Los abogados de los 16 imputados en el doble crimen de La Dársena –son diez en total– funcionaron ayer como un ejército organizado con el propósito de embarrar la cancha. En la apertura de la audiencia hicieron una encendida defensa de la libertad de expresión y le pidieron al tribunal que revea su decisión de no dejar tomar imágenes del debate a los medios televisivos. La intención puede parecer noble, pero las defensas, como quedó claro, intentaron demostrar que con la censura a la transmisión en vivo se atenta contra la defensa en juicio. El segundo objetivo fue más ambicioso y el tribunal lo resolverá hoy: las defensas quieren sacar del juicio a los abogados querellantes que representan a las familias de las dos jóvenes asesinadas, Leyla Bshier Nazar y Patricia Villalba. El argumento esgrimido es que la figura del “particular damnificado”, que permite a las familias actuar como querellantes, fue incorporado a la legislación local después del doble crimen, ocurrido a comienzos de 2003, lo que habilitaría a que se aplique sólo en casos ocurridos después de esa fecha y no hacia atrás.

“Nosotros rechazamos ese planteo por extemporáneo. Las partes querellantes fueron admitidas en la causa hace más de tres años. El argumento esgrimido por ellos no tiene ningún fundamento, porque dicen que cada defensor está individualmente en inferioridad numérica frente a la fiscalía y a la querella”, comentó a Página/12 el abogado Miguel Cevallos, que representa a la familia Villalba. “No hay tal inferioridad y menos en Santiago del Estero, donde el querellante no tiene la posibilidad de pedir condenas. La legislación más moderna en la materia, introducida por la actual Corte Suprema nacional, es la de hacer posible que la querella pida condenas y pueda ser escuchada por el tribunal. Eso no es posible en la provincia, de manera que el planteo de los defensores es abstracto.”

La voz cantante, en los dos reclamos, la tuvieron los abogados César Barrojo, defensor de los imputados José Llugdar, Javier Juárez y Diego Sonzogni, y Miguel Angel Torres, quien representa a Musita Antonio Azar Cejas –hijo del comisario retirado Musa Azar–, Damián Silvero, Marta Noemí Cejas y Eduardo Abdala. “Nuestros defendidos, en la etapa de instrucción, que debería ser secreta, fueron sometidos al escarnio público con la difusión del testimonio de quienes los acusaban y ahora, en el proceso oral y público, van a exponer su descargo ante veinte personas y sin posibilidad de difusión masiva”, dijo Barrojo al pedirle al tribunal que permita la transmisión en vivo de las imágenes y el audio del debate que se prolongará hasta marzo del año que viene.

En este punto lograron un pequeño triunfo, dado que los jueces habilitaron a la TV para que ingrese a la sala adjunta, donde tiene acceso el periodismo, que sólo puede seguir las instancias del juicio por una pantalla de circuito cerrado. Igual, las imágenes que se pueden tomar de allí son pobres y en lo único en que se avanzó es en que los canales y los medios radiales pueden transmitir en vivo el audio y los demás periodistas grabar la sesión, algo que también estaba vedado.

El segundo planteo, destinado a sacar del medio a los abogados de la parte querellante, recién será resuelto por los jueces en la apertura de la sesión de hoy. De todos modos, luego seguirán nuevos pedidos de nulidades, por parte de la defensa, que seguirá “fiel a su estrategia de ensuciar la cancha”, opinaron los letrados querellantes consultados por este diario.