La banda que robó de un puesto en Campo de Mayo cinco fusiles FAL, una pistola y numerosos proyectiles se dedicaba a alquilar el armamento para distintos robos. Luego de casi un mes de investigación a cargo del fiscal federal Paul Starc, seis integrantes de la banda fueron detenidos en cinco casas ubicadas en Villa Pineral, de San Martín, y en San Miguel, donde había sendos supermercados del alquiler de armas, chalecos antibalas y municiones. El hilo de la pesquisa llevaba anoche hacia integrantes del Ejército que “entregaron” el robo y sobre los que Starc, con la supervisión del juez Juan Manuel Culotta, libró órdenes de captura.

El robo de los fusiles FAL provocó verdadera conmoción en las fuerzas de seguridad por la envergadura y capacidad de fuego de ese armamento. “Con semejantes armas en la calle, existía un gravísimo peligro latente. Por eso se interesaron en la investigación no sólo el Ejército, sino también el Gobierno, la SIDE y las policías”, le contó a este diario una fuente de la pesquisa.

El asalto en sí mismo fue llamativo, porque el puesto del Regimiento de Campo de Mayo ubicado en Camino del Buen Ayre y Soler era nuevo y los ladrones conocían todos los movimientos. Eso llevó de inmediato a la certeza de que el robo fue entregado desde adentro de la unidad.

El peso de la investigación recayó en el comandante Cristian Rodríguez, de la Unidad Especial de Procedimientos Judiciales de la Gendarmería. La División Inteligencia de esa fuerza analizó varios anónimos y empezó a orientar la pesquisa hacia un hombre conocido como “El Pirata”, quien estuvo once años detenido en los penales más duros de la provincia de Buenos Aires, entre ellos Sierra Chica. Después de varios allanamientos realizados ayer a la madrugada, finalmente dieron con los fusiles en una casa de San Miguel, donde también fue detenido El Pirata y una mujer mayor. En los otros domicilios se encontró el resto del armamento que se alquilaba, incluyendo pistolas, proyectiles, los chalecos, documentos falsos para moverse por la calle y celulares de difícil rastreo. Los FAL no habían sido utilizados. Según los testimonios, no eran fáciles de alquilar porque se requiere cierto nivel de conocimiento para su uso y todavía no había aparecido un “cliente” apropiado.

Al principio de la investigación existían dudas sobre el robo mismo e incluso se pensó que los fusiles fueron entregados por los hombres del puesto complotados con los ladrones. El fiscal Starc ordenó dos reconstrucciones, una de ellas filmadas, en las que participaron todos los que estaban en el puesto aquella noche. Eso convenció a los investigadores de que el asalto existió, pero también que alguien de adentro del Regimiento “vendió” todos los detalles para que el robo se concretara. En la pesquisa fueron detectándose los celulares que usaron los delincuentes y, según parece, eso es lo que condujo hacia los hombres de uniforme verde oliva ahora buscados como cómplices.

Según se dice, las armerías clandestinas que alquilan los elementos para un robo de envergadura, a un banco o un blindado, cobran unos 1500 pesos por el uso de cada FAL y suelen hacer un acuerdo por el cual se quedan con un porcentaje –algunos dicen que el diez por ciento– del botín. La modalidad les conviene a muchas bandas, porque son pocas las organizaciones que tienen capacidad de invertir en la compra de uno o más fusiles y, al mismo tiempo, no bien cometen el delito se sacan las armas de encima. Así, dejan de tener en su poder una prueba que los vincula directamente con el robo.