La Corte Suprema convocó a una audiencia pública para poner en discusión el plan de saneamiento del Riachuelo que el año pasado propusieron los gobiernos nacional, porteño y bonaerense. La cita es el 4 julio y el principal disparador fue el resultado de un informe de factibilidad sobre el proyecto que hizo un equipo de expertos de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y que está cargado de críticas. El trabajo dice, entre los puntos más severos, que no hay un análisis serio sobre las enfermedades que padecen los habitantes de la zona, advierte que se basa en datos desactualizados sobre los agentes de contaminación, señala inconsistencias presupuestarias sobre el tendido de la red cloacal y la distribución de agua potable, apunta imprecisiones sobre los mecanismos de control y reprocha la falta de acciones específicas para la relocalización de asentamientos y también de empresas.

A la audiencia están invitados, además de los tres gobiernos, la Defensoría del Pueblo de la Nación, los representantes de los 150 vecinos afectados de Villa Inflamable que hicieron la denuncia original y las ONG que fueron incorporadas al expediente como “amigos del tribunal”, como Greenpeace, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, el Centro de Estudios Legales y Sociales y la Asociación de Vecinos de la Boca, entre otros. También asistirán especialistas de la UBA que participaron en lo que fue una suerte de peritaje sobre el plan oficial. Cada expositor tendrá quince minutos para hablar. El tribunal no descarta que la sesión se prolongue durante más de un día.

El objetivo, informó la Corte, es que se “expresen oralmente” las observaciones referidas a la propuesta de limpieza del Riachuelo que el año pasado presentó el Estado nacional a través de la Secretaría de Ambiental, que conduce Romina Picolotti, y que dispuso la creación de una Autoridad de la Cuenca. El plan fue consecuencia de un fallo con el cual el alto tribunal intimó a los gobiernos responsables y a 44 empresas demandadas por los vecinos, a que presentaran una propuesta para recuperar el cauce de agua más contaminado del país, cuya cuenca abarca 2400 kilómetros cuadrados, donde viven 3,5 millones de habitantes.

El proyecto que presentó entonces Picolotti planteó un plazo de 15 años y ya comenzó a ser implementado. Empezó, por ejemplo, el traslado de algunas industrias del Dock Sud. El esquema de saneamiento hacía hincapié en la necesidad de eliminar los desechos de origen industrial y los derivados de domicilios particulares sin tratamiento, garantizar el acceso al agua potable de un 35 por ciento de la población de la cuenca (que carece de ella), la eliminación de basurales a cielo abierto, la reconversión tecnológica de las empresas y la clausura de las más dañinas.

Una de las obras proyectadas son la finalización de la planta depuradora de Berazategui y la construcción de un colector en la margen izquierda del Riachuelo para dirigir los efluentes hacia una depuradora en Dock Sud.

En las audiencias del año pasado, los propios jueces de la Corte ya señalaban con preocupación algunos de los temas que aparecen en el informe de la UBA, al que accedió Página/12, elaborado por 18 profesionales:

- Un tramo central habla de que no existe “un plan sanitario para la asistencia mediata o inmediata de la población de la cuenca Matanza-Riachuelo” ni un presupuesto definido para estos temas; “no hay descripción de un diagnóstico de la situación sanitaria ni estudios epidemiológicos que permitan discriminar patologías producidas por la contaminación de aire, suelo y agua”; tampoco hay “registros para clasificar las patologías”. Falta información sustancial, dice, sobre causas de mortalidad, malformaciones congénitas, enfermedades vinculadas a tóxicos e infecciosas prevalentes. Sólo esos datos, señalan, permitirían definir objetivos y realizar acciones eficaces.

- La UBA pone en duda, por dudosa o desactualizada, la información para determinar quiénes son los principales responsables del vuelco de sustancias contaminantes al agua. Por ejemplo, dice que no son concluyentes los datos ubican la mayor responsabilidad en las curtiembres.

- El informe académico critica la falta de “estructura del plan” y la definición de metas y acciones puntuales de “corto, mediano y largo plazo”. Observa, entre otras cosas, que no “hay un plan definido con plazos y montos de inversión, para la relocalización de la población residente en Villa Inflamable”.

- Se señala que hay información despareja sobre las acciones en materia de vivienda: sobra acerca de los asentamientos de la ciudad de Buenos Aires, pero “sorprende la ausencia de información sobre planes similares en los paridos de Lanús, Avellaneda y Lomas de Zamora”.

- Señala la ausencia de “previsiones” acerca de las obras en las plantas de tratamiento. “La definición de obras de ampliación de la cobertura cloacal sin la previsión de la ampliación de las plantas de tratamiento, puede significar la generación de un posible cuello de botella a futuro. En un sentido similar la relocalización de las empresas del Polo Petroquímico requiere de un escenario futuro para la instalación de las empresas químicas y la existencia de capacidades de monitoreo y control allí donde las empresas sean instaladas”, dice el documento.

- No se mencionan, en general, fuentes de financiamiento, señala la UBA. Faltan referencias concretas, advierte, a “las implicacionas laborales del cierre, traslado o relocalización de industrias o de villas”.

Los dieciocho profesionales que participaron pertenecen a las facultades de Medicina y Farmacia, de Arquitectura, Ingeniería, Ciencias Económicas, Ciencias Sociales, Ciencias Exactas, Veterinaria y Agronomía. Estuvieron coordinados por el secretario general de la UBA, Carlos Mas Vélez y el subsecretario de Asuntos Jurídicos, Leandro Vergara.