Son las 16.30 en punto en Granada. Una suave llovizna moja las calles en una tarde otoñal. En el centro de esta ciudad andaluza, famosa por la magnífica arquitectura árabe de la Alhambra, media docena de jóvenes mujeres aguardan en la sala de espera de una clínica de ginecología dirigida por un médico argentino y acreditada por la salud pública para realizar abortos, una práctica legal en este país desde hace veintidós años. Algunas son adolescentes y están acompañadas por sus novios. Como Consuelo: tiene 20 años y será la primera en iniciar el circuito –que incluye tres consultas sucesivas con una trabajadora social, un psiquiatra y finalmente la ginecóloga que concretará la interrupción del embarazo– para salir luego, menos de dos horas después, rumbo a su casa ya sin el peso de un embarazo no deseado. Así de simple. Uno de los casi 92 mil abortos que se practican cada año en este país de fuerte tradición católica. Página/12 recorrió en las ciudades de Granada, Almería y Madrid tres clínicas donde el aborto se ofrece como una práctica médica más y en este informe cuenta la experiencia.

La clínica Ginegranada está situada en el Nº 3 de la calle Santiesteban Márquez, a menos de diez minutos en auto del antiguo barrio árabe Albaycín, de estrechas calles empinadas, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Es uno de los tesoros históricos de Granada, una ciudad situada a 434 kilómetros al sur de Madrid. La clínica la fundó y dirige el ginecólogo argentino Bernardo Acuña, egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad de Córdoba, instalado en España desde fines de la década del ’70. Está habilitada para realizar IVE –interrupciones voluntarias de embarazo, como prefieren llamar aquí al procedimiento– hasta la semana 12 de gestación, período durante el cual se realizan casi 9 de cada 10 abortos en este país.

El aborto es una de las prestaciones médicas que ofrece Ginegranada: también realiza asesoramiento en anticoncepción y atención ginecológica integral. Como la mayoría de las clínicas que realizan IVE anuncia sus servicios en los clasificados del diario local, Ideal, con un teléfono para consultas las 24 horas.

Es martes, día en que este centro médico atiende de 9.30 a 13.30 y de 16 a 19.30. Por la mañana, se hicieron seis IVE y por la tarde se harán ocho más. La primera paciente del turno vespertino es Consuelo, una muchachita de 20 años pero que aparenta algunos menos. Su novio, cinco años mayor que ella, la aguarda en la sala de espera. Fue derivada a la clínica por el centro de salud pública donde fue a consultar y el aborto le saldrá gratis porque la Seguridad Social lo cubrirá por completo. La trabajadora social de la clínica es la primera que indaga sobre su situación: Consuelo cuenta que se cuida con “la marcha atrás”, como acá le llaman los jóvenes al coitus interruptus, que a veces usa preservativo, que el día que quedó embarazada su pareja tenía puesto uno pero se rompió y ella no recurrió a la píldora del día después para prevenir la gestación porque pensó que “no iba a pasar nada”. Consuelo tiene el cabello dorado, recogido, y lleva jeans y una remera fucsia. Contesta con vergüenza. La voz apenas se le escucha. Cati, la trabajadora social, le arranca las respuestas. Consuelo reconoce que nunca antes fue a una consulta ginecológica. Cati la reprende por la falta de responsabilidad a la hora de tener relaciones sexuales sin protección.

–Has estado jugando con fuego –le advierte y le informa que en la clínica le pueden recetar algún método anticonceptivo si ella quiere.

Consuelo no tiene hijos y éste será su primer aborto. Es casi el perfil típico de la mayoría de mujeres que recurren a una IVE en España según las últimas estadísticas publicadas por el Ministerio de Sanidad y Consumo. De las 91.664 mujeres que en 2005 decidieron interrumpir un embarazo, la mayoría eran solteras, no tenían chicos, trabajaban en relación de dependencia y tenían un nivel medio de estudios. El 44 por ciento tenía menos de 25 años. Para el 77 por ciento era la primera vez que pasaba por una IVE y en el 59 por ciento de los casos no habían ido previamente a un servicio de planificación familiar. Como Consuelo. Tiene hasta cuarto año de bachiller y está estudiando “peluquería y estética”. Ni ella ni su novio trabajan.

–¿Por qué quieres interrumpir este embarazo? –le pregunta Cati.

–No estoy preparada para ser madre –dice ella con voz bajita.

–¿No tienes suficiente madurez? –insiste Cati.

–No.

La trabajadora social le explica cómo será la intervención.

–¿Tienes alguna duda? –le pregunta. Consuelo responde que no con un movimiento de la cabeza. Cati, entonces, le entrega un formulario con el consentimiento informado para que lo lea atentamente y lo firme. “Muchas mujeres ni siquiera lo leen: directamente firman, como si quisieran que todo pase rápido”, contará luego Cati a Página/12. En Ginegranada tienen copias de consentimiento informado en distintos idiomas además del español por la gran influencia de inmigrantes: en árabe, rumano, ruso, inglés.

Algunos minutos después, Consuelo recibirá una segunda explicación de cómo será la IVE de boca de la ginecóloga del centro médico, Francisca “Paqui” García Gallego, de 51 años, “feminista de toda la vida”, e integrante de una ONG dedicada a trabajar con jóvenes para prevenir la violencia familiar. García Gallego es quien realiza la IVE –con un aspirador eléctrico–, y lo monitorea a través de un ecógrafo. Pero antes de ingresar en el quirófano, Consuelo tiene una entrevista con el psiquiatra del centro médico, quien tras indagarla, certificará –de acuerdo con la ley vigente– que la IVE se encuadra en el supuesto de riesgo para la salud de la mujer –en este caso, la psíquica–, una de las tres situaciones en las que está despenalizado el aborto en España.

