SOCIEDAD › UN JUEZ LE PIDIO A LA UBA UN ESTUDIO AMBIENTAL
Según la Justicia, ni AUSA ni el gobierno porteño cumplieron con el fallo que ordenaba mitigar los ruidos del tránsito. Preocupación de ambientalistas por una subida en Parque Chacabuco.
› Por Eduardo Videla
La Justicia porteña le pidió a la Universidad de Buenos Aires que realizara un plan de readecuación ambiental de la Autopista 25 de Mayo, para mitigar la contaminación sonora que produce ese viaducto, dado que “ni la empresa AUSA ni el gobierno porteño cumplieron con ese trámite, exigido hace cuatro años por una sentencia judicial”, informó a este diario el juez de la causa. La resolución se produce justo cuando AUSA construye una nueva subida y una bajada a la altura de Parque Chacabuco que, según la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), querellante en la causa, “podría generar mayor flujo de tránsito y por lo tanto mayor impacto sonoro en la autopista”.
El juez dispuso que un equipo de peritos de la UBA, integrado por especialistas de las facultades de Ingeniería y de Arquitectura, realizara el estudio, que será con cargo para la ciudad de Buenos Aires. La medida fue adoptada por el juez en lo Contencioso Administrativo de la ciudad Guillermo Treacy, debido a que Autopistas Urbanas SA “nunca presentó el plan de readecuación ambiental que se ordenó por un fallo de octubre de 2003”, afirmó el magistrado.
Ese fallo, dictado por la Cámara en lo Contencioso Administrativo de la Ciudad, le ordenó a la empresa dependiente del Estado porteño realizar “un estudio de impacto ambiental y un plan de adecuación ambiental”, donde debía especificar “los niveles de ruido en el espacio público y en el interior de los edificios (viviendas y escuelas) ubicados en las zonas linderas a la autopista” y proponer las “soluciones técnicas para reducir los niveles de ruido”. De acuerdo con el fallo, el Gobierno de la Ciudad debía expedirse respecto de las soluciones propuestas.
Según el abogado de la FARN, Andrés Napoli, AUSA presentó “un plan de tres puntos que incluía la repavimentación de toda la autopista para mitigar el ruido, un proyecto para que no pase por esa vía el tránsito pesado y una iniciativa para disminuir la velocidad máxima, que debía tratarse en la Legislatura”.
“Lo único que se hizo fue la repavimentación, porque el Ministerio de Planeamiento y Obras Públicas rechazó la propuesta de desviar los camiones y la Legislatura nunca trató el proyecto para disminuir la velocidad. Como el resultado se obtenía por la combinación de los tres factores, sólo se logró bajar 1,5 decibel”, dijo Napoli a Página/12.
El letrado manifestó su preocupación por la obra en marcha para construir una nueva subida a la altura de la calle Curapaligüe, ya que “estimularía el ingreso de vehículos a la autopista y una posible mayor circulación de autos en el centro”.
Ante una consulta de este diario, voceros de AUSA informaron que esa obra tiene un certificado de aptitud ambiental, el Nº 3564, otorgado por el Ministerio de Medio Ambiente en septiembre de 2005. Pero desde la FARN relativizaron el estudio, ya que “no se puede evaluar el impacto ambiental de una parte de la autopista si AUSA no ha hecho el estudio de impacto de todo el trazado, como le ordenó la Justicia”.
“La construcción de una nueva subida es contradictoria con la política oficial que pretende desalentar el flujo de vehículos hacia el centro, que se manifestó con la propuesta de incrementar la tarifa de peaje para los automovilistas que viajaban solos”, dijo Napoli.
Ante una consulta de este diario, ni en AUSA ni en la Secretaría de Planeamiento y Obras Públicas quisieron opinar sobre el tema.
Lo cierto es que la obra ya se inició y afecta una franja del parque, hacia el sur, incluida la tala o relocalización de cinco árboles “que fue autorizada por un convenio con la Dirección de Espacios Verdes”, según confirmó un vocero del Ministerio de Espacio Público. Hacia el norte, la bajada pasa sobre un centro de jubilados y a pocos metros de un jardín de infantes y dos escuelas públicas.
La causa por la contaminación sonora provocada por la Autopista 25 de Mayo se inició en el año 2006 a partir de la denuncia de un particular, patrocinado por la FARN, a la que luego adhirieron más de 300 vecinos y otras dos organizaciones, la Fundación Metropolitana y la Fundación Ciudad. Una de las soluciones que se contemplaron en ese momento fue la colocación de paneles acústicos en las zonas donde la contaminación sonora afecta más a los vecinos.
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