Beata Céspedes tiene 60 años, ocho hijos, 19 nietos y un rancho de adobe en el monte santiagueño, localidad de Pinto, al sur provincial. Su cabello muestra canas en abundancia y sus manos, marcas del trabajo que realiza desde que tiene memoria. Nació, creció y parió a los suyos en el mismo lugar, donde cría animales, siembra para autoconsumo y sufre la represión de empresarios que pretenden su tierra. Allí también se organizó junto al Movimiento Campesino de Santiago del Estero (Mocase-Vía Campesina) y resistió desalojos. Mañana, esta “abuela del campo” marchará por las calles porteñas con su familia y centenares de otras familias campesinas e indígenas de diez provincias. Es la primera marcha del Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI) en Capital “contra el saqueo de los bienes naturales”. Exigirán el fin de la contaminación y denunciarán el actual modelo agrario, que los expulsa de sus tierras ancestrales y los margina en las ciudades. También escracharán a los responsables de la situación: empresas mineras, compañías de agronegocios y petroleras.

“En Argentina hay un ‘campo’ con superávit, cosechas record, con empresarios y ricachones nucleados en entidades tradicionales que nunca han metido las manos en la tierra y que explotan a nuestros compañeros. Nosotros no somos ese campo”, explica el mendocino Diego Montón. “Vivimos un saqueo de bienes naturales producto del modelo económico en sus diferentes expresiones: la soja, las mineras, las pasteras. Son modelos productivos que extraen aquí para subsidiar a los países de Primer Mundo. Y también los capitales nacionales, concentrados en corporaciones. El peso de sostener todo esto recae sobre las comunidades campesinas e indígenas, malvendiendo su producción o siendo mano de obra explotada. La forma de vida se deteriora, hay expulsión del campo y crecen las ciudades con sus villas miseria.”

La marcha sale de Retiro a las 10 y hará una decena de paradas donde escracharán a la trasnacional Monsanto (“impulsora de la soja transgénica en el país, con desalojos y represión a cuestas”), la minera canadiense Barrick Gold (a cargo de cuestionados yacimientos de oro y plata en La Rioja y San Juan) y la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca (por “incentivar los agronegocios y atentar contra los pequeños productores”). Las familias que participan y en muchos casos hace años que no pisan esta ciudad, marcharán con sus herramientas de trabajo, tonadas folklóricas y sus productos libres de agrotóxicos. Las consignas serán “Derecho al trabajo y a una producción diversa y sustentable” y “Por la soberanía alimentaria (que cada comunidad pueda sembrar lo que desee y que no lo decida el mercado)”.

Otros convocantes son el Frente Popular Darío Santillán, asambleas ambientalistas, murgas, agrupaciones de artistas, la Universidad Trashumante, centros culturales y colectivos de educación, entre otras, Los escraches también se van a extender a TBA-Metrovías (como símbolo del deterioro del sistema ferroviario), el Ministerio de Trabajo y las petroleras Repsol y Shell. El final será un festival en Plaza de Mayo.

Según datos oficiales, el 82 por ciento de los productores rurales tiene apenas el trece por ciento de la tierra. Mientras que el cuatro por ciento de las explotaciones agropecuarias cuenta con el 65 por ciento de la tierra productiva del país. Las estimaciones del Movimiento Campesino Indígena señalan que, sólo en la década pasada, más de 200 mil familias fueron expulsadas del campo hacia barrios empobrecidos de las grandes ciudades, donde “rara vez tienen mejoras en la calidad de vida”. Datos del Indec confirman que en la última década aumentó 14 por ciento la población de las zonas urbanas y disminuyó ocho por ciento la de zonas rurales.

“Los políticos, las empresas y los jueces ven la tierra como mercancía y propiedad privada. Para nosotros es nuestra historia, nuestra cultura, nuestra forma de vida, la de nuestros padres y la de nuestros hijos. Por eso nos aferramos a la tierra y tenemos que marchar”, invita Beata.