Desde Washington

Desde el miércoles, el tabaco está bajo el control de la agencia para la Administración de la Alimentación y los Medicamentos (FDA, en sus siglas en inglés) del gobierno norteamericano. Aunque falta el voto final en el Senado, la ley respaldada por el senador Edward Kennedy se consideraba aprobada. La nueva legislación dará a la FDA la misma autoridad sobre los cigarros y otros productos derivados del tabaco que la que tiene sobre las medicinas, los productos alimentarios y otros artículos para el consumo. Específicamente, la norma permitirá a la agencia del gobierno regular los niveles de alquitrán, nicotina y otros componentes dañinos que contiene el tabaco.

Cada cigarrillo contiene hasta 4 mil productos químicos, de los cuales más de 40 provocan cáncer. A partir de ahora, su publicidad será regulada por el gobierno. El tabaco mata cada año a más de 400 mil personas y es responsable de una de cada cinco muertes en Estados Unidos.

Casi todos los fabricantes de tabaco se oponen a la ley. Todos, excepto el gigante Philip Morris –una de las mayores tabacaleras del mundo–, afincado en Virginia y creador de marcas como Marlboro, Chesterfield o Parliament. Steven Parrish, vicepresidente del grupo Altria, que controla Philip Morris, aseguró a principios de año que su empresa daba “su total apoyo a la ley”. “Es la mejor forma de avanzar y ofrecer soluciones a los muchos y muy complejos asuntos que atañen al tabaco”, afirmó. El director de Philip Morris, Mike Szymanczyk, añadió que “aplicar regulaciones nos permitirá mejorar los resultados del negocio”.

Los analistas de mercado americanos ven cierto oportunismo en esta medida. Según aclara Marc Greenburg, de Deutsche Bank, “Philip Morris tiene unos fondos suficientes para seguir presionando al gobierno para que actúe a su conveniencia”. La influencia de esta empresa en Wa-shington, la gran cantidad de empleos que genera en Virginia y su dominio del mercado americano han hecho que el resto de competidores se refieran a esta nueva norma como la “ley del monopolio de Marlboro”.

La otra gran marca americana, Reynolds, la madre de Winston, Camel y Lucky Strike, no ha tardado en reaccionar. Su portavoz, Steve Kotak, asegura que Philip Morris está “bloqueando su posición en el mercado y va a hacer que sea mucho más difícil promocionar las marcas de los competidores”. Es lógico: Philip Morris es el que más vende. Si se prohíbe más publicidad, las marcas que ahora se reparten el pastel serán las beneficiadas. Se acabarán los “dos por uno”, los regalos, los concursos... Una serie de prácticas publicitarias muy comunes en Estados Unidos y que compañías como Reynolds ven como legítimas para conseguir arañar algunos puntos de la cuota de mercado.

A Philip Morris también la va a beneficiar el hecho de haberse gastado más de 300 millones de dólares (219 millones de euros) en una nueva planta de investigación para diseñar cigarrillos menos perjudiciales para la salud. Con esta nueva ley, las empresas deberán enviar los prototipos de nuevos productos al gobierno para que los someta a una evaluación científica. Esto, claro, supone un importante gasto en científicos, procesos químicos y producción. En este momento, Philip Morris está en el proceso de contratar a 500 científicos en sus oficinas de Virginia.

En 2000, el Tribunal Supremo dictaminó que la FDA se había excedido en su autoridad tras la regulación efectuada en 1996. En respuesta, los activistas antitabaco y sus aliados en el Congreso propusieron una legislación que daba a la FDA el poder necesario para imponer regulaciones. Pero la legislación nunca pasó el filtro del Congreso.

Cincuenta y dos senadores han estampado su firma en el texto de la nueva ley. Entre ellos hay doce republicanos. El miércoles sólo tenían que convencer a otros ocho compañeros para aprobarla sin problemas.

* De El País de Madrid. Especial para Página/12.