Un grupo de ochenta vecinos de San Telmo resistió ayer un desalojo ordenado por la Justicia, y logró la suspensión de la medida hasta mediados de diciembre, para dar tiempo a que los niños que allí viven terminen el ciclo lectivo. El Ministerio de Derechos Humanos de la Ciudad les ofreció un subsidio de 450 pesos, pero los habitantes lo rechazaron y reclamaron una “solución habitacional real”.

El desalojo fue ordenado por la jueza Patricia Guichandut, del Juzgado Correccional Nº 13 porteño. Pero las dieciséis familias se acuartelaron en el edificio de Bolívar al 684, que ocupan, y argumentaron que “sería traumático para sus hijos no poder terminar las clases en sus escuelas del barrio”, explicó Favio Pirone, director del Servicio de Atención Inmediata de la Ciudad. La solicitud vecinal fue oída por la Justicia, que pospuso el desalojo para después del 14 de diciembre, cuando termine el ciclo lectivo 2007. “La resistencia de los vecinos logró la suspensión momentánea de la medida”, aseguró a Página/12 Jorge Abastos, de la Coordinadora de Inquilinos de Buenos Aires, que firmó un acuerdo para que el edificio se entregue deshabitado en esa fecha. No obstante, admitió que fue “un día duro, porque la policía amenazó con reprimir y la jueza no quería ceder”. A los ocupantes se les ofreció un subsidio-indemnización de 450 pesos, pero lo rechazaron porque esperan “una solución habitacional real”. “¿De qué sirven los 450 pesos viviendo bajo un puente?”, inquirió Abastos.