N. tiene mucho miedo, pero no está sola. La adolescente jujeña que quedó embarazada por una violación, en el mismo pueblo que Romina Tejerina, y que quiere abortar, recibió la solidaridad de mujeres y varones de distintos puntos del país, entre ellos, del actor Gastón Pauls, que le ofrecen ayuda económica para concretar la operación. “Ella está en condiciones de decidir si quiere que el producto de esa violación siga creciendo o no en su vientre”, dijo a Página/12 Pauls sobre el caso. En cuatro días, alrededor de un centenar de e-mails con palabras de apoyo y afecto y preguntando en qué cuenta pueden depositar dinero para el aborto llegaron a la casilla de correo electrónico habilitada por la Multisectorial de Mujeres de la provincia de Jujuy, que la acompaña, en busca de la posibilidad de que pueda interrumpir la gestación forzada.

San Pedro está ubicado a unos 64 kilómetros de la ciudad de San Salvador. De esa localidad zafrera también es Romina Tejerina, la joven que denunció que fue violada a la salida de un baile por un vecino, que quedó embarazada en esa relación, y que fue condenada a 14 años de prisión por matar a la criatura apenas nació. El caso de N. parece calcado. En la mañana del 17 de marzo llegó a la guardia del Hospital Paterson semidesnuda y brutalmente golpeada: se acababa de escapar de su violador, que la atacó durante varias horas en un baldío cercano a la terminal de ómnibus. Según denunció luego en la comisaría, fue un muchacho que un compañero de la escuela le presentó esa noche en la puerta de un boliche.

La patrocina legalmente Mariana Vargas, la abogada de Tejerina. La investigación de la violación está en manos del juez de instrucción penal de San Pedro, Jorge Samman, el mismo que sobreseyó en 23 días al acusado de la violación de Tejerina; el mismo que cuando Olga Verón, otra chica víctima de malos tratos, denunció a su padre por las palizas que le daba, la citó a una audiencia con él y le dijo que tenía que respetarlo. Aquella audiencia ordenada por el juez Samman fue dos meses antes de que Verón, en ese entonces de 17 años, se hartara de los golpes y los manoseos y matara a su padre.

Ayer, a dos meses y medio de la denuncia de violación de N., trascendió en San Pedro que la policía había detenido al presunto agresor. Ni en la comisaría ni en el juzgado dieron información al respecto a Página/12.

N. tiene 17 años y pertenece a una familia muy pobre. “Ni televisor ni radio tienen en la casa porque se les rompieron hace un montón y no pudieron arreglarlas”, contó a este diario María Inés Zigarán, de la Multisectorial de Mujeres de Jujuy, un colectivo organizaciones de derechos humanos, sociales y feministas que se han acercado a la joven para ayudarla. Su padre es sereno y la madre, ama de casa. Tiene varios hermanos.

N. no quiere seguir adelante con el embarazo. “Está muy asustada”, contó Vargas. La abogada dijo que el director del Hospital Paterson, Carlos Carrizo, respondió con “evasivas” cuando le plantearon que la adolescente quería acceder a un aborto. Desde la Multisectorial comenzaron a juntar dinero para que se realice la intervención en el circuito clandestino. “No queremos judicializar el caso, para que no se retarde la intervención. Seguramente después van a empezar a dudar de si existió o no la violación y el embarazo avanza. N. no quiere ser madre, le angustia muchísimo esa posibilidad porque, dice, le va a afectar su futuro”, dijo Zigarán. N. lleva unas diez semanas de gestación.

El fin de semana, la Multisectorial dio a conocer la dirección de e-mail [email protected] para recibir colaboración y en pocos días llegaron a la casilla de correo un centenar de mensajes de todo el país. “Muchos de Buenos Aires, de Rosario, Catamarca, Río Negro, Tucumán, Córdoba, entre otras provincias. Ninguno de Jujuy, casualmente”, señaló Zigarán. “La mayoría son personas individuales que nos ofrecen dinero para hacer el aborto y expresan su solidaridad con N.”, agregó. Uno de los correos pertenece a Gastón Pauls. “Ciertos hijos no son hijos del amor. Ella está en condiciones de decidir si quiere que el producto de esa violación siga creciendo o no en su vientre”, dijo a este diario el actor, que confirmó haber ofrecido ayuda económica a la joven y manifestó estar a favor de que pueda interrumpir el embarazo producto de una relación violenta y forzada.

También en San Pedro, con alcancías en las calles estuvieron recolectando fondos en los últimos días integrantes de la Casa de la Mujer, de esa localidad, una entidad que cuenta con el apoyo financiero del cantante y compositor León Gieco.

El Código Penal contempla el aborto no punible cuando “el embarazo proviene de una violación o un atentado al pudor a una mujer idiota o demente”. Hay una larga discusión jurídica sobre si se trata de un derecho sólo para las mujeres con discapacidad mental que son violadas o no. De todas formas, existe como antecedente el caso de V.O., la chica de 14 años violada por su padrastro a quien la jueza de Mar del Plata, Silvina Darmandrail, le autorizó la interrupción de un embarazo bajo el supuesto de que se trataba de un aborto terapéutico –no punible– debido a que la gestación, en esas condiciones, ponía en riesgo la salud psíquica de la niña.

En el dictamen del proyecto de ley que reglamenta los abortos no punibles, aprobado el martes en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados de la Nación, se establece que alcanza a cualquier mujer violada.

Hoy Vargas, Zigarán y otros miembros de la Multisectorial tratarán que el ministro de Salud de la provincia, Carlos Cisneros, las reciba: le exigirán que en los hospitales jujeños esté disponible la llamada píldora del día después, que se distribuye en todo el país a través del Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva para suministrar a mujeres violadas. A N., según denunció su abogada, no se la dieron en el Paterson cuando llegó al hospital tras la violación y permaneció una semana internada recuperándose de las lesiones sufridas. “Se hubiera evitado el embarazo”, agregó.

La delegación también pretende entrevistarse con la ministra interina de Gobierno, Yolanda López, y con el presidente el Superior Tribunal de Justicia, Sergio González. “Un informe del mismo gobierno indica que Jujuy tiene un 74 por ciento más de denuncias por delitos contra la integridad sexual que la media del país. Hacen falta políticas públicas para tratar a las víctimas y para evitar que otras chicas sean violadas. En esta provincia hay un componente cultural muy grave, es muy machista y patriarcal: muchos hombres creen que tienen el derecho sobre los cuerpos de las mujeres”, consideró Zigarán. Como dato, menciona el hecho de que Jujuy es una de las dos provincias del país –junto con Entre Ríos– en las que no hay ley de cupo para legisladoras. “Hace 17 años que el movimiento de mujeres viene presentando un proyecto y nunca fue tratado”, precisó Zigarán.