La mano dura y la corrupción en Mendoza tienen su escenario internacional desde hace un buen tiempo, sponsoreados por la penitenciaría, eufemismo con el que se conoce a la fábrica de asesinato de presos, incluyendo el descuartizamiento, ubicada en la capital mendocina. El estado espantoso de ese penal sentó al Estado argentino en el banquillo de los acusados de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el máximo tribunal americano en la materia. La causa fue presentada por los abogados Carlos Varela, Diego Lavado y Pablo Salinas. Este último sufrió en abril pasado gravísimas amenazas a su vida y a la de sus familiares, lo que llevó a una nueva intervención ante la CIDH y un nuevo papelón internacional de la mano del gobierno mendocino.

La penitenciaría está desbordada de presos (son más de 2000 para una cárcel preparada en principio para unos 700) con niveles de violencia inauditos. Las condiciones de hacinamiento son tales que tras una visita al penal realizada en abril de este año por el presidente de la Federación de Colegios de Abogados de Argentina, Juan Valente, acompañado por los abogados denunciantes ante la CIDH Pablo Salinas y Carlos Varela, Valente sostuvo, horrorizado: “Nunca vi nada igual en mi vida de abogado”. Mientras el expediente avanzaba en la Corte y este tribunal ordenaba tomar medidas provisionales para proteger la vida de los internos y sus lamentables condiciones de alojamiento, un preso fue asesinado y descuartizado, su cabeza pateada como una pelota de fútbol y sus miembros esparcidos en diferentes pabellones.

En el mismo penal, el Perro Videla, uno de los menores de 18 años condenados a perpetua y cuyo caso fue el primero en llegar a la CIDH, sufrió un sorprendente suicidio con manos ajenas, tal como reveló Página/12 en su edición del 9 de mayo de 2006.

Pero no sólo las cárceles mendocinas son sinónimo de violencia uniformada. El 7 de enero pasado, la policía mendocina dijo que Jonathan Oros había entrado a los tiros a una comisaría y se vieron en la inevitable obligación de dispararle en defensa propia. Pero una testigo vio cuando los policías lo masacraban desarmado. A la testigo la tuvo que buscar el abogado de la familia. El amenazado Pablo Salinas.