Hay una tendencia mundial hacia la liberalización de las leyes que restringen el aborto: ésta fue una de las principales conclusiones de la primera Conferencia Global sobre acceso al Aborto Seguro, que finalizó ayer en esta ciudad. En los últimos 12 años, 17 países ampliaron las circunstancias en las que se permite la interrupción voluntaria del embarazo –la mayoría en Africa, uno solo en Latinoamérica, Colombia– y sólo seis endurecieron sus legislaciones, entre ellos Nicaragua, que prohibió incluso el aborto en casos de peligro grave para la vida de la mujer. “La muerte de mujeres por abortos realizados en condiciones de riesgo es una violación grave de los derechos de las mujeres en el mundo”, señaló Elizabeth Maguire, presidenta de IPAS, una de las ONG organizadoras del encuentro, con sede en Estados Unidos y presencia en más de una docena de países de Africa, Asia y Latinoamérica, donde trabaja en la promoción de la salud reproductiva y el acceso al aborto seguro.

La conferencia tuvo más de setecientos participantes de setenta países, de los cinco continentes, entre especialistas provenientes del campo de la medicina, abogados, activistas por el derecho al aborto, científicos, funcionarios públicos y de organismos internacionales. Durante dos días debatieron e intercambiaron experiencias exclusivamente sobre el aborto: las barreras que obstaculizan su acceso aun en los países con normativas más liberales, los avances en uso de medicamentos como el misoprostol para interrumpir una gestación, estrategias para ampliar los límites de las leyes restrictivas y las últimas reformas en materia legislativa, entre otros temas.

–¿Por qué se planeó esta conferencia en este momento? –le preguntó Página/12 a Maguire.

–Ya era hora. Hemos esperado mucho tiempo para organizarla. Cuarenta años exactamente. En 1967, el mismo año en que Gran Bretaña legalizó el aborto, la Asamblea Mundial de Salud identificó por primera vez el aborto en condiciones de riesgo como un serio problema de salud pública. Cuarenta años atrás, aun con información limitada, líderes mundiales y expertos en salud vieron el impacto devastador del aborto inseguro en la salud y la vida de jóvenes mujeres y sus familias. Pero hicimos muy poco sobre eso. Desde mediados de los ’90, alrededor de un millón de mujeres murieron y más de 50 millones han sufrido lesiones y han tenido que ser hospitalizadas. La gran mayoría son pobres. Ellas mueren y quedan con lesiones sólo por falta de acceso a un aborto seguro, un procedimiento médico que es accesible para muchísimas otras mujeres en el mundo. Esta es una violación grave de derechos humanos básicos. Se tiene el conocimiento y la tecnología para evitar esas muertes. Falta convencer a los líderes políticos de que hay que salvar la vida de las mujeres y que se deben destinar fondos en esa dirección –explicó Maguire, apasionada por el tema: demógrafa, graduada en la Universidad de Georgetown, lleva más de 35 años trabajando en la promoción de los derechos reproductivos en Africa, Medio Oriente, Latinoamérica y Asia.

Desde la Conferencia Internacional de la Mujer de Beijing en 1995, 17 países modificaron sus leyes para ampliar el acceso al aborto. La última reforma ocurrió en México, seis meses atrás, aunque sólo tiene alcance sobre el Distrito Federal. En contraposición, seis naciones impusieron mayores restricciones para la práctica de abortos en los últimos 12 años.

“La tendencia mundial es hacia la liberalización de las leyes, pero el marco legal no es suficiente para garantizar el acceso al aborto seguro: hay otras barreras como la incertidumbre legal para los médicos que debe ser resuelta con guías claras de atención, elaboradas por las autoridades gubernamentales de salud”, consideró la canadiense Joanna Erdman, codirectora del Programa Legal en Salud Sexual y Reproductiva de la Universidad de Toronto. En ese sentido, el director del Departamento de Salud Reproductiva e Investigación de la Organización Mundial de la Salud, Paul Van Look, al ser consultado por Página/12, opinó que en un contexto como el argentino, con restricciones para el aborto, el gobierno “tiene la obligación de proveer buenos servicios de anticoncepción y garantizar el acceso al aborto en hospitales públicos en los casos que no están penalizados”.