“Es medieval, una indecencia y una inmoralidad absolutamente inaceptable que las mujeres sigan muriendo en el siglo XXI por abortos inseguros”, denunció la brasileña Carmen Barroso, reconocida líder latinoamericana en el campo de la salud y directora regional de América y el Caribe de la Federación Internacional de Planificación Familiar (IPPF, por su sigla en inglés), la voz más fuerte a nivel mundial en defensa de los derechos sexuales y reproductivos. De paso por Buenos Aires, consideró que “éste es un momento muy oportuno para ampliar el acceso al aborto seguro en la Argentina”. Provocadora, sostuvo que “por su apego al dogma” la Iglesia Católica es “la primera promotora” de la interrupción voluntaria del embarazo. “Se podría pensar que en el fondo no está interesada en disminuir el aborto sino en culpabilizar a la gente que recurre a esa práctica para que se sienta dependiente de la Iglesia para no ir al Infierno: ésa sería su estrategia de control o de poder”, reflexionó en un reportaje con Página/12.

Barroso vino a Buenos Aires para dar a conocer un informe de la IPPF sobre el impacto de las leyes restrictivas de aborto en las mujeres pobres. Muerte y negación: aborto y pobreza es el título de la publicación que se presentó ayer en uno de los salones del Senado (ver aparte). Esta brasileña ha sido profesora de Sociología en la Universidad de San Pablo y pionera en la creación del primer y más importante centro de estudios sobre las mujeres en Brasil. Además, fue miembro fundadora de DAWN, una red de mujeres del Tercer Mundo y de la Red de Donantes sobre Población, Salud Reproductiva y Derechos. Desde 2003 dirige la oficina regional de América y el Caribe de la IPPF, con un presupuesto de 20 millones de dólares –aportados por donantes, principalmente gobiernos europeos y Japón–, con los que financian casi medio centenar de entidades distribuidas en todo el continente, que brindan atención en salud sexual y reproductiva (desde información sobre anticoncepción y testeo de VIH, hasta atención prenatal a embarazadas y consejería posaborto). El último año, a través de esta red de ONG, cubrió un total de 18 millones de consultas. A nivel mundial, la IPPF tiene presencia en 138 países.

Otro de los objetivos del viaje de Barroso al país es analizar un futuro desembarco de la organización en el territorio argentino. Una de las misiones de la oficina que dirige Barroso es “apoyar el derecho de toda mujer a decidir terminar su embarazo de manera segura y legal”.

–¿Con qué argumentos impulsan la despenalización del aborto?

–Primero, por una razón de salud pública: las mujeres no pueden seguir muriendo en el siglo XXI de una forma brutal y fácilmente evitable. Es medieval, una indecencia, una inmoralidad, un escándalo, absolutamente inaceptable. En los países donde el aborto es legal, prácticamente no existe muerte por aborto. En segundo lugar, existe una cuestión de justicia social: las mujeres que pueden pagar, sea legal o no legal, alcanzan un aborto relativamente seguro. Son las mujeres pobres las mayores víctimas de las leyes restrictivas que impiden el acceso al aborto seguro. Estas leyes no tienen como resultado que el aborto no se realice sino que envían a las mujeres pobres a una práctica insegura, y como consecuencia de ello muchas mueren y otras quedan con lesiones graves. Y tercero, es una cuestión de derechos. Hay todo un fundamento internacional de derechos humanos: el derecho a la integridad física, a la privacidad, a la vida de las mujeres, que se traduce en el derecho a controlar su propio cuerpo.

–¿Podría avanzar la despenalización del aborto en la Argentina?

–Este es un momento muy oportuno para ampliar el acceso al aborto seguro en la Argentina. Hay toda una coyuntura de condiciones: una opinión pública favorable, un gobierno que a través de su ministro de Salud se ha manifestado claramente a favor y una necesidad grande, porque la mortalidad materna es incompatible con los niveles de desarrollo del país. En Argentina, la principal causa de mortalidad materna es el aborto inseguro.

–¿Por qué vías se puede lograr?

–Hay distintas maneras. Una es a través de una modificación del Código Penal, que lo flexibilice o amplíe las causas de no punibilidad. Otra es una ampliación de la interpretación de la ley. El Código Penal argentino tiene un supuesto de no punibilidad importantísimo que es el riesgo a la salud de la mujer. En países de Europa como España y Francia las mujeres tienen acceso al aborto seguro porque hay una interpretación del riesgo a la salud que va en sintonía con la definición de la Organización Mundial de la Salud, que dice que la salud no es solamente la ausencia de enfermedad sino también el bienestar físico, mental y social. Si se interpreta la salud de esa forma, la Argentina ya tiene una ley que le permite el acceso al aborto seguro, porque la mayoría de las mujeres no aborta por causas triviales: lo hacen porque se encuentran en situación de desesperación por un embarazo no deseado que les va a costar muchísimo en términos sociales, psíquicos y físicos.

–La mayor oposición a la despenalización del aborto en el país proviene de la Iglesia, que argumenta que el aborto es un homicidio. ¿Cómo responde a ese planteo?

–Respetamos las creencias de la Iglesia, aun cuando ha cambiado mucho su posición a lo largo del tiempo: esta prohibición absoluta del aborto que sostiene en la actualidad es reciente en términos de siglos. Los padres de la Iglesia como San Agustín o Santo Tomás de Aquino han considerado que el ser humano empezaba a los 40 días de embarazo. Pero si la Iglesia Católica dice que se trata de un ser humano que no se puede matar, no tiene que prohibir el aborto, porque la prohibición no disminuye la práctica del aborto. Si quiere evitarlo, tiene que prevenirlo a través de facilitar el acceso a la información y a los anticonceptivos. La Iglesia, por su apego a los dogmas, es la primera promotora del aborto: en primer lugar, porque no está a favor de la educación sexual y, al mantener a los jóvenes en la ignorancia, promueve el embarazo no deseado. El embarazo no deseado termina en aborto. En segundo lugar, promueve al aborto porque se opone a los anticonceptivos, especialmente a los condones, pero a los otros también. Desde IPPF afirmamos la importancia del Estado laico. En el siglo XXI no se puede permitir que la Iglesia Católica quiera imponer a todos los ciudadanos una creencia particular.

–Un país del Cono Sur con un Estado laico fuerte como Uruguay tampoco ha podido avanzar con la despenalización.

–Porque el Estado laico está en los papeles nada más. La Iglesia Católica allí también interfiere donde no debería hacerlo y su influencia es mayor de la que debería tener. Pero se debe tener en cuenta que los católicos tienen una opinión distinta a la de la jerarquía católica: todas las investigaciones de opinión pública en América latina han demostrado que los católicos recurren al aborto tanto como los no católicos. Se podría pensar que en el fondo la jerarquía católica no está interesada en disminuir los abortos sino en culpabilizar a la gente que se los practica para que se sienta dependiente de la Iglesia para no ir al Infierno: ésa sería su estrategia de control o de poder.

–¿Qué estrategias propone en Argentina para que se avance con la despenalización?

–Hay que apelar a múltiples estrategias. Una muy importante que estamos apoyando para replicar en otros países de América es la que se ha llevado adelante en Uruguay, de reducción de daños, que consiste en dar consejería pre y posaborto a las mujeres que tienen un embarazo no deseado. Les dan la información que necesitan para hacerse un aborto seguro. Ahora, con el misoprostol se puede hacer un aborto seguro sin la necesidad de una intervención quirúrgica. Con esta política, fijada por el Ministerio de Salud, han logrado bajar drásticamente la mortalidad materna.

–¿Cuál es la situación mundial en términos de leyes de aborto?

–Hay una tendencia cada vez mayor a la despenalización. El caso más reciente en la región es el de Ciudad de México, donde los legisladores aprobaron el aborto hasta las doce semanas de gestación. Los hospitales públicos están recibiendo una demanda muy grande: desde la sanción de la ley, el 24 de abril hasta fines de julio se habían hecho unos 1500 abortos. El año pasado, la Corte Constitucional de Colombia declaró inconstitucional la ley muy restrictiva que había en ese país. También Portugal ha legalizado.

–¿En qué países latinoamericanos es legal el aborto?

–Cuba ha sido el primero y la práctica del aborto se realiza en los hospitales públicos. También en Barbados, Guyana y Puerto Rico.

–¿Qué impacto tienen las leyes que amplían la despenalización del aborto?

–Depende de cómo son implementadas. Diversos estudios muestran que la legalización no aumenta la cantidad de abortos. Ese es un miedo irracional que tienen algunos sectores. Nadie se va a hacer un aborto por gusto. La extracción de dientes es legal y nadie se lo hace por gusto. En general, con leyes menos restrictivas los médicos que tenían mucho temor de ser penalizados pasan a poder hacerlo. Las leyes ayudan a un cambio de mentalidad. Es importante “desestigmatizar” el aborto.

–¿Cómo se puede trabajar para que deje de ser un estigma?

–Un buen ejemplo es el del vicepresidente uruguayo Rodolfo Nin Novoa, que ha expresado su posición a favor de la despenalización. Es una forma de divulgación entre la gente. El aborto es común en la vida de una mujer sexualmente activa –porque los métodos anticonceptivos no son ciento por ciento seguros, porque la gente tiene sexo sin protección–. Sin embargo, es un secreto. Si tú preguntas en una reunión pública cuántas personas conocen a alguien que se haya hecho un aborto, todas conocen alguna. Pero todos en general actúan como si fuera algo inusual, excepcional.