Desde la Secretaría de Culto se los acusa de ser un grupo religioso “autoritario” y de hacer “apología del crimen”. Desde la comunidad de fieles, culpan a los funcionarios de discriminarlos por el simple hecho de sostener un culto minoritario. Lo cierto es que en los últimos días, la Dirección de Culto, dependiente de la Secretaría, elevó un pedido inédito a la Justicia: que The Nichiren Shoshu, una secta budista de origen japonés instalado en el país en la década del ‘60, pierda el permiso de funcionar como tal, ya que no habría cumplido con ciertas exigencias formales como presentar el detalle de las actividades realizadas en el año. En el fondo, sin embargo, la solicitud se origina en los comentarios poco felices publicados en una revista de los budistas, en la que se atribuyen los atentados del 11 de setiembre contra las Torres Gemelas a cuestiones de “justicia divina”. El caso, iniciado en 1998, está virtualmente paralizado por una medida cautelar impulsada por los abogados del grupo religioso.
“Existió una calumniosa campaña para infamar a nuestra institución. Todo esto coarta las libertades esenciales de los fieles y de los habitantes que quieran recibir enseñanza o expresar creencias religiosas bajo el amparo de la Constitución Nacional”, aseguraban los representantes de las casi 400 familias que en la Argentina integran la comunidad religiosa en una solicitada publicada en distintos medios gráficos, en diciembre del ‘98. El 2 de febrero de ese año, Angel Centeno, a la cabeza de la Secretaría, había cancelado la inscripción de The Nichiren Shoshu al emitir una resolución en la cual se les achacaba a los creyentes mantener posiciones autoritarias y totalitarias.
“La denuncia se basaba en que la gente de The Nichiren Shoshu tenía problemas con la Iglesia Católica y el Islam, además de los vecinos del templo –ubicado en Carabobo 257, del barrio de Flores–, por ciertos comentarios religiosos intolerantes y ataques en una publicación oficial”, explicó a Página/12 Alfredo Silletta, periodista y presidente de la Fundación Argentina para el Estudio de las Sectas (Fapes).
En las frases citadas por los querellantes, el grupo habría declarado que “todas las demás enseñanzas (religiosas) deberán ser arrasadas” y que la madre Teresa de Calcuta, más que ayudar a los pobres de la India, era “un demonio que conduce a la gente al infierno en ésta y en la próxima existencia”. Ambas afirmaciones eran citas textuales de la revista EMYO (Sabiduría infinita), perteneciente al culto budista, pero que el grupo niega como publicación oficial.
En diálogo con este diario, voceros de la secta religiosa –entendida así por constituir una corriente autónoma dentro del budismo– aseguraron que las acusaciones de la Secretaría de Culto son “falsas” y que “se oponen por completo al respeto por el otro y el sentimiento de paz con que se manejan tanto los sacerdotes como los laicos de la comunidad”. Ya en la solicitada, los acusados habían argumentado que las declaraciones cuestionadas eran “expresiones personales y aisladas de un sacerdote” del grupo que se habían generalizado en forma “arbitraria” y “sugestivamente excesiva”.
Las posiciones encontradas se hicieron un lugar en el juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal Nº 7 a cargo de la jueza María Cristina Carrión de Lorenzo, quien dictó una medida cautelar en favor del grupo para que pueda seguir funcionando hasta tanto haya sentencia definitiva.
Ahora, pasados más de cuatro años del inicio del conflicto, nuevos comentarios –tampoco reconocidos como propios por los religiosos– volvieron a levantar polvareda. En este caso, el artículo, publicado en la misma revista, se refería al ataque contra el World Trade Center de Nueva York: “El atentado es un merecido castigo como producto de la Gran Calumnia, debido a la furia de los Dioses Celestiales, ya que efectivamente Estados Unidos es una tierra habitada por calumniadores”, dijeron los budistas en correcto japonés. Sin embargo, la excusa de la Secretaría de Culto para pedir que se revoque la medida cautelar consisteen el aparente incumplimiento del grupo con la normativa vigente, que obliga a las iglesias diferentes de la Católica a presentar informes sobre sus actividades y situación económica.
Según pudo saber este diario, la causa se encuentra abierta a prueba. Más allá de las sugerencias de los funcionarios, en el juzgado de Carrión no se recibieron nuevas denuncias ni pedidos formales para dejar sin efecto la medida. En caso de quedar fuera de la inscripción, la secta no tendría prohibido llevar a cabo sus actividades de culto en ámbitos privados, aunque sí se vería vedada de realizar ceremonias y liturgias en lugares públicos, tal como lo hace en algunas ciudades del interior del país. Además, y tal vez lo más importante, no podría contar con los beneficios impositivos otorgados a todos los grupos religiosos inscriptos, que incluyen desde exenciones al pago de impuestos municipales hasta la importación de productos especiales a precios de preferencia.
Producción: Darío Nudler.