A punto de tratarse en el Senado la baja de la edad de imputabilidad para menores, ayer la mayoría de los diputados de las comisiones de Legislación Penal y de Minoridad repudiaron, junto a cinco especialistas invitados, el camino de la mano dura que siguen los legisladores, incluso de sus mismos partidos, en la Cámara alta. En una sala de reuniones donde hacía mucho que no se veía tanto diputado presente, el presidente de la Asociación Argentina de Magistrados de la Justicia de Menores, Jorge Gallardo, leyó un comunicado en el que “ante el inminente tratamiento” del proyecto, los jueces manifiestan su “honda preocupación” y advierten que “la reducción de la edad de punibilidad no resolverá sino que agravará el problema”. Emilio García Méndez, profesor asociado de Criminología de la UBA y consultor de Unicef, reveló cifras de un estudio sobre la cantidad de chicos encerrados en la Argentina. Sólo en la provincia de Buenos Aires, dijo, se priva de su libertad a 65 niños cada cien mil; una cifra únicamente inferior a la que se registra en Honduras, y la segunda más alta de Latinoamérica. Este tipo de datos indica el carácter extremadamente duro del brutal régimen tutelar que rige en el país.
Hace tres semanas que legisladores y asesores que trabajan en relación con la situación jurídica de los chicos con menos de 18 años están con el pie en el acelerador o para sacar adelante proyectos, o para frenarlos o para morigerarlos. Sucede que una movida estratégica, cuya mano visible fue el senador Eduardo Menem, dejó al resto de los legisladores –no sólo del Senado, sino también de Diputados– a expensas de ese impulso súbito que la derecha le dio al tema. Menem, casi terminada la sesión del 8 de agosto, levantó la mano y pidió como medida de preferencia el tratamiento de su proyecto de bajar la edad de imputabilidad para ingresar tempranamente en el régimen de adultos a los adolescentes desde los 14 años. Montado en la sensación de inseguridad que busca hacer temblar al ministro de Seguridad bonaerense, Juan Pablo Cafiero, Menem dio cinco pasos adelante en la discusión sobre el conflicto que representan los menores: puso al resto del Senado a buscar una alternativa “no tan mala”.
Surgió así el proyecto del senador radical Jorge Agúndez, que ayer fue duramente criticado por varios de sus pares radicales de Diputados. La rionegrina Marta Milesi no necesitó levantar la voz para vituperar el proyecto de su correligionario puntano: “Va a ser un engendro. Cuando llegue a Diputados vamos a trabarlo para que no salga”, dijo tras enumerar las zancadillas políticas que otros radicales y los peronistas de derecha le han hecho a la Ley de Protección Integral de los Derechos de la Infancia en la Cámara alta. Milesi es una de las tres diputadas que presentaron leyes de responsabilidad penal para menores. “Con un régimen de responsabilidad penal de menores no habría una cantidad tan terrible de chicos mal presos, que si fueran adultos con un hábeas corpus los liberarían”, planteó Laura Mussa.
El concepto de responsabilidad es una de las diferencias fundamentales entre los 20 proyectos presentados en Diputados y los cuatro que hay en el Senado. Lo que los especialistas que ayer compartieron la mesa con los legisladores fundamentaron fue la necesidad de una ley que cree una Justicia de menores en la que los chicos tengan derecho a la defensa, a un proceso justo y a tratamientos especiales acordes a su edad. Esto es reconocer la necesidad de terminar con el sistema de minoridad tutelar e internativo existente. Y esto no termina de ser asumido por el duhaldismo y algunos radicales de las dos comisiones reunidas ayer.
La psicóloga Eva Giberti comenzó aclarando que lo suyo es el trabajo con chicos institucionalizados y no el derecho. Por eso sus palabras quizás fueron de las más provocadoras de la jornada. Recordó a un chico que en la década del 60 y a otro que en 2002 le dijeron lo mismo en una entrevista: “Ustedes no saben qué hacer con nosotros”. Para cuando Giberti habló, ya había hecho un disección teórica sobre el fondo de una ley deresponsabilidad penal juvenil el jurista Emilio García Méndez. “Esta sociedad quiere interpretar al otro como loco o como enemigo, no como responsable”, dijo. El experto, quien ha sido consultor para América latina de Unicef, reveló algunas cifras que surgen de un estudio realizado por el CELS y la UBA. En la provincia de Buenos Aires, a octubre de 2001, había 8195 menores privados de su libertad: el 81 por ciento por causas asistenciales –desde el abandono paterno hasta la pobreza extrema- - y el restante 19 por causas penales. “El 85 por ciento de estos chicos, con el código de adultos hubieran salido en libertad”, aseguró García. Giberti se permitió concluir con dureza: “Si como dice García Méndez seguimos teniendo la peor legislación posible y los chicos padecen esto, entonces nosotros somos victimarios de los chicos”. En las filas de oyentes y asesores hubo risas nerviosas.