El fiscal general interino de San Martín, Héctor Leonardo, dispuso la reapertura de una investigación, por presuntas torturas, contra un centro de rehabilitación para drogadictos que funcionaba en 2005 en la localidad bonaerense de Tortuguitas. De acuerdo con la información publicada en su momento por Página/12, la denuncia contra la Fundación Volver a Empezar, cuyo responsable, entonces, era el médico psiquiatra Silvio Hoffman, fue realizada por los padres de cuatro jóvenes de entre 18 y 20 años, y cinco adolescentes de entre 16 y 17, que se fugaron del lugar luego de amenazar con cuchillos a los coordinadores. La clínica fue clausurada en ese año por la Municipalidad de Malvinas Argentinas, mientras que a los jóvenes se les abrió una causa por amenazas y supuesto robo de una mochila con ropa, un celular y 70 pesos en efectivo. Los chicos habían asegurado que en el lugar se los encerraba en un pozo donde les arrojaban agua podrida, que simulaban ahogarlos en una pileta y que los hacían caminar sobre los codos, y hacer “salto de rana” como en el servicio militar. Todas esas agresiones eran consideradas “medidas terapéuticas” tendientes a curarlos de su adicción.

Un cable de la agencia de noticias Télam hizo saber ayer que el fiscal general Leonardo dispuso continuar con la investigación, que había sido archivada por decisión del fiscal de San Martín Héctor Scebba. Fuentes judiciales citadas por la agencia señalaron que las torturas denunciadas por los padres de los jóvenes fueron corroboradas por la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia. Todo comenzó en 2005, cuando cuatro de los chicos fueron enviados a Buenos Aires por el juez de menores de Tucumán, Oscar Ruiz, para que los asistiera la Fundación Hoffman, que nunca los recibió y que los derivó a la comunidad terapéutica Volver a Empezar, cuyo responsable era, también, el titular de la fundación.

La investigación del caso había sido cerrada por el fiscal Scebba, pero ahora su superior jerárquico, Héctor Leonardo, ordenó la reapertura. El fiscal general apartó a Scebba del expediente por entender que el cierre de la causa había sido una decisión “prematura e improcedente”. El caso pasó a manos de la fiscal Fabiana Ruiz, a quien se le ordenó que les tomara declaración a testigos nunca citados, entre los que figuran ex empleados del centro terapéutico Volver a Empezar. Un lugar, con el mismo nombre, funciona ahora en José Bonifacio al 300, en la Capital Federal, pero fue imposible confirmar si las autoridades siguen siendo las mismas. Fueron vanos los intentos por consultar su página web, que todavía no fue habilitada, e infructuosos los llamados telefónicos.

El fiscal general sostuvo que archivar la causa es “inadmisible” porque de lo actuado surge que los entrenadores, coordinadores y el director de la comunidad (ocho profesionales en total) podrían ser coautores de supuestos casos de torturas, privación ilegal de la libertad y lesiones. El artículo 144 tercero, inciso 3, del Código Penal establece que “por tortura se entenderá no solamente los tormentos físicos, sino también la imposición de sufrimientos psíquicos, cuando éstos tengan gravedad suficiente”. Para Leonardo, los responsables del centro “conocían el trato metódico de tormento físicopsíquico dispensado a los adictos, infligido tanto como castigo o represalia, como para hacerlos objeto de sufrimientos sin justificativo o sentido alguno”.

Para escapar al maltrato, los chicos se fugaron del centro y ahora deberán enfrentar un juicio oral. Esa causa, también a cargo de Scebba, se tramitó en forma muy rápida. Walter Reinoso, abogado de dos de los chicos, declaró que “ahora se va a averiguar realmente la verdad de lo acontecido en el centro de rehabilitación”, aunque estimó que “el daño sufrido por estos menores es irreversible”. Según Reinoso, los jóvenes “eran sometidos a tratos crueles e inhumanos” porque “en ese lugar se violaba el núcleo esencial de los derechos humanos”.

Marcelo M., al declarar en la causa, aseguró que como “medida educativa” tenía que “realizar un pozo en el que sólo podía estar con una prenda”, en su caso un short, y que pese a que era invierno, debía permanecer todo el día en el lugar. Otro que sufrió el castigo del pozo fue Matías R., quien relató que en una oportunidad le arrojaron “agua podrida que sacaron del interior de la pileta”. Marcelo, otro ex interno, dijo que “una de las formas de castigo era caminar con los codos y rodillas sobre piedritas por toda la quinta”. Luego los obligaban a meterse “dentro de la pileta”. Matías R. declaró que “solían sumergir a alguno de los internos en la piscina y obligarlo a mantenerse a flote por más de una hora hasta que tres o cuatro mayores ingresaban y entre todos lo sumergían hasta que quedara exhausto”. Mauricio M. denunció que, por negarse a subir a un auto, lo tomaron de los testículos y se los apretaron. Matías F. concluyó que el régimen que se aplicaba era “peor que estar en la colimba”.