Los otros dos supuestos en los que el aborto es legal son cuando el embarazo proviene de una violación y cuando el feto tiene malformaciones físicas o psíquicas graves. Casi todos los abortos (97 por ciento en 2005) se realizan bajo el primer supuesto: indicación terapéutica, generalmente como en el caso de Consuelo, simplemente porque se trata de un embarazo no planificado ni deseado que afecta la psiquis de la mujer, aunque haya algún otro motivo detrás. Por los trámites que requiere una IVE cuando se trata de una malformación fetal o una violación, muchas mujeres optan por acogerse a la indicación terapéutica que les garantiza un acceso más rápido a la intervención, según advierte una reciente investigación sobre el tema publicada por la Coordinadora Estatal de Organizaciones Feministas española.

“Lo que yo intento es que se hagan el aborto con la idea clara. Las que deciden son ellas. La mayoría no tiene dudas. Si vemos que las tienen, las mandamos a su casa a reflexionar. Todas vuelven seguras a los pocos días”, señala el psiquiatra de la clínica.

Antes de realizarse la IVE, la ginecóloga comprueba a través de una ecografía el tiempo del embarazo: 8 semanas. El procedimiento en sí mismo dura apenas algunos minutos. Consuelo pasa luego a una sala de recuperación, donde hay dos camas separadas por una cortina de tela floreada. Al ratito, ya se levanta, y se prepara para irse. Se encuentra con su novio en la sala de espera. El le da la mano y se van juntos. Pasaron menos de dos horas y media desde que ingresaron en el centro médico. El embarazo no deseado ya no existe.

Derecho

El mismo protocolo de atención para una IVE de la clínica de Granada es el que usan todas las clínicas privadas que forman parte de ACAI, la principal entidad que agrupa a los centros médicos acreditados por las autoridades sanitarias para practicar abortos. ACAI reúne a 31 clínicas de 11 comunidades autónomas. En total, en España hay alrededor de setenta instituciones privadas que ofrecen la misma prestación: algunas hasta las primeras 12 semanas de embarazo y otras más allá de ese plazo y hasta la semana 22ª, el límite máximo permitido por la ley. Las estadísticas oficiales muestran que el 97 por ciento de las IVE se realizan en el sector privado. Sólo el 2,9 por ciento de los abortos voluntarios son atendidos en hospitales públicos, un porcentaje que se mantiene estable desde hace años. La razón de semejante disparidad es que muchos médicos, enfermeros y anestesistas del sector público se declaran objetores de conciencia, apunta el ginecólogo argentino Bernardo Acuña, director de Ginegranada. El problema radica en que la objeción de conciencia no está reglamentada y está generalizada en los hospitales públicos. El temor a un juicio como el que se efectuó contra varios profesionales de la salud pública en Pamplona por realizar abortos, a poco de implementarse la normativa, sentó un precedente muy negativo. Y muchos profesionales alegan objeción de conciencia para evitar problemas legales porque la ley española –acuerdan diversas fuentes consultadas– es ambigua y genera inseguridad jurídica a los médicos (ver aparte). De hecho, es raro encontrar a un ginecólogo que practique IVE en el sector privado que no haya tenido que enfrentar en los años posteriores a la puesta en vigencia de la ley un proceso judicial, iniciado por sectores fundamentalistas. Pero en la actualidad las denuncias son escasas y los juicios no prosperan. La ginecóloga García Gallego tuvo cinco denuncias. Todas fueron archivadas. La última se presentó hace dos años: la hizo el novio de una adolescente de 14 años, a la que la médica le había hecho un aborto –con el consentimiento de los padres, como es necesario en el caso de menores de 18 años–. El muchachito después de terminar la relación sentimental con la chica y probablemente en represalia por una demanda que le había hecho la joven por violencia, denunció que el aborto no encuadraba en los causales de no punibilidad. Ex maridos en trámite de divorcio y ex novios abandonados son los nuevos promotores de denuncias por la realización de abortos presuntamente fuera de la norma legal.

Javier Rius, jefe del Servicio de Ginecología del Hospital Marina Alta, de la localidad valenciana de Denia, sobre la costa mediterránea, admite a este diario que la objeción de conciencia es un obstáculo en el sector público para practicar abortos, pero –según su visión– no el único: “Hay un problema de infraestructura. No tenemos espacio en los servicios para brindar la intimidad que requiere la mujer: no podemos inducir un aborto en una sala de partos. En general, en los hospitales se hacen los abortos que tienen que ver con malformaciones”, señala Rius, que además es presidente de la Sociedad Valenciana de Contracepción y Salud Reproductiva.

Acuña, el ginecólogo argentino, dice que nunca tuvo dudas en relación con la práctica de abortos. Hizo miles entre 1992 y 2005. Ahora ya está retirado y solo dirige la clínica de Granada y supervisa otra de su propiedad, también ginecológica, en Almería, a unos 170 kilómetros al norte de Granada, sobre la costa del Mediterráneo. “Nunca tuve dudas –afirma Acuña–. Yo hago lo que sé hacer. Es un derecho que tienen las mujeres. Si quieren, lo ejercen.”