El caso García Belsunce no terminó con el fallo del miércoles. Todo indica que el fiscal Diego Molina Pico va a apelar ante la Cámara de Casación la decisión de sobreseer a Carlos Carrascosa por el homicidio de María Marta y también es obvio que los abogados del viudo van a apelar la condena por encubrimiento. Casación suele tardar un año o más en resolver expedientes como el del crimen del Carmel y ya tiene antecedentes de haber tardado hasta tres años y nueve meses, en el caso Cabezas. Más allá de ese proceso, la investigación por el crimen debe continuar, porque lo cierto es que el asesinato continúa impune. Una copia de la resolución de los jueces llegará a la fiscalía de Pilar e incluye el pedido de que se investigue a la hermana de MM, Irene Hurtig, y su marido, Guillermo Bártoli. Además, esa fiscalía tendrá potestad para investigar cualquier otra pista que pueda surgir. Por último, y en lo inmediato, los defensores de Carrascosa pedirán que cumpla la prisión en su domicilio, algo que tendrá que resolver el propio tribunal oral que lo condenó. Es posible que los jueces le concedan la prisión domiciliaria, aunque también los letrados del viudo intentarán conseguir la libertad hasta que el fallo quede firme.

Como sucede con los fallos de los juicios orales, la lógica indica que una parte o las dos partes apelan ante el máximo tribunal provincial, la Cámara de Casación. Este no puede producir nueva prueba, no hay una instrucción adicional, sino que opina únicamente sobre la interpretación de los hechos que figuran en el expediente y en la sentencia. Parece cantado que en el caso García Belsunce el fiscal va apelar ante Casación porque cree –como lo sostuvo en su alegato– que Carrascosa debe ser condenado por el homicidio, mientras que la defensa del viudo va a reclamar que Casación revoque la condena por encubrimiento.

La Cámara de Casación, con sede en La Plata, ha provocado enormes polémicas por las grandes demoras en resolver los expedientes. En octubre de 2006 ese tribunal se declaró en emergencia, con 4000 causas atrasadas, alegando que no tiene la infraestructura suficiente. Otros juristas son críticos de varios de los jueces de Casación porque no concurren a sus despachos y demoran en forma asombrosa el trabajo. El ejemplo más notorio se dio con el caso Cabezas. El fotógrafo fue asesinado en febrero de 1997 y toda la instrucción, incluyendo el juicio, tardó tres años, mientras que Casación, que no tenía que producir ninguna prueba, sino únicamente revisar el fallo, demoró tres años y nueve meses. El cálculo que hoy hacen en San Isidro es que Casación no demorará menos de un año en resolver sobre el fallo.

Mientras tanto, la investigación por el asesinato de María Marta debe continuar. Al ser absuelto el viudo por el homicidio, no está esclarecido justamente quién mató a la socióloga. El Tribunal ha dicho que debe investigarse a Irene Hurtig y Guillermo Bártoli, por lo que una copia de esa resolución llegará a la fiscalía de Pilar. Según le explicaron a este diario varios jueces del departamento judicial de San Isidro, del que Pilar forma parte, el fiscal general Julio Novo puede designar fiscales adicionales para que continúen la investigación, como ya lo hizo en el caso del Banco Río, en el que trabajaron cuatro fiscales. Además, no existen límites en esa pesquisa. Es obvio que deberán fijar su mirada en Hurtig y Bártoli, pero podrán seguir cualquier otra pista que aparezca.

Respecto de la prisión de Carrascosa, el primer paso que dará la defensa se producirá en las próximas horas: ante el propio Tribunal Oral número 6 pedirán la prisión domiciliaria. Los magistrados María Angélica Etcheverry, Hernán San Martín y Luis María Rizzi probablemente acepten que Carrascosa sea remitido desde la comisaría de Las Lomas, donde hoy se encuentra, a su casa. En todo caso, ya el Servicio Penitenciario Bonaerense ha hecho saber que desde el lunes tendrá una plaza libre en el penal de Campana.

Por otra parte, es muy probable que los abogados del viudo apelen la decisión de que Carrascosa esté preso, es decir el fallo del Tribunal Oral que revocó el status que tenía hasta ese momento: prisión preventiva morigerada, que en verdad es equivalen a estar en libertad, con muy pocas limitaciones. El TOC 6 tomó una decisión de fondo, condenar a Carrascosa por encubrimiento, y otra decisión respecto de la detención, revocando la prisión preventiva morigerada. La primera resolución se apela ante Casación, la segunda ante la Cámara de San Isidro. El argumento de la defensa será que el viudo siempre se presentó a la Justicia y no obstaculizó la investigación, por lo que tiene derecho a esperar las apelaciones en libertad. Ese planteo tiene que hacerse ante la Sala I de la Cámara de Apelaciones de San Isidro, que integran Oscar Quintana, Ernesto García Marañón y Margarita Vázquez. Es una Cámara que ha tenido criterios garantistas, es decir de permitir que los acusados esperen los fallos definitivos en libertad.