Si bien el capitán del crucero “Explorer” declaró que al chocar el navío contra un iceberg en la Antártida creyó que se trataba de “una ballena”, el posible impacto ambiental del siniestro tiene un peso mucho mayor al del cetáceo: 185 mil litros de combustible están contenidos en el tanque del “Explorer”, que yace a mil metros de profundidad, recibiendo una presión que podría provocar una fuga. Así lo advirtió la Secretaría de Medio Ambiente, que junto con autoridades del Ministerio de Defensa y de Cancillería sobrevolaron el área y percibieron “una mancha de 5 kilómetros de diámetro” de diésel derramado por el impacto. En tanto que los pasajeros y la tripulación del crucero turístico liberiano fueron rescatados y llevados a Punta Arenas, en el sur de Chile, la preocupación mayor subyace el nivel del mar y no hay certezas de qué se hará con ella.

Se trata de las primeras repercusiones ambientales del naufragio ocurrido el viernes en las cercanías de las Islas Shetland del Sur, ya que ayer terminó de hacerse efectivo el salvataje de los 154 pasajeros y tripulantes del “Explorer”. El segundo contingente, con los últimos 77 náufragos, fue trasladado ayer desde la base naval chilena Presidente Eduardo Frei –la más cercana al lugar del accidente– hacia Punta Arenas, una ciudad costera al Estrecho de Magallanes, en el sur de Chile.

En diálogo con Página/12, Juan Pablo Biondi, vocero de la Secretaría de Medio Ambiente, explicó que la preocupación oficial “está dada ahora por el peligro que supone que haya 185 mil litros de combustible contenidos en un barco del que no se sabe si soportará la presión” hídrica que recibe al estar a mil metros de profundidad. En ese sentido, aclaró que Medio Ambiente, Defensa y Cancillería están trabajando junto a equipos científicos para determinar cuál será el futuro del combustible, si es que será extraído, de qué forma, y si corresponde retirar también el navío, ya que “el diésel no es una sustancia tan preocupante como el crudo”.

Por otra parte, la secretaria de Medio Ambiente, Romina Picolotti, aseguró que este caso es “un llamado de alerta sobre lo que ocurre con el incremento del turismo en la región”. A partir de este episodio, el Gobierno aseguró que impondrá límites a la actividad turística en la zona, ya que el protocolo del Tratado Antártico sobre Medio Ambiente declara a la Antártida “reserva natural consagrada a la ciencia”, y fomenta una “especial regulación y control” en la región por tratarse de un ambiente “sumamente frágil”.

Al respecto, Biondi explicó que las tres áreas de Gobierno involucradas en la investigación trabajan con especialistas “la forma de controlar o restringir el turismo”, de acuerdo con los tratados internacionales vigentes. Algunas alternativas que están siendo manejadas por el Gobierno: “Aumentar los controles, capacitar en la navegación en mares antárticos o incorporar expertos en la materia para viajes a la zona antártica”.

“En la Antártida viven mil personas, y en el último año pasaron 30 mil turistas”, precisó Biondi. Por ello es que las restricciones no se limitarían a la navegación sino que se pretendería un mayor control también de la permanencia en la Antártida. Los lineamientos se convendrán en forma intergubernamental entre la Argentina y el resto de los países con competencias en el territorio antártico.