Las inmobiliarias ya no podrán ofrecer alegremente propiedades en alquiler o en venta alterando la geografía de la ciudad según su conveniencia o creando nuevos barrios por puras razones de marketing, como ha ocurrido el caso de Palermo Queen, como se intentó bautizar a la zona mejor cotizada de Villa Crespo. La Dirección de Defensa y Protección al Consumidor del gobierno porteño imputó por “publicidad engañosa” a catorce inmobiliarias de la ciudad, después de detectar que habían publicado avisos clasificados promocionando propiedades en determinados barrios, cuando en realidad están ubicadas en otros. Las empresas podrían ser sancionadas con multas desde los 100 a los 500.000 pesos.

“Las actuaciones se iniciaron de oficio, después de la polémica que se generó cuando una inmobiliaria bautizó un sector de Villa Crespo como Palermo Queen, una zona con mayor cotización de las propiedades”, explicó a Página/12 el director de Defensa y Protección del Consumidor, Rolando Berón. Sobre dieciséis comercios investigados, catorce resultaron estar en infracción y en sólo dos se detectó que lo publicitado coincidía con las referencias geográficas establecidas por ley.

A las inmobiliarias se les imputa la infracción al artículo 9 de la Ley 22.802 de Lealtad Comercial, que prohíbe toda publicidad “que mediante inexactitudes u ocultamientos” pueda inducir a error, engaño o confusión sobre las características, propiedades o condiciones de comercialización de bienes inmuebles. Todo empezó cuando vecinos de Villa Crespo protestaron porque una inmobiliaria de la zona (Shenk) promocionaba el barrio como Palermo Queen.

La investigación se realizó a partir de los avisos clasificados que grandes inmobiliarias hicieron en un diario de circulación masiva durante cuatro días de septiembre. Por ejemplo, una de ellas ofrecía un departamento en Muñiz y Carlos Calvo, ubicado en Boedo pero publicitado como situado en Caballito. Otras cuatro ponen a la venta propiedades en Corrientes al 5000, Castillo al 900, Velazco al 900 o Loyola al 700 como pertenecientes a Palermo, cuando en realidad pertenecen a Villa Crespo.

Para hacer el relevamiento, se tuvieron en cuenta los límites barriales definidos por la ley 1777, que crea las de comunas. El problema puede aparecer cuando la inmobiliaria promociona propiedades en barrios que no existen en el nomenclador oficial (por ejemplo, el Abasto, que en gran parte pertenece a Almagro; o Barrio Norte, que puede ser Recoleta o San Nicolás).

“En ese caso, la inmobiliaria debería poner el nombre real en negrita y luego, entre paréntesis, utilizar el nomenclador del negocio inmobiliario. Por ejemplo: Almagro en negrita y luego aclarar, ente paréntesis, que está en el Abasto”, dijo Berón.

–¿Podrían argumentar las inmobiliarias que hay muchas zonas grises o que existen lugares donde no está claro a qué barrio pertenecen? –preguntó este diario.

–Sí, pero la ley (22.802) es muy clara, porque prohíbe la realización de cualquier clase de presentación, de publicidad o propaganda que mediante inexactitudes u ocultamientos pueda inducir a error, engaño o confusión respecto de las características o propiedades, precio o condiciones de comercialización de bienes muebles o inmuebles –respondió Berón.

“No es una medida en contra de las inmobiliarias –aclaró el funcionario–. Se trata de generar una situación de respeto hacia los potenciales clientes, dando la información correcta de manera evitar que una eventual distorsión tenga efecto sobre los precios.”

Las empresas imputadas tienen diez días para efectuar su defensa y, de ser sancionadas, la multa que les correspondería va de 100 a 500.000 pesos. Fuentes de la Dirección de Defensa del Consumidor estiman que la sanción estará lejos de ser la máxima, ya que no se trata de empresas reincidentes, pero tampoco estará cerca de ser la mínima, pues se trata de empresas de envergadura, que manejan negocios por grandes sumas de dinero.