Wal Mart Argentina tuvo que rendir cuentas ayer en la Cámara de Diputados. Directivos de la compañía supermercadista concurrieron a la Comisión de Legislación del Trabajo para dar explicaciones sobre la política corporativa antisindical denunciada por los empleados. Por momentos, el clima de la reunión fue muy tenso, especialmente cuando defendieron la cuestionada designación como máxima autoridad de Seguridad del militar retirado del Ejército Alfredo Oscar Saint Jean (h.), que se desempeñó durante la última dictadura en destinos como Tucumán, bajo las órdenes del general Antonio Domingo Bussi y luego en Bahía Blanca, Tandil y Azul, donde funcionaron varios centros clandestinos de detención. Sus argumentos, negando la existencia de persecución gremial, no convencieron demasiado a los legisladores. “Hay algunas tiendas que no tienen delegados porque son de apertura reciente”, aseguró Marcelo Villegas, director de Recursos Humanos del gigante minorista. Poco después quedó en evidencia que no decía toda la verdad: el diputado Claudio Lozano recordó que una de las sucursales más antigua, ubicada hace 11 años en el barrio porteño de Villa Pueyrredón, nunca tuvo comisión interna –ante la sorprendente pasividad del sindicato de comercio que encabeza Armando Cavalieri– y casualmente recién hoy elegirá representantes gremiales.

La compañía fue citada a la Comisión de Legislación del Trabajo, que preside el kirchnerista Héctor Recalde, a partir de un proyecto de resolución del diputado oficialista Santiago Ferrigno, acompañado por la firma de varios legisladores, donde expresaron su “preocupación por la situación laboral y de persecución sindical en la empresa Wal Mart”, así como por “la participación en sus cargos directivos de ex miembros de las Fuerzas Armadas que participaron en la última dictadura militar”. Esta situación fue denunciada por Página/12 en su edición del 27 de mayo.

Ayer, Recalde pidió a la empresa la reincorporación de Gustavo Córdoba y Sergio Schmidt, dos trabajadores despedidos “sin causa” de la sucursal Avellaneda casualmente luego de desarrollar alguna actividad gremial, al margen de la antigua comisión interna que históricamente se mostró más cerca de los intereses del supermercado que de los propios empleados.

La comitiva de Wal Mart llegó puntual. A las 11 ingresaron a la sala de reunión de la comisión, con varias carpetas bajo el brazo, los directores de Relaciones Institucionales, Gastón Wainstein, y de Recursos Humanos, Marcelo Villegas, y el gerente de Relaciones Institucionales, Hernán Carboni. Antes que a ellos, los integrantes de Legislación del Trabajo escucharon a los delegados de Avellaneda, que llegaron acompañados por la comisión interna de la sucursal de la ciudad de Santa Fe, constituida recién en 2005, ocho años después de la apertura de la tienda. “Lo que pasa en Avellaneda también pasa allá”, afirmó a este diario Luis Driuss, uno de los delegados santafesinos.

Pero delegados y empresarios no se cruzaron. El presidente de la comisión consideró “prudente” que los trabajadores no estuvieran presentes durante la exposición de la patronal.

Wal Mart negó taxativamente una y otra vez prácticas antisindicales. Pero no convenció al auditorio. Sus directivos argumentaron que en los locales hay personal afiliado al sindicato y tienen un total 31 delegados gremiales.

–¿Treinta y un delegados para 5800 empleados? –preguntó Lozano, por la desproporción con el número total de trabajadores en las quince sucursales de todo el país.

–Hay algunas tiendas que no tienen porque son de apertura reciente –-alegó Villegas, olvidándose de que en el híper de Villa Pueyrredón, en la avenida Constituyentes a metros de la General Paz, recién hoy se elegirá por primera vez delegados en más de una década de existencia. Lozano se encargó de recordárselo. “Es claro que hay una política de la empresa en contra de la agremiación y la libertad sindical. Quedó claro que conocían la actividad sindical de Córdoba y Schmidt, aunque ellos la niegan”, evaluó Ferrigno al término del encuentro. Durante la reunión, el diputado del FPV mostró dos pruebas de que la empresa estaba al tanto de los movimientos sindicales de ambos: una carta con firmas para pedir un aumento de sueldo, en cuya recolección participó Schmidt, y la respuesta que dio el Comité de Etica Global de la compañía, con sede en Estados Unidos, a un email enviado por Córdoba en el que denunciaba discriminación por sus movimientos sindicales.

Lozano fue el más duro con los empresarios: indicó que “pesan sobre esta cadena acusaciones de persecución sindical en otras partes del mundo” y precisó que recientemente fue denunciada en Estados Unidos por su política corporativa antisindical por Human Right Watch. Los directivos relativizaron el informe de la entidad internacional de derechos humanos: se basó en el testimonio de 41 empleados o ex empleados, dijeron. Pero el momento más tenso fue cuando el diputado del bloque Emancipación y Justicia recordó la designación como máxima autoridad de Seguridad de Wal Mart Argentina del militar retirado Alfredo Oscar Saint Jean (h.), quien se desempeñó como subteniente del Ejército durante la última dictadura en Tandil y Azul, ciudades que formaron parte de la Subzona 12, cuyo titular era su padre, ya fallecido, sobre quien pesaron 33 acusaciones por su participación en delitos de lesa humanidad. “No tiene ninguna causa abierta. Sería discriminatorio no dejarlo trabajar por los antecedentes de su padre”, alegó el director de Relaciones Institucionales. A lo que Lozano respondió: “Donde él estuvo destinado funcionaron campos clandestinos de concentración. Todos sabemos que estamos hablando de un proceso clandestino de represión. No todos los responsables han tenido causas”.

–Me parece peligrosísimo invertir la carga de la prueba –replicó Wainstein.

–Es lo que ustedes hacen con los trabajadores. Ellos tienen que demostrar que tenían actividad gremial para poder probar que son víctimas de discriminación sindical –retrucó Lozano.

El clima en la reunión se había puesto espeso. Poco después, finalizaba.