La Primavera es un barrio de José C. Paz con algo más de diez mil habitantes y con datos como los de cualquier distrito del conurbano: un 60 por ciento de la gente está desocupada y entre el resto, un 30 por ciento se sostiene con planes sociales del Estado. Los que trabajan, en tanto, son principalmente obreros y empleadas domésticas: desde diciembre sólo tienen empleo dos o tres veces por semana. En ese barrio los vecinos ensayaron un cambio. Pagaban 1,75 de colectivo para ir al hospital más cercano o un peso para llegar a la terminal de trenes. En mayo decidieron organizar una colectivo comunitario: pusieron cuatro micros, lanzaron un boleto social y habilitaron el trueque como moneda de cambio en los pasajes. No imaginaban las consecuencias: “Me tiraron encima las ruedas de un camión”, contará uno de ellos más tarde. Esa amenaza fue sólo uno de los problemas con los que se enfrentaron. La vida del colectivo incluyó amenazas, piquetes, incendios y, ahora una discutida prohibición municipal para seguir andando.
La historia del colectivo de José C. Paz tiene apenas tres meses. En este tiempo los vecinos repusieron un viejo micro de los sesenta, rearmaron otro y se hicieron expertos en distintos frentes: aprendieron a cortar boletos, a conseguir clientes, y a defenderse. La iniciativa irritó a las empresas de transporte tradicionales. Los micros se encontraron miguelitos en las calles, se enfrentaron con la Gendarmería y llevaron adelante todo tipo de negociaciones con el poder político de la ciudad.
–No lo podemos creer –dice una de las mujeres del barrio–: todavía no entendemos por qué nos persiguen tanto. ¿Todo este esfuerzo de producción para qué? A ver, ¿para qué? ¿Puede ser sólo porque a un barrio loco se le ocurre poner unos colectivos?
Para quienes están interesados en detenerlos, La Primavera no es sólo un “barrio loco”. Es un emergente social con la capacidad de replicarse. “Acá tienen miedo de que la idea se contagie, eso es lo que pasa –especula Luis Bordón, uno de los vecinos de la zona–. Imaginate: ¿Qué pasaría si los otros cien barrios del conurbano hacen lo mismo?”
Y eso puede ocurrir en el corto plazo. En estos dos meses, la gente de La Primavera conoció los primeros indicios de esa réplica. Por la oficina de los colectiveros sociales aparecieron vecinos de otros tres barrios vecinos: San Atilio, La Paz y San Luis. Todos están en José C. Paz, todos tienen los mismos problemas. Lo contaron los que pasaron por ahí en busca de consejos para comenzar con iniciativas semejantes.

El proyecto
El proyecto para instalar el boleto social en el barrio comenzó, en realidad, hace dos años inspirado en el Colmenar, un antecedente que existe en Moreno desde hace una década. En José C. Paz la idea partió de un grupo de vecinos comprometidos con el desarrollo del barrio. Estaban disconformes con el servicio de las dos únicas líneas que llegaban hasta allí: la 315 y la 440. Las dos entraban al barrio y terminaban el recorrido cuatro kilómetros después, en la estación de trenes de José C. Paz. Pero para la gente esa extensión no servía.
Necesitaban algo directo hasta, por ejemplo, el Hospital Mercante, un centro de salud ubicado dos kilómetros después de la estación. Sin la prolongación de alguna de las líneas, estaban obligados a tomar dos colectivos: uno hasta la terminal y a continuación el siguiente hasta el hospital. El costo de los pasajes era demasiado: 1,40 de ida, y otra vez un boleto igual para la vuelta.
Al ese problema se sumó uno nuevo el año pasado: el aumento de las tarifas en los servicios públicos y un cambio de secciones dispuesto de facto por las compañías del barrio. “En lugar de cobrarnos 75 centavos por el boleto –explica uno de los vecinos–, nos empezaron a cobrar un pesopara llevarnos a la terminal.” El vecino es Rubén Becerra, el hombre que meses después sería presidente de la mutual de los colectivos.
Aquel aumento, con el tiempo se transformó en una pesadilla para las empresas de colectivos. El barrio no tenía intención de pagar la nueva tarifa. Para obligarlos, las empresas le pidieron una colaboración a la seccional del barrio. Desde ese momento, todos los días en la parada donde cambiaba la sección se instalaba un patrullero. “El aumento no te lo avisaba el chofer, te enterabas porque te ponían un patrullero en la parada”, dice ahora Mónica Mendoza, otra vecina integrada al proyecto.
Para revertir esa situación, la gente pasó dos años enviando escritos y programando reuniones con las empresas, gremialistas y con la Dirección de Tránsito de la comuna. En cada encuentro exigían lo mismo: la extensión de una línea y la reducción de la tarifa.
La paciencia terminó el 10 de enero de este año. Ese día escribieron el último petitorio. Como no hubo respuesta, empezaron a programar las alternativas: “Esto salió de las asambleas”, dice Becerra convencido de que el proyecto es uno de los efectos disparados por el fenómeno cacerolero que, por entonces, se extendía en todo el país. “Acá –insiste- se trabajó abajo de los árboles, en la calle durante bastante tiempo: ¡No somos diez boludos que un día se levantaron y dijeron ¿por qué no ponemos una empresa de colectivos?!”
Para entonces, el barrio ya sentía los efectos de la crisis y la recesión de los dos últimos años. Al cúmulo de familias con dificultades económicas, se integró un puñado de nuevos desocupados que provenían de las automotrices de la zona. Esas industrias integran un pequeño polo industrial donde conviven fábricas metalúrgicas. Todo ese complejo había dado vida y trabajo a la estructura del barrio. En noviembre todo cambió. Varios galpones se cerraron y en otros se redujo drásticamente el tiempo de trabajo.
En este escenario, en mayo aún había un 40 por ciento de usuarios potenciales para el colectivo.
–¿El resto del barrio no sale?
–El resto –dice Mónica Mendoza–, el resto camina o anda en bicicleta: Potosí es una peregrinación todas las mañanas.
Potosí es la calle más céntrica, y la única asfaltada. Los peregrinos son una parte del 40 por ciento de las familias que aún tienen trabajo. Los datos se conocieron con una encuesta que la asamblea lanzó en el barrio. La encuesta fue central: en dos semanas recogieron la opinión de unos tres mil vecinos y lograron asociar a 3500. Ese plafón era una garantía en varios sentidos. Por un lado les permitía organizarse como mutual para trabajar, y por otro, involucraban al resto de la gente en un proyecto colectivo.

1º de mayo: la primera salida
Siempre supieron que nadie les iba a dar permiso para trabajar como una línea común de colectivo. Para resolverlo, organizaron una mutual. Ese status legal les permitía prestar servicio de transporte privado: sólo para los socios.
El primer micro salió de una punta del barrio el 1º de mayo a las 4 de la mañana: sólo eso ya era una pequeña revolución. Hacía años que no había colectivos tan temprano. Las dos líneas viejas habían cancelado los servicios nocturnos por, decían, “cuestiones de seguridad”.
El esmero siguió casi hasta la obsesión: “No entendíamos nada –cuenta Becerra–: ni siquiera sabíamos cómo organizarnos con las vueltas”. Lo aprendieron. Y además generaron más puestos de trabajo sobre los micros: pusieron a tres personas abordo. Además de un chofer, allí viaja un “boletero” y alguien todavía más extraño: un “vocero”. Esa figura tiene una tarea capital: el vocero es el encargado de promocionar a la mutual,los servicios y, como en los pueblos chicos, de transmitir las últimas noticias del barrio.
Las dificultades fueron siempre demasiadas, incluso tuvieron que resolver las cuestiones del asfalto: “Ocho camiones de cascote pusimos en un pozo, y te digo más –dice una mujer–: el pozo era tan grande que terminó tragándose al camión, estuvimos cuatro horas para sacarlo”. El asfalto fue un tema pequeño frente a los que siguieron. Las amenazas, las presiones y los operativos relámpago de la policía los obligó a idear un sistema de alertas con las bocinas. Eso mismo hicieron hace unos días, cuando declararon estado de emergencia. Fue el 31 de julio, el jueves negro: encontraron un micro quemado y horas después la Dirección de Tránsito de José C. Paz los obligaba a suspender el servicio.

Las amenazas
Los micros tienen un invento: un boleto social de treinta centavos. La mutual otorga descuentos para jubilados, maestros, desocupados y estudiantes de todos los niveles, desde primarios hasta universitarios. Al poco tiempo, también dieron pases libres estimulados por la filosofía del club del trueque. “Como mutualistas –dice Mónica nuevamente– partimos de una idea: estamos seguros de que todos podemos mutuamente ayudarnos.” Una vecina del barrio puede viajar si, por ejemplo, el domingo a la tarde ayuda en el comedor social.
En dos meses la venta de boletos se disparó. Por día cortaban 1200 boletos. Un 30 por ciento eran tarifas con descuento. Los socios también se multiplicaron: en dos meses pasaron de 3500 socios a 5500.
El crecimiento existió en todos los sentidos: no sólo aumentaron las adhesiones sino además la intensidad de las presiones. Desde los primeros tiempos, en La Primavera sabían lo que vendría.
Unos quince días antes de la primera salida, una de las dos líneas de colectivos dejó de entrar al barrio. La gerencia de la línea 440 no dio explicaciones, ni los motivos. Dejaron de pasar durante un mes entero, cuando La Primavera largó con su servicio, ellos no lo soportaron y volvieron a la calle.
Ese fue el primero de los tres hechos más graves. El segundo fue la explosión de un micro dentro del taller donde estaban terminando de armarlo para sacarlo a la calle. Era el cuarto micro, le prendieron fuego durante la madrugada y a las horas estaba desintegrado. “Nos quedamos tan angustiados pero tanto que ni siquiera pensamos en sacarle las fotos: no pudimos movernos.”
Los otros tres colectivos siguieron adelante por unos días. El 31 de julio pasado llegó la estocada final. Un grupo de gendarmes rodeó a la gente y a un micro que estaba detenido sobre una rotonda en la Ruta 197. El vocero del operativo aseguraba que tenía una orden de la Municipalidad para llevarse el colectivo. El chofer no se bajó, y tampoco lo hicieron los pasajeros. Hubo forcejeos, golpes de cachiporra, entrevistas urgentes con el intendente de la comuna y hasta un cordón de seguridad: “Hacé de cuenta que estábamos sitiados –dice una mujer–, las empresas pusieron todos sus colectivos alrededor del barrio”.
La gente esperó, aguantó las primeras horas y decidió plantarse sobre la Ruta 197, frente al supermercado Coto. Intentaron poner una carpa y dos horas después obtuvieron una pequeña victoria: el cerco policial se levantó cuando llegaron las cámaras de la tele. Eso les permitió al menos salvar el micro. Lo llevaron al barrio y lo guardaron. Ahora los tres colectivos están parados, ellos intentan volverlos a sacar.