Una inédita autoconvocatoria en favor de las recetas de medicamentos por nombre genérico reunió ayer a más de ochenta instituciones. Fue el acto más importante hasta la fecha en la dirección de fijar como política de Estado esta forma de prescripción, que facilita la elección según precio entre distintas marcas. La mayoría de las organizaciones de consumidores, las confederaciones médica y farmacéutica, todas las centrales gremiales, la Cruz Roja, la Iglesia Católica, los sanatorios y hospitales de colectividades y las facultades de Medicina y Farmacia se pronunciaron contra una presentación de una entidad de consumidores, que había solicitado a un juez la suspensión del decreto –resistido por las empresas farmacéuticas– que ordena recetar de esta manera. El encuentro sirvió también para que representantes de jubilados y la defensora del Pueblo revelaran “denuncias de gente a quien la prepaga no le acepta la receta por genéricos, o el médico se niega a esa prescripción”. Legisladores de varios partidos anticiparon que, en la sesión de mañana, darán fuerza de ley a la receta por genérico.
La Asociación de Defensa de los Consumidores y Usuarios de la Argentina (Adecua) solicitó al juez en lo Contencioso Administrativo Martín Silva Garretón que suspenda “preventivamente” el decreto 486/02 y las resoluciones 163/02 y 326/02, que requieren la prescripción de medicamentos por su nombre genérico. Según la entidad, “se ha producido en la venta de medicamentos una suerte de libre albedrío que pone en peligro la salud de la población”. Adecua denunció “una falta total de control en las farmacias, la venta de medicamentos sin receta, la sustitución por remedios más baratos pero sin ningún control”. Sandra González, presidenta de Adecua, afirmó a este diario que “fuimos a distintas farmacias con un escribano público y en ninguna nos atendió el farmacéutico; y nadie firma en la parte posterior de la receta como dice la resolución ministerial”.
Pocas horas después de conocerse la presentación, representantes de más de ochenta entidades se reunieron en el Ministerio de Salud para “instrumentar acciones para evitar la suspensión de la normativa de prescripción por nombre genérico, que aconseja la Organización Mundial de la Salud; rechazar presiones, lobbies y operaciones de prensa que pretenden confundir a la población; reconocer los esfuerzos que junto a la autoridad sanitaria realizan las entidades profesionales para garantizar la calidad de los fármacos, cada vez que se denuncian irregularidades”.
Entre las entidades están la Confederación Médica (COMRA) y la Confederación Farmacéutica (COFA) de la Argentina, la Asociación de Facultades de Medicina de la Argentina (Afacimera), la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la UBA; la Asociación de Clínicas, Hospitales Privados y Sanatorios de la Argentina; la Asociación de Entidades Médicas Prepagas; la CGT oficial, la CGT disidente y la CTA; y la Pastoral Social del Arzobispado de Buenos Aires.
Aldo Giusti, secretario de la COMRA, señaló que “los médicos no tenemos ninguna objeción a la prescripción por genéricos, ya que se trata de las marcas que ya existían en el mercado; sólo cambia la manera de hacer la receta y el resultado es abaratar los medicamentos”. Francisco Díaz, presidente de la Federación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales Privados, señaló que “venimos usando genéricos desde hace más de 20 años, ya que sus controles de calidad son exactamente los mismos”. También Carlos Tossi, vicepresidente de la Asociación de Hospitales de Colectividades y director del Hospital Francés, observó que “hace muchísimos años usamos los genéricos sin ningún problema”. Patricia Vaca Narvaja, de Consumidores Argentinos, presentó un documento firmado por ocho entidades señalando que “la prescripción por nombre genérico debe ser una política de Estado”.
El foro sirvió para que, al revés, se escucharan críticas, no contra la prescripción por genéricos sino contra su insuficiente aplicación. Dora Mouzo, representante de una federación de jubilados, observó que “muchasveces en las farmacias nos dicen que no tienen o nos muestran otra marca más cara”. Alicia Oliveira, defensora del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, advirtió que “recibimos muchas denuncias de personas a quienes su obra social o prepaga no les acepta la receta por genérico, o incluso el médico no quiere hacerla”.
Legisladores del justicialismo, el radicalismo, el ARI y el Frepaso participaron para destacar la prescripción por genéricos como “política de Estado”. El diputado y ex ministro de Salud Aldo Neri añadió “la necesidad de avanzar en la regulación de los medicamentos: el truchaje es un riesgo, aunque la política de genéricos no lo favorece”. La diputada Silvia Martínez anticipó que “el miércoles se convertirá en ley el proyecto de prescripción por genéricos”, que ya tiene la media sanción del Senado.