemplazar a Miguel Bomdino como ministro de Seguridad –el quinto que ocupaba el cargo durante su gestión– y nombró en su lugar al diputado nacional Alfredo Cornejo, un político de su riñón, impulsor de la concertación con Kirchner en la provincia, que ya se había desempeñado al frente de esa cartera, antes de la campaña de las últimas legislativas. Y se montó al discurso de “mano dura” para enfrentar la situación.

Al asumir, Cornejo dijo que se movería “al filo de la ley”. Cobos subió la apuesta. En la apertura de las sesiones legislativas, el martes último, se salió del discurso preparado para referirse a la inseguridad e improvisó, apuntando casi exclusivamente al Poder Judicial como responsable del problema. “Vamos a privilegiar la vida por encima de las leyes. A los jueces, cuando les hablo de la realidad, quiero que me contesten desde la razón y no desde el derecho”, dijo el gobernador radical, y pidió a los legisladores que prioricen la sanción de dos leyes que considera “clave” para combatir el delito: una que restringe las excarcelaciones y otra sobre escuchas telefónicas “preventivas”, para habilitarlas sólo con indicios y no con una sospecha judicial firme de por medio.

“Hay que trabajar en la prevención, así sea poniendo límites a los derechos. Y no tiene que ver con la tolerancia cero, es sentido común. Vamos a privilegiar la libertad, pero primero vamos a preservar la vida”, agregó Cobos en otro tramo de su discurso, según consignó la cobertura del diario Los Andes. Al referirse al proyecto de escuchas telefónicas, que tiene media sanción del Senado, Cobos agregó: “No vamos a invadir la privacidad ni la propiedad privada. Sólo queremos prevenir el delito”.

Ambos proyectos, en realidad, llevan por lo menos dos años de debate y fueron reflotados ahora. Pero no lograron pasar en los últimos días el filtro de la Cámara de Diputados por cuestionamientos sobre su constitucionalidad. Diputados del PJ junto con los del Partido Demócrata y el ARI expresaron su oposición a las iniciativas, que seguirán debatiéndose. También fueron criticadas por juristas como los ministros de la corte mendocina Alejandro Pérez Hualde y Aída Kemelmajer de Carlucci. “Las leyes que tenemos son razonables, no hay por qué endurecerlas. Si vamos a ser más estrictos con las excarcelaciones, hay que tener cárceles adecuadas. ¿Dónde vamos a meter a esos presuntos culpables”, se preguntó la jueza, en declaraciones a la prensa local.

La limitación de las excarcelaciones que pretende instrumentar Cobos para limitar ese beneficio está en línea con una reforma que impulsó el ex gobernador Carlos Ru-ckauf en el territorio bonaerense y que derivó en una sobrepoblación carcelaria. En la provincia de Buenos Aires se volvió atrás con esa política en 2006, con el voto mayoritario de los legisladores del Frente para la Victoria, luego de que la Corte Suprema de la Nación exhortara al gobierno de Felipe Solá a tomar cartas en el asunto por la problemática del hacinamiento penitenciario. El sistema carcelario de Mendoza está bajo la lupa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por las condiciones de detención de los presos (ver aparte).

En este contexto de profundización de una política de “mano dura”, a contramano del discurso del gobierno nacional, defensores de derechos humanos han venido recibiendo amenazas. Al abogado Pablo Salinas le llegó una carta en la que le advierten que cuide a su familia y le dicen: “Dejá de defender gente de la cárcel, defendé gente de trabajo”. También fue amenazado Alfredo Guevara, a quien le dejaron pintadas en el estudio que comparte con Salinas.

Ayer, Página/12 quiso entrevistar al ministro Cornejo. Se acordó el reportaje telefónico con su vocero, pero nunca se concretó porque el funcionario no devolvió los llamados como se había comprometido y no pudo ser localizado.

El gobierno mendocino argumenta que uno de los problemas para enfrentar el delito es un déficit del número de policías. Según dice en la provincia hay 6700 y se necesitarían unos 11.500. Por esa razón, anunció que flexibilizará el ingreso a la fuerza. Y hasta saldrá a reclutar nuevos agentes en las escuelas secundarias y creará un cuerpo de vigiladores comunitarios que, sin armas, serán asignados a parques y plazas.

Además, el nuevo ministro de Seguridad firmó un convenio con la cámara de agencias de seguridad privada para que trabajen “mancomunadamente” con la policía en la prevención del delito: los vigiladores privados darán cuenta al Comando Radioeléctrico si observan algún “hecho sospechoso” en el “objetivo” (por ejemplo, un banco) que están cubriendo y hacia allí se enviarán móviles policiales.

“El acuerdo con las agencias privadas es uno de los puntos que más nos preocupan. Como en todo el país, están conformadas por ex policías, exonerados de la fuerza”, señaló a este diario el abogado Diego Lavado, de la entidad de derechos humanos Xumek, a la que pertenecen también Salinas y Guevara. Como muestra para ver en qué manos están las agencias que se sumarán al sistema de seguridad pública en Mendoza vale mencionar quién preside la cámara que las agrupa: Fernando Morelato, que en 1979, siendo un joven oficial de la policía provincial, fue sancionado por pedir prestada una picana a la Federal para interrogar a dos militantes montoneros, sobre cuya desaparición está acusado